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Sinaloa, tierra de rapiña

martin estrada
Enmarañado jurídico oculta verdades
Martín Estrada Ussher insistió en que en Ahome y en Sinaloa se tuercen las leyes y normas de inversión para entregar a intereses ocultos los terrenos adquiridos por locales, despojados con artimañas legales y con el respaldo de dos gobiernos de traidores a la sociedad, de rapiña.
Dijo que la inversión de la Plaza Sendero anunciada con escaramuzas de legalidad y hasta brindis, en realidad está fondeada en un banco internacional, cuya entidad no ha sido revelada por el Gobierno de Sinaloa sino mantenida en lo oscurito, tras bambalinas, además de que los compromisos empresariales ocultos en fideicomisos carecen de permisos legales, como el esencial ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“En México, cualquier asociación civil que pretenda iniciar operaciones de cualquier índole, sean empresariales o de asistencia social, está obligada a registrarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuestro equipo ha analizado las pruebas que se aportan en los juicios civiles de nulidad de escrituras públicas y de documentales simples que se harán valer en tribunales, pero no encontramos rastros de esos registros. Sí, muestran el cumplimiento de los reglamentos locales y estatales, pero cómo sabemos, tanto el gobierno de Ahome, de Arturo Duarte García, como el estatal de Mario López se saltan la reglamentación cuando quieren simular inversión”.
Para el empresario y ahora ex agricultor, cuya familia fomentó el emporio tomatero de exportación, que dio origen a la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur y cimentó la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, las instituciones gubernamentales de inversión pública y privada avergüenzan al “sinaloense más pintado”, lo que debe de motivar una investigación federal.
Buscando la movilización institucional en contra de los gobiernos estatal y local, Estrada Ussher se reunió con el diputado federal independiente, Manuel Clouthier, a quien expuso su caso, y documentó lo sucedido. “Es el único legislador sinaloense que llama a las cosas por su nombre, “pícaros gobernantes”, justifica.
Estrada Ussher lleva décadas enfrentado al sistema político local, pues en una operación notariada fue despojado de un terreno de 134 mil metros cuadrados de la vieja aviación de Los Mochis que operaba en la prolongación del bulevar Antonio Rosales, en el ejido Miguel Hidalgo, que el 18 de mayo de 1984 adquirió pagando a la Compañía Azucarera de Los Mochis el anticipo de 4.8 millones de pesos, con el cheque de caja de Banamex 158/1123228 para cerrar el Contrato de Promesa de Compraventa del 7 de noviembre de 1983. El recibo lo extendió Mario Zamora Cortés, entonces Delegado Regional Zona Noroeste de Azúcar S.A. de C.V.
Siete días después de entregado el cheque para su depósito a cuenta del beneficiario, el 24 de mayo, el documento fue cobrado en efectivo en la sucursal de Banoro de esta ciudad, sin que obrase endoso al reverso, según matasellos.
Cuatro años después de aquel pago, en 1988, el asunto gana dominio público pues se revela que el mismo terreno fue vendido y escriturado a Brígido Vega Chavira (+), quien habría ganado una subasta pública que se realizó porque el anticipo dado por Estrada Ussher había “botado”.
La operación con Vega Chavira fue formalizada en julio de 1996 por Juan José Paullada Figueroa, entonces apoderado de Inmobiliaria Ahomense S.A. de C.V., quien aseguró que la finca catastrada Ms-09-006-001 estaba sujeta a la demanda 2/95-2  de agosto de 1995. En la formalización del contrato, Inmobiliaria Ahomense S.A. de C.V. acepta la responsabilidad en caso de que el juicio se pierda.
Paullada Figueroa se ostenta como apoderado legal de Inmobiliaria Ahomense S.A. de C.V. con la escritura pública 60 mil 803, volumen 943, del protocolo a cargo del notario público número 72 del Distrito Federal, Carlos Ricardo Viñas Berea, del 8 de septiembre de 1993, otorgado por los apoderados licenciados Jaime Esperón Díaz Ordaz y Roberto Rodríguez Flores, quienes demostraron su personalidad con la escritura pública 9 mil 459 otorgada el 18 de julio de 1991 por Emannuel Villicaña Estrada, notario público 35 del Distrito de Tlanepantla, Estado de México, quien validó la substitución de poderes de Compañía Agrícola de Los Mochis cedida por Eduardo MacGregor Beltrán, en su carácter de apoderado de la sociedad “Compañía Agrícola de Los Mochis” cedida el 19 de julio de 1984.
De acuerdo con Estrada Ussher, los abogados utilizan un poder firmado cuatro años antes de la salida de MacGregor Beltrán de la industria azucarera y lo hacen valer cinco años después para cerrar la operación de compra-venta, cuando ya no tenía ningún reconocimiento oficial.
Al pasar los años, el terreno va cambiando de manos y finalmente termina como garantía de crédito para un banco extranjero, que lo obtiene a través de un fideicomiso.
 

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