Claman empleados de penales que frenen las amenazas y la represión de altos funcionarios penitenciarios
Trabajadores administrativos del penal de Mazatlán se quejan ante el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Castro, de las conductas represivas del subsecretario Rigoberto Íñiguez Celaya y del director de la cárcel, Rafael Báez Sidar.
“Queremos decirle, señor secretario Genaro, que pudimos habernos presentado en el Cecjude Mazatlán para manifestarnos bajo protesta y en forma pacífica, pero tal situación hubiera desencadenado un hecho lamentable y vergonzoso; toda vez que íbamos a ser sometidos, vejados y reprimidos por la fuerza pública”, argumentan los empleados inconformes.
La semana pasada circuló entre los trabajadores de la penitenciaría mazatleca, un audio de la queja de un empleado jurídico del penal de Los Mochis, quien relata amenazas de Íñiguez Celaya.
“Llegó el licenciado Íñiguez también aquí con nosotros a amenazarnos a todos los de mi oficina (jurídica) que no nos metiéramos con su investidura, con su persona, porque si yo apreciaba mi integridad física que no me anduviera metiendo con él, porque él era policía antes de subsecretario de Seguridad”, denuncia.
“A ver qué hacemos entre los tres penales, porque ya esta amenaza ya es demasiado”, clama el empleado jurídico de la cárcel de Los Mochis.
Las quejas de los tres penales del estado se integraron en un escrito dirigido a Genaro García Castro, en el que apelan a su presunta ética profesional, para que meta en cintura a Íñiguez Celaya, quien ha generado una atmósfera de represión.
“Es lamentable señor secretario Genaro que un funcionario como el licenciado Rigoberto Íñiguez Celaya empañe el excelente trabajo que (usted) ha venido realizando”, se lee en el escrito enviado a García Castro.
La amenaza
“Si se vuelven a manifestar van a ser desalojados a garrotazos”, habría amenazado Rigoberto Íñiguez Celaya, director de Prevención y Readaptación Social, el martes 5 de abril, durante una reunión del Consejo Técnico, en su su visita al Centro de Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito.
“Empleados sindicalizados y la delegada sindical de la zona sur temen por su integridad física, ya que Íñiguez Celaya manifestó que si era necesario utilizar la fuerza pública no iba a dudar en utilizarla y tomar medidas de apremio sumamente violentas”, alertó uno de los empleados penitenciarios.
El miedo alcanzó su máxima expresión cuando entre los inconformes se supo que los altos mandos de los centros penitenciarios habrían advertido que “llegado el caso” se encargarían de filtrar los nombres de los líderes sindicales a los internos conectados con malandrines, para que ordenaran “levantarlos”.
“Por ello los líderes sindicales piden medidas de apremio porque temen por la seguridad de los agremiados”, dijo alarmada una fuente extraoficial.
Antimotines
Las amenazas del funcionario penitenciario dejaron una estela de miedo en los 114 inconformes que se manifestaron el pasado 31 de marzo en las afueras del Cecjude, pidiendo al Gobierno del Estado que cumpla con los acuerdos prometidos de profesionalizaciones, nivelaciones y riesgos de trabajo.
Según la fuente extraoficial, Íñiguez Celaya llegó al Cecjude aproximadamente a las 14:00 horas del 5 de abril, reunió al Consejo Técnico y les advirtió pasaran la voz de las amenazas a todos los agremiados sindicalizados.
Rafael Báez, para documentar que estaba en la misma frecuencia de su jefe Íñiguez Celaya, giró un oficio ese mismo día a Jesús Angulo Sánchez, comandante de la Policía Ministerial del Estado, para pedirle apoyo “con equipo antimotines”.
El oficio del que Ríodoce tiene copia, señala: “Por medio del presente y con el debido respeto que se merece, me permito dirigirme a usted a fin de solicitarle de la manera más atenta y respetuosa y de no existir inconveniente, nos proporcione elementos de la Policía Ministerial a su mando, a efecto de que apoyen a los agentes de seguridad y vigilancia (custodios) adscritos a este Cecjude, el día jueves 7 de abril de 2016, a partir de las 06:10 horas, con equipo antimotines”.
El documento agrega: “lo anterior es dada las circunstancias actuales que requieren de un reforzamiento en el ámbito de la vigilancia tomándose esta medida con el objeto de impedir y desactivar posibles situaciones que pongan en riesgo la seguridad del Centro Penitenciario a mi cargo, toda vez que se tiene conocimiento que personal administrativo quiere tomar estas instalaciones y no dejar entrar a las personas que desean visitar a los internos de este reclusorio”.
Eran como las 6:40 horas cuando dos patrullas de la Policía Ministerial del Estado llegaron a la caseta de la entrada del penal de Mazatlán y salieron, al percatarse de que los trabajadores administrativos no realizaron protesta.
Cronología del miedo
31 de marzo. Después de esperar cuatro años y medio los beneficios de profesionalizaciones, nivelaciones y por riesgos de trabajo, 114 trabajadores administrativos sindicalizados del penal de Mazatlán realizaron una protesta laboral que duró siete horas.
5 de abril. Funcionarios penitenciarios amenazan a los empleados de que si se vuelven a manifestar “van a ser desalojados a garrotazos”.
12 de abril. Empleados sindicalizados se quejan ante el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Castro, de Rigoberto Íñiguez Celaya y Rafael Báez Sidar.
