Ernesto Echeverría; el cinismo que ahoga

 

ERNESTO ECHEVERRÍA. A las órdenes de Malova.

 

Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud en el gobierno de Mario López Valdez, se convirtió esta semana en el ex funcionario con más sanciones, tanto penales, administrativas y hasta económicas, en lo que va de los resultados por la investigación que lleva a cabo el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

Sin embargo, con una multa económica de 449 millones 153 mil pesos, una inhabilitación por ocho años y un proceso penal abierto por dos delitos, Echeverría Aispuro enfrenta en libertad todos los procesos en su contra.

Echeverría Aispuro estuvo encargado durante todo el sexenio de López Valdez de una de las áreas más grandes de la administración pública estatal, la que opera mayores recursos públicos, tanto locales como federales y la cual es de las pocas con facultades para contratar obras y servicios.

Pero también, una de las áreas con mayor desaseo. Y es que durante su estancia en la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación presentó tres denuncias penales contra esta dependencia por el incorrecto uso de los recursos, situación que fue negada en todo momento por Echeverría Aispuro.

Una vez concluido el sexenio, el gobierno de Ordaz Coppel presionado por la opinión pública y la caótica situación financiera en la que recibió la administración, comenzó una auditoría interna pero sólo de los recursos ejercidos en el último año de gobierno de López Valdez.

Y esa revisión al 2016 bastó para encontrar actos irregulares que han dejado ya a una decena de ex funcionarios públicos inhabilitados.

Independiente del proceso penal que Echeverría Aispuro enfrenta en libertad por la contratación de una empresa para servicios de imagenología en los hospitales generales, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas encontró dos temas más que llevaron a la inhabilitación y multas económicas del ex titular de Salud y dos de sus colaboradores.

 

Las empresas regias investigadas en Nuevo León

Creadas el mismo día y en la misma ciudad, dos empresas originarias de Monterrey, Nuevo León, fueron contratadas de forma directa por la Secretaría de Salud de Sinaloa para realizar una reingeniería financiera en la dependencia.

Con Enlaces Administrativos Hiroshi, S.A. de C.V y Estucon SA DE CV se firmaron contratos por 20 millones 300 mil pesos y otro contrato por la cantidad de 11 millones 600 mil pesos.

Sin embargo, tras la investigación de la STYRC, se encontró que no hay una autorización del Comité de Adquisiciones para llevar a cabo los contratos, tampoco existe una justificación legal que avale que el servicio era necesario y no se realizó un estudio de mercado previo para detectar si el proveedor ofrecía las mejores condiciones.

Además, no hay evidencias del supuesto trabajo que se realizó por parte de las empresas y tampoco evidencias de que tras la intervención de las empresas haya habido un cambio en las finanzas de la Secretaría, motivo para el cual fueron contratadas.

Tras una revisión a notas periodísticas y a las actas constitutivas de Enlaces Administrativos Hiroshi, S.A. de C.V y Estucon SA DE CV, disponibles en el Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía, se detectó que uno de los socios de estas empresas está bajo un proceso penal en Nuevo León.

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Se trata de Yanzy Guadalupe Garza Sáenz, administradora única de Enlaces Administrativos Hiroshi, quien también es socia Desarrollos Industriales Hatori S.A. de C.V, empresa de la construcción investigada por el gobierno de Jaime Rodríguez.

De acuerdo con notas del periódico Reforma, Garza Sáenz fue vinculada a proceso en octubre de este año tras una investigación de la Fiscalía General de Nuevo León, la cual investiga actos irregulares en la administración del ex gobernador Rodrigo Medina.

Según la investigación del Ministerio Público, en abril de 2015 la acusada firmó un contrato para rentar maquinaria para reparación de caminos rurales en el municipio de Zuazua por un monto de 917 mil pesos.

Sin embargo, señaló el Fiscal, Garza Sáenz estaba impedida para realizar está operación, ya que en octubre de 2014 se había iniciado un proceso de disolución de la empresa de la que era accionista junto con Jorge Humberto González López.

La empresaria fue vinculada a proceso por el delito de equiparable a ejercicio indebido de funciones públicas.

En Sinaloa, la contratación de la empresa filial le costó a Echeverría Aispuro una inhabilitación por siete años para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por un monto de 31 millones 900 mil pesos, más un peso.

Por este caso también fue inhabilitado Ángel Alfonso Jackson Inzunza en su carácter de Subdirector de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, quien no podrá ejercer un cargo público durante tres años.

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA.

 

Los 449 millones desviados

El otro caso que generó la multa más alta que se ha puesto a un ex funcionario público, es por haber realizado 237 traspasos bancarios por un monto de 447 millones de pesos 100 mil pesos.

Los recursos transferidos a diversas cuentas bancarias de otros programas de naturaleza o ejercicios distintos, provenían de recursos que fueron ministrados a través de dos programas federales.

Al explicar esta anomalía, el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña Martínez, señaló que no se conoce el destino final de los recursos, pues no se tiene bien definido en qué se utilizaron, ni tampoco si cumplieron con su objetivo para el cual fueron destinados.

Por esta irregularidad, a Echeverría Aispuro se le impuso la sanción administrativa consistente en inhabilitación para ejercer en el servicio público por ocho años y sanción económica de 449 millones 100 mil pesos.

En este caso también se sancionó a María Alejandra Gil Álvarez, ex Directora Administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, con inhabilitación de 8 años y sanción económica de 449 millones 100 mil pesos.

Mientras que Jackson Inzunza, fue inhabilitación por 10 años y la misma sanción económica de 449 millones 100 mil pesos.

Sin embargo, se explicó que los años de inhabilitaciones no se suman y la multa de los 449 millones sólo aplica para el primero que la pague, una vez que uno de ellos cumpla con el pago del recurso, el resto estaría libre del cargo económico.

Reportaje publicado el 17 de diciembre de 2017 en la edición 777 del semanario Ríodoce.

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