Pese a la oposición de organizaciones ciudadanas, el proyecto de dictamen para expedir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Acceso a la Información incluyó la facultad del gobernador de objetar el nombramiento de comisionados de la CEAIP que realice el poder legislativo.
El señalamiento sobre la facultad del veto del gobernador a los comisionados de transparencia fue expuesto ante los diputados durante una audiencia pública celebrada la semana pasada.
El proyecto tampoco refleja la propuesta ciudadana de incluir dentro de las obligaciones de los funcionarios públicos de presentar tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
A cambio se incluye dentro de las obligaciones de transparencia comunes el poner a disposición la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. La información deberá referir la cantidad y valor de bienes muebles e inmuebles, valores e inversiones, y gravámenes o adeudos declarados.
El dictamen que fue leído ante el pleno tampoco incluye la propuesta ciudadana de incluir dentro de las obligaciones de transparencia la información relacionada con el impacto ambiental.
Entre los puntos que sí se retomaron figura el incluir entre las obligaciones de los municipios los atlas de riesgo.
También el dictamen reflejó la petición de blindar la CEAIP de partidos políticos, al incluir dentro de los requisitos para ser comisionado el no tener antecedentes de una militancia o pública y notoria en algún partido político, cuando menos tres años antes de su designación; así como no tener parentesco por consanguinidad o afinidad de tercer grado.
Trascendió que se buscaba aprobar el dictamen este martes al dispensar la segunda lectura, sin embargo de último momento se decidió fuese turnada a un segunda lectura.
La segunda lectura dará la oportunidad a las organizaciones ciudadanas de expresar nuevamente ante los diputados sobre el contenido del dictamen propuesto.
