sábado, octubre 23, 2021
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  • Dias de Impunidad

Le ponen candados a expediente de ex funcionarios malovistas

 

transparencia

 

La sanción aún no llega y la STRC se niega a revelar los cómos y porqués de los ex funcionarios que podrían ser inhabilitados

 

 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) del gobierno de Quirino Ordaz Coppel expuso los nombres de seis ex funcionarios que podrían ser sancionados hasta por 66 millones 342 mil pesos en multas. Pero de forma irónica, al solicitarle el expediente completo de la investigación, esta dependencia reservó la información de forma total, alegando los derechos de los implicados.

Lo que sí admitió es que las sanciones que fueron anunciadas en rueda de prensa y presumidas por Ordaz Coppel aún no se han ejecutado y el proceso está lejos de concluir.

Y es que la propia STRC reveló en respuesta a una solicitud de información realizada a través del sistema INFOMEX que el procedimiento administrativo no ha concluido y los ex funcionarios aún tienen hasta tres opciones legales para defenderse.

Una vez que la propia autoridad ventiló los nombres de los ex funcionarios y las presuntas faltas, Ríodoce solicitó la versión pública de la investigación que ordenó sanciones administrativas para Clodomiro Espinoza García, ex subsecretario de Egresos; Jesús Alanís Chaidez, ex director de Fiscalización; Everardo Ayala López, ex director de Política Tributaria y Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo.

También se pidió el expediente que demuestre los cómos y porqués de la sanción de sólo 30 días sin goce de sueldo en contra del actual subsecretario de Turismo, Rafael Lizárraga Favela, pero esta información también fue reservada.

 

Los argumentos de la STRC

El comité de transparencia de la STRC sesionó el pasado 6 de octubre para concluir que los expedientes debían reservarse debido a que su divulgación representa un “riesgo real que supera el interés público”.

“Puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas que se mencionan en él como responsables y/o como víctimas”, expuso en uno de los puntos la Dirección de Responsabilidades Administrativas, a pesar de que el 25 de septiembre pasado se divulgaron en rueda de prensa y ante una veintena de medios de comunicación los nombres y las presuntas faltas de los involucrados.

“Se podría entorpecer el procedimiento de responsabilidades… Se puede afectar la oportunidad de llevar a cabo las garantías del debido proceso y por ende el probable responsable puede ser exonerado del mismo… Se puede impedir y obstaculizar el cumplimiento del laudo que pueda resultar del expediente”, insistió la STRC en su respuesta.

El documento del Comité de Transparencia señaló que “De conocerse el contenido de la información peticionada pudiera quedar vulnerable la acción de la justicia, dado que los procedimientos aún no causan estado”.

 

La defensa que viene.

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa, en su defensa el servidor público sancionado tiene derecho a imponer un recurso de revisión ante el órgano interno de control; acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa por medio de un juicio de nulidad y además de acuerdo con la Ley de Amparo, también tiene la posibilidad de presentar una demanda de amparo.

Es así que este derecho de los implicados forma parte de los argumentos principales de la STRC para negar la entrega del expediente.

“…La opción que tienen los afectados por las resoluciones, de interponer recurso de revisión, así como de impugnar las mismas mediante juicio de nulidad; de igual forma contempla la posibilidad de presentación de demanda de amparo. Conforme lo anterior expuesto, la información se debe clasificar como reservada ya que consiste en información que podría vulnerar el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio”, detalla un documento firmado por el titular de la Subsecretaría de Responsabilidad y Normatividad, Rogelio Aviña Martínez.

Para conocer si existe actualmente un recurso de revisión o juicio de nulidad o demanda de amparo de parte de los involucrados, se buscó en varias ocasiones a Aviña Martínez, pero no se obtuvo respuesta.

 

Las sanciones que aún no se ejecutan:

 

Clodomiro Espinoza García, ex subsecretario de Egresos, inhabilitación de tres años y multa de 14 millones 284 mil 277 pesos.

Everardo Ayala López, director de Política Tributaria, 10 años inhabilitado y multa de 17 millones 855 mil pesos.

Jesús Alanís Chaidez, ex director de Fiscalización, inhabilitado 10 años y multa de 21 millones 226 mil pesos.

Luis Ángel Pineda Ochoa, secretario técnico de la Secretaría de Turismo, inhabilitado ocho años y multa de 12 millones 977 mil 697 pesos.

 

Sin goce de sueldo:

Rafael Lizárraga Favela, Secretario de Turismo en la última etapa de la administración de Mario López Valdez, suspensión de 30 días sin goce de sueldo.

José Luis Martínez Romero, jefe de departamento de la Sectur, seis meses sin goce de sueldo.

 

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