Para robustecer la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, Emma Beatriz Félix Rivera propuso una nueva ley para la ASE que contempla autonomía presupuestaria, la creación de la figura del órgano de control interno, así como la ampliación de las facultades de revisión a los particulares que hayan recibido recursos públicos, así como a sindicatos, y fideicomisos.

La auditora Emma Beatriz Félix Rivera, titular de la ASE, propuso en su iniciativa de ley, incluir la facultad de solicitar a los órganos internos de control de las entidades fiscalizadas, el inicio y resolución de las conductas no graves y la posibilidad de evaluar sus determinaciones.

En el caso de las participaciones federales contempló que se revisen de manera coordinada con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) , pero que los resultados no se presenten al Congreso del Estado sino ante la ASF.

De acuerdo con la iniciativa presentada, la ASE verificaría el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de los créditos contratados por las entidades fiscalizadas.

Félix Rivera subrayó que las transformaciones jurídicas plasmadas en su propuesta, responden al reclamo de la sociedad de combatir de manera integral la corrupción y erradicar la impunidad.

Dentro de las puntos relevantes de la nueva ley de la Auditoría Superior del Estado se incluyen las modificaciones al marco legal que se han aprobado, como la anualidad en el proceso de fiscalización, la modificación delos plazos para la entrega-aprobación de las cuentas públicas, la ampliación de 5 a 7 años  de la prescripción de las facultades de fiscalización.

Así mismo, la propuesta de ley reconoce a la Comisión de Fiscalización su papel de enlace entre la Auditoría Superior y el Congreso del Estado, en torno a aclaraciones, revisiones e informes sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización de la cuenta pública.

La propuesta de ley otorga facultades de investigación a la Auditoría Superior del Estado para que una vez concluido el proceso de fiscalización se fortalezca la integración del expediente en el cual se determinarán las conductas no graves, graves y hechos de corrupción.