En México la delincuencia se apropió de la casa —entiéndase, del país—. Fue ocupando la entrada, la sala, la cocina… hasta que llegó a las recámaras y el baño.

No es metáfora. En 2017 en México se cometieron más de 24 mil homicidios según el Secretariado de Seguridad Pública, de ellos más de 15 mil con armas de fuego, eso es una tasa de 25 crímenes por cada 100 mil habitantes por año (aun no están completos los datos finales, pero no variarán considerablemente). No es necesario saber leer estadísticas complejas, estos índices corresponden a países violentos o en guerra interna.

Los sitios donde el Estado y sus ciudadanos mantienen la seguridad pública en condiciones tolerables —porque existen, aunque en México a veces se piense que no— la delincuencia organizada o común entiende que su sitio está en el patio, no dentro de la casa. Su lugar es afuera, en los márgenes, en las esquinas oscuras, arrinconados. Ninguna sociedad es ajena a enfrentar situaciones violentas y agresiones, pero no están generalizadas y menos normalizadas. Existen países completos donde es posible una vida. El sexenio de Enrique Peña Nieto será el más violento de la historia reciente en México, van 118 mil homicidios de 2013 a 2016, casi igualando los 120 mil asesinatos del sexenio de Felipe Calderón, con la diferencia que todavía falta contabilizar el último año de Peña. Es posible que al finalizar el mes de enero o febrero, el sexenio del retorno del PRI rebase en número de asesinatos al de Felipe Calderón.

Dígase lo que se diga en las campañas presidenciales, de gobernadores y alcaldes, México se encuentra envuelto en una violencia que no podrá cortarse de tajo, que en el mejor de los escenarios alcanzará a reducir ese pico violento de una manera gradual, siempre y cuando se sostenga una política de seguridad de largo aliento, consistente, focalizada. El próximo gobierno federal alcanzará una meta si su sexenio no rebasa los 100 mil homicidios, es más, si no rebasa los 120 mil de Calderón será ya una hazaña.

Los homicidios dolosos no son el único indicador para medir si una región, comunidad o país es violento, pero sí es el más llamativo. Si los asesinatos se disparan, entonces cualquier otro delito se considerará de menor impacto.

Ese es el panorama al inicio de 2018. Para mayor desgracia año de contienda electoral concurrente, donde se disputa la presidencia, y es justo cuando los arreglos se descomponen y surgen nuevos. 2018 entonces puede tener un comportamiento igualmente violento que el recién concluido 2017.

La violencia es un laberinto sin salida en México. Hasta ahora. Por más que se diga lo contrario, desde el gobierno saben tanto sobre lo que ocurre como lo demuestran sus resultados, es decir, nada. Están perdidos. Desde la academia tampoco se conocen propuestas que pudieran apuntar a explicarse lo que viene sucediendo en México.

Margen de error

(Los gobernadores) Todo lo anterior aplica exacto para Sinaloa y otras entidades del país, porque son un grupo de estados que en el último cuarto de siglo se mantienen en los primeros lugares en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes y no logran moverse. Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas son consistentes en ese maldito top ten.

Con un año cumplido en el gobierno, Quirino Ordaz Coppel no tiene qué presumir en el tema de la seguridad pública. Como tampoco el panista Corral en Chihuahua, o el perredista Aureoles en Michoacán, el priista Astudillo en Guerrero… y es que a la vuelta de los años y los cambios de gobierno y alternancias, queda claro que no es un asunto de partidos, ni de cambios de régimen, ni de arreglos del pasado y componendas del presente.

Los gobernadores en sus estados están igual que todo México, no saben exactamente por donde transitar para mejorar la seguridad pública. Comprar patrullas y armas, depurar las policías y capacitarlos, especializar a ministerios públicos es insuficiente porque los resultados sexenio tras sexenio siguen siendo los mismos o peores.

Primera cita

(U de O) No hay novedad en el trato preferencial del Congreso estatal a una iniciativa del gobernador en turno. Desde el anuncio de Quirino Ordaz de darle la autonomía a la Universidad de Occidente era previsible que pasara sin trabas por el legislativo, y así va. Ya se leyó la iniciativa y no tardará en dictaminarse.

Para fin de mes el Congreso habrá declarado la Autonomía de la U de O, solo que faltará librar el escollo de los trámites a nivel federal para obtener el estatus que Quirino Ordaz pretende. A nivel federal no tendrá la rapidez de atención que las preferencias locales le otorgan ahora.

En el corto y mediano plazo la Universidad de Occidente no podrá gozar de la Autonomía que la palabra misma ofrece, la reforma a su Ley Orgánica aun arrastrará niveles de control, pero a la larga podría alcanzar esa condición que históricamente y con mucho esfuerzo mantienen otras universidades.

Deatrasalante

(Ley) La separación del fuerte socio americano que por 37 años mantuvo la cadena de supermercados Casa Ley era inminente desde hace al menos tres años. Aquella sociedad que concretó Juan Manuel Ley López a principios de los 80 del siglo XX con la cadena Safeway, y que catapultó a Ley hasta convertirla en una de las cinco cadenas más importantes de México, está en sus trámites finales.

Safeway tenía desde 1981 el 49 por ciento de las acciones y fue un gran negocio para los socios americanos. Crecieron sólidamente, sin rival en el noroeste aun cuando fueron los tiempos de la apertura comercial y el arribo del gigante Wall-Mart. Ley en paralelo fue ampliando sus negocios a la agricultura, las bienes raíces y los espectáculos deportivos.

En marzo de 2014 Albertsons —una fuerte cadena de tiendas minoristas con sede en Estados Unidos— anunciaba un acuerdo de fusión definitiva con Safeway y adelantaba a los accionistas que tendrían derecho a recibir los ingresos netos provenientes de activos no esenciales, que representaba en ese momento un valor de 3.65 dlls por acción, proveniente de la participación accionario del 49 por ciento en México de Casa Ley.

Hasta ahora no hay información oficial por parte de la parte mexicana, pero cumplidos los términos que marcaba aquel comunicado de Albertsons sobre la fusión definitiva de Safeway y el futuro del 49 por ciento que mantenía en Casa Ley, será la misma empresa sinaloense quien compre esa parte de sus acciones. Eso, de manera automática, le da un crecimiento a Casa Ley. (PUNTO)

Columna publicada el 21 de enero de 2018 en la edición 782 del semanario Ríodoce.