Como un error calificaron diputados de diversos grupos parlamentarios la instalación del Centro de Justicia Penal Centro-Norte en Angostura, al seguir criterios geográficos sobre los demográficos, en tanto que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, aseguró que la iniciativa que propone una solución a esta problemática está incluida en la agenda de la actual legislatura.
El pronunciamiento surgió luego que un grupo de empresarios afiliados a Coparmex y agrupaciones agrícolas de Guasave acudió al edificio del Congreso del Estado a fin de que se modifique, antes que concluya la presente legislatura, la disposición legal que señala como sede de las agencias de ministerios público y juzgados penales al municipio de Angostura.
Jesús Burgos Pinto, diputado por Guasave, en compañía del legislador Guadalupe Carrizoza, expresó que existe la iniciativa de ley que se presentó la para la instalación del Centro de Justicia Penal Centro-Norte II para que atienda a los distritos judiciales y los municipios de Guasave y Sinaloa.
Recordó que el 25 de enero de 2013, la anterior legislatura emitió un nuevo Código de Procedimientos Penales en el cual ya se reclamaba un Centro de Justicia Penal para Guasave y Sinaloa, en tanto que la actual legislatura en julio de 2014 emitió un derogó el anterior Código para agrupar a estos municipios a los de Angostura y Mocorito, con una falta de lógica poblacional y recarga de trabajo en las agencias de ministerio público y juzgados penales.
Por lo anterior, precisó, en diciembre de 2014 presentó una iniciativa de reforma para la instalación de un Centro de Justicia Penal en Guasave para atender los delitos de Guasave y Sinaloa, sin embargo la propuesta no ha sido dictaminada, muchos menos aprobada.
Citó que con la actual demarcación del Centro de Justicia Penal asentado en Angostura ha habido casos en los que los peritos se tardan hasta ocho horas en llegar fe de los hechos en caso de muerte, ademas que muchos delitos que se comenten en Guasave y Sinaloa o son denunciados porque no se tiene una agencia de ministerios públicos a la mano, teniendo que viajar al menos 60 kilómetros para hacerlo.
Exhortó a la Mesa Directiva para que mandate a la las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, junto con Seguridad Pública, dictamen de manera favorable el planteamiento.
Expuso que el procurador y el Supremo Tribunal de Justicia han implementado un equipamiento mínimo a las instituciones radicadas en Guasave, pero que atienden fundamentalmente casos en donde cabe la conciliación, pero los delitos más graves no pueden ser atendidos.
“Se implementó una logística del nuevos sistema de justicia penal, pero no está funcionando, está fracasando”, aseguró.
En tribuna, Roque de Jesús Chávez Castro, cuestionó que se el Centro de Justicia Penal Centro Norte con sede en Angostura tiene una atención en un 70 por ciento de delitos que ocurren a más 50 kilómetros porque se cometió un error de aplicabilidad, lo que está generando un sentimiento de irritabilidad y frustración entre la población.
Por su parte la diputada perredista Imelda Castro propuso evaluar la factibilidad de aprobar la iniciativa presentada por Jesús Burgos dentro de la última etapa de la actual legislatura.
En su intervención el diputado independiente Ramón Lucas Lizárraga cuestionó las decisiones legislativas tomadas al vapor.
POSIBLE PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES
Hernández Chávez adelantó la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para poder someter a votación un listado de 27 iniciativas de ley y reforma antes que concluya la presente legislatura.
Entre las iniciativas programadas destacan la modificación al Código de Procedimientos Penales para crear el Centro de Justicia Penal II que atendería los delitos que ocurran en los municipios de Sinaloa y Guasave.
Citó también que en la agenda legislativa estarían las reformas al Código Familiar para hacer posible el matrimonio igualitario, y una nueva Ley Orgánica para el Congreso del Estado.
