Criminalizan a colonos de Mazatlán que luchan por certidumbre de su patrimonio

Criminalizan a colonos de Mazatlán que luchan por certidumbre de su patrimonio

 

A cinco años de que los habitantes de las colonias Mundialista, Jesús Osuna y Felicidad, luchan por la certeza jurídica de su patrimonio, el conflicto de El Ejido El Conchi sigue empantanado entre la  corrupción y la simulación oficial.

No pocos colonos de dichos asentamientos humanos tienen la percepción de que tanto de Bernardo Cárdenas Soto y Víctor Guzmán Dagnino, ex subsecretario de Normatividad e Información Registral del Gobierno del Estado, y el hoy delegado del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), respectivamente, impidieron la solución del conflicto al no hacer bien su trabajo.

En febrero de 2014, en un escrito dirigido a Rosa Alicia León Soto, entonces delegada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, los ejidatarios de El Conchi, acusaron que Héctor Manuel de la Vega Guerra, quien se adjudicaba la propiedad del terreno de la colonia Mundialista, había arrancado tres hojas del libro donde venía la inscripción del predio de 150 hectáreas.

Para los damnificados, el hecho de que ambos funcionarios arriba mencionados no hubieran actuado  agravó el conflicto y  al finalizar diciembre de 2017 no se vislumbra una solución y mucho menos en el escenario electoral de 2018.

Secuelas

Las demandas penales interpuestas contra los colonos por quienes se dicen dueños de los predios en litigio inhibieron la libertad de expresarse de los vecinos, unos porque todavía están acudiendo a firmar al juzgado, mientras que otros no quieren perder el tiempo en los laberintos de los tribunales.

Los colonos que se animan a ejercer su libertad de expresión, lo hacen pidiendo que no se mencionen sus nombres, para no meterse en problemas.

“Son tres ciudadanos a los que criminalizaron y todavía están acudiendo a firmar al juzgado, por unas demandas absurdas e injustas”, lamentan.

Uno de los habitantes de la colonia Mundialista, ubicada a la salida norte de Mazatlán, con notoria molestia asegura que el expediente 266/17 reside en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, donde despacha el juez Cristino Humberto Corrales Delgado.

COLONIA MUNIDALISTA.

Sostiene que el expediente en que se basaron para demandarlos está lleno de inconsistencias que saltan a la vista y que solo el juez Corrales Delgado, quien aparentemente padece ceguera voluntaria, mantiene en curso.

“El expediente en que se basan para demandarnos está mal, los Villalpando (que se dicen dueños) presentan la clave catastral de un predio del centro de la ciudad y se supone que aquí donde habitamos es El Venadillo”, argumenta.

Comenta que Jesús Antonio Sánchez Solís, otrora subprocurador de Justicia en la Zona Sur, y hoy dirigente del PAN municipal, criticó en 2014 el hecho de que el juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal en Mazatlán, Cristino Humberto Corrales Delgado no se declarara incompetente a pesar de que el Ejido El Conchi se trataba de un evidente conflicto agrario.

“Yo hablé con Jesús Antonio Sánchez Solís, me dijo el Toño, ‘por qué el juez Cristino Humberto Corrales Delgado no se declara incompetente, si este es obviamente un asunto agrario”, dijo que sostuvo el exfuncionario judicial.

Destaca que quien hacía la crítica al juez Corrales Delgado no era cualquier hijo de vecino, sino un ejidatario del Ejido Isla de la Piedra, además de especialista en Derecho Agrario metido a fiscal durante el sexenio del ex gobernador Mario López Valdez (Malova).

El 28 de enero de 2016, en la recta final del Gobierno de Malova, un diario local publicó la denuncia del Colegio Nacional de Abogados contra un el juez  penal, Crispín Humberto Corrales Delgado, acusado de corrupción.

Jorge Reyes Peralta, presidente de dicho Colegio de Abogados, acusaba al juez de ser cómplice del dueño de una procesadora y comercializadora de mariscos, para encarcelar a un hijo del comerciante Rafael Zamudio, argumentando que éste adeudaba 15 millones de pesos por concepto de venta de mariscos que le habían suministrado durante un período de 14 años.

“Pedimos un alto a la impunidad y corrupción de Sinaloa y las autoridades no pueden tener a esos desleales administradores de justicia como es al juez y a los agentes que lo consignaron, porque podría hacer de la práctica común la fabricación de delitos”, exigía Reyes Peralta.

Para algunos habitantes de la colonia Mundialista, el denunciado Crispín Humberto Corrales Delgado, se habría tratado del mismo juez titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de Mazatlán.

La conducta del juez Corrales Delgado, basada en el expediente de los Villalpando plagado de inconsistencias para criminalizar a los colonos, habría estado en la misma frecuencia de José de Jesús Rodríguez Tovar, magistrado agrario, titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, quien en 2012 había dado un veredicto favorable a Héctor Manuel de la Vega Guerra.

En 2011, apenas Rodríguez Tovar se había instalado en sus cómodas oficinas del Tribunal Unitario Agrario, cuando los comuneros de San Miguel del Carrizal, Concordia, Sinaloa, integrados en la asociación Civil Contrasilencio, lo señalaron como magistrado “corrupto”, en relación al expediente TUA39- 256/2007.

Los colonos que fueron testigos de las tres hojas arrancadas del libro donde venía la inscripción de las 150 hectáreas adjudicadas a de la Vega Guerra y que fue favorecido por el juez, dijeron que era el menos probable de ser dueño.

Cinco años después, entre funcionarios públicos acusados de corrupción y simulación, el conflicto agrario del Ejido El Conchi continúa estancado, con tres colonos criminalizados acudiendo a firmar a un juzgado penal en Mazatlán.

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