Renta y compra: doble ganancia para empresas, pérdidas para el erario
Después de pagar casi el doble del valor por la renta de 50 patrullas, el Gobierno del Estado ahora busca ahorrar comprando esos vehículos.
Desde 2014 el Gobierno Estatal rentó 50 patrullas y tenía que devolverlas en septiembre pasado pero optaron por comprarlas.
El contrato de arrendamiento era por 30 meses, con pago inicial de 3 millones 513 mil 709 pesos y mensualidades de un millón 337 mil 523 pesos.
El costo total con IVA fue de 47 millones 518 mil 661 pesos.
Por cada patrulla pagaron 950 mil 373 pesos, casi el doble del costo si el pago fuera de contado.
Tres meses después de contratar el arrendamiento, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF) licitó la compra de 34 patrullas con las mismas características que las rentadas y cada vehículo tuvo un costo de 554 mil 932 pesos con la empresa Chevrolet Culiacán Motors.
Las patrullas rentadas resultaron 395 mil 441 pesos más caras que las compradas.
Al terminar el contrato de arrendamiento el Estado pagará 3 millones 737 mil 475 pesos más para quedarse con 49 patrullas debido a que una fue pérdida total en un accidente.
Con el costo del arrendamiento de las 50 patrullas el Estado habría comprado 85 vehículos de acuerdo con el costo que tenían en ese año.
El Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizó comprar las patrullas usadas el 13 de septiembre, el día que vencía el contrato de arrendamiento.
En la sesión, el Comité Intersecretarial determinó que para sustituir esas patrullas con vehículos nuevos se requieren 32 millones 668 mil 300 pesos y el Estado no cuenta con esos recursos.
Además estimaron el valor de cada patrulla usada es de 343 mil 725 mil pesos y el arrendador solo pide 79 mil 275 pesos por lo que comprarlas es la opción más viable ya que representa un ahorro.
“El costo unitario ofertado por el arrendador es inferior al costo unitario determinado por el perito valuador, para un ahorro de 16 millones 842 mil 525”, determinó el Comité.
Se trata de camionetas Cheyenne 2500, modelo 2014.
En un evento el 14 de agosto de 2014, se entregaron en total 122 patrullas, entre ellas las 50 que eran rentadas.
En esa ocasión López Valdez dijo que se habían invertido 52 millones de pesos provenientes de recursos estatales y federales.
Señaló que hasta esa fecha en su administración se habían comprado 235 patrullas para eficientar el trabajo de los agentes, pero 50 eran arrendadas y 38 reconstruidas.
Las unidades que pertenecieron a la Policía Ministerial del Estado y la Policía Estatal Preventiva y fueron reconstruidas, fueron entregadas a las policías de las 13 alcaldías que no contaban con Subsidio para la Seguridad de los Municipios.
El arrendamiento de las patrullas fue adjudicado mediante licitación pública a la empresa Value Arrendadora el 27 de febrero de 2014 y se formalizó el contrato el 3 de marzo.
En la licitación también participaron Fanny Barrera Flores, Abastecedora Mayorista de Equipo de Emergencia y Tractores de Culiacán, pero fueron descartadas por no cumplir con los requisitos.
El plazo para devolver los vehículos tenía fecha de vencimiento el 13 de septiembre de 2016 por lo que el 27 de agosto, el Director de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, solicitó que se compraran.
El titular de la PME, envió un oficio a la SAyF, en el que expone que se requiere que las patrullas continúen en servicio.
La SAyF solicitó dos cotizaciones de patrullas similares para conocer el costo de los vehículos nuevos y la empresa Premiere Chevrolet ofertó cada patrulla en 786 mil 808 pesos y Culiacán Motors en 666 mil 700 pesos.
El Comité determinó que la mejor opción era comprar las patrullas rentadas, debido a que el Gobierno del Estado no cuenta con recursos para adquirir vehículos nuevos.
En septiembre pasado Ríodoce público que el Gobierno de Mario López Valdez, por medio de adjudicaciones irregulares, benefició a la empresa Value Arrendadora con la renta de vehículos por 180 millones de pesos.
En los procesos de licitación también participaban una constructora propiedad del ex diputado federal Rubén Félix Hays y otra del padre empresarial de Malova, Leonardo Félix Gutiérrez, pero eran ganados por Value Arrendadora, propiedad del empresario regiomontano Carlos Bremen Gutiérrez.
Para la compra de las patrullas, el Comité aprobó el procedimiento de compra por adjudicación directa, señalando que con licitación pública se provocaría un retraso para atender las obligaciones de la Policía Ministerial del Estado y de cumplir de manera eficiente con las funciones asignadas.
En enero de este año, la Auditoría Superior de la Federación exigió al Gobierno del Estado presentar un estudio de factibilidad en el que explique porqué es mejor rentar vehículos que comprarlos.