Sinaloenses por #SinVotoNoHayDinero

 

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Escribo este texto en Cancún en el marco de mi participación como ponente en el Seminario “Financiamiento de Campañas y Resultados Electorales, desafíos actuales a la integridad electoral nacional y subnacional en países federales”, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, conjuntamente con las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Leo coincidente y felizmente que un grupo de ciudadanos sinaloenses presentaron una iniciativa que replica en el estado la llamada Ley Kumamoto, mejor conocida como #SinVotoNoHayDinero, que como ya es legal, sabemos que busca movilizar a los partidos políticos para que puedan acceder a las bolsas de dinero público.

Sabemos que los niveles de participación tienden a la baja en Sinaloa, como sucedió en la pasada elección de gobernador, que cayó 9 por ciento, respecto a la participación de la misma elección de 2010. No obstante este fracaso del sistema de partidos, no habrá consecuencias en materia de financiamiento público para los próximos años.

Los partidos seguirán recibiendo grandes montos de dinero en tanto no cambie la fórmula para determinar el costo de las elecciones estatales, que como sabemos se define por un cruce del dinámico padrón electoral y los salarios mínimos, y los partidos que lograron superar el umbral electoral del 3 por ciento seguirán recibiendo la parte proporcional de la votación emitida.

Me tocó compartir mesa del seminario con María Marván, ex consejera electoral general del desaparecido IFE, una mujer que habla claro sobre estos asuntos de financiamiento público y coincidimos que en este tema no hay vuelta de hoja.

La votación emitida debe ser la que determine el costo de las elecciones y la forma de asignación, la proporcional de lo obtenido por cada uno de los partidos.

En honor a la justicia no debe ser de otra forma para lograr el espíritu de la ley de partidos. Seguir utilizando la fórmula vigente es ir contra el interés público entregando sumas crecientes de dinero para que se vaya a quien sabe dónde y puede tener mejor destino en un país de grandes carencias y desigualdades.

Afortunadamente el Congreso de Jalisco ya dio el paso y fue refrendada la legalidad de esta iniciativa, alternativa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resolvió a su favor una acción de inconstitucionalidad presentada por los partidos Verde Ecologista, Nueva Alianza y Morena, que alegaron que los Congresos estatales no tenían competencia para cambiar la fórmula del financiamiento público a los partidos, sin embargo, una buena lectura del 115 constitucional legitima el cambio en la legislación electoral tapatía.

En el Congreso de Sinaloa ya se han pronunciado a favor el diputado panista Juan Pablo Yamuni y la fracción de los diputados del Partido Sinaloense (PAS) por la reducción del financiamiento público a los partidos, que en este caso no necesariamente significa la adopción de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, son pasos adelante que en algún momento deberá discutirse para resolver sobre la medida que ahorraría cantidades significativas al erario público.

Un primer ejercicio de cálculo lo han hecho estos ciudadanos sinaloenses, y de entrada arroja que en materia de gastos ordinarios, de campaña y aportaciones municipales, significaría el ahorro de más de 94 millones de pesos.

Obviamente algunos partidos no querrán modificar la fórmula y desearán restar en lo mínimo. Lo cierto, como lo hemos comentado en el marco de este seminario, los partidos son insaciables y aun cuando hoy no gastan en medios de comunicación siguen teniendo cantidades crecientes de ingreso y que en el pasado se destina hacia ese fin.

Hay un área opaca en los partidos sobre a dónde va ese dinero, y justamente por ser un asunto de gran importancia se han elaborado propuestas de investigación para conocer este rubro con más detalle ya no tanto para conocer a los partidos, sino a lo sustantivo, sus efectos en materia de transparencia y rendición de cuentas pero sobre todo en la gobernabilidad democrática.

 

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