Bloquean cuentas a empresa María Ferré

 
maría ferré
Propietario y empleados son investigados por lavado de dinero al Cártel de Sinaloa
 
 
 
La Unidad de Inteligencia Financiera de  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó en la lista de personas bloqueadas a la empresa María Ferré, a su propietario Luis Ignacio Muñoz Orozco y a dos empleados, señalados por el Gobierno de Estados Unidos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con solicitudes de amparos, la empresa, Muñoz Orozco, el contador Armando Arturo Chávez Gamboa y la empleada Deisy Estrada Corrales, tienen bloqueadas cuentas bancarias y no pueden realizar transacciones.
Muñoz Orozco fue presidente de  la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Culiacán y Jefe de  la Oficina del Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
La empresa María Ferré, su propietario, el contador y la empleada fueron señalados en septiembre de 2014 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de formar parte de una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, que operaba en el Distrito de la Moda, en Los Ángeles, California.
De los documentos de los juzgados se desprende que  la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los incluyó en la lista de personas bloqueadas, en noviembre de 2015.
La UIF emitió el Acuerdo 45/2015 y el oficio 110/F/B/826 en los que establece que María Ferré y las personas señaladas no pueden realizar retiros o depósitos de determinadas cuentas.
La dependencia bloqueó las cuentas que tienen específicamente en las instituciones BBVA Bancomer, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Grupo Financiero.
También envió el documento al Presidente de  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al titular de  la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades “A” de  la CNBV.
El presentante legal de María Ferré solicitó un amparo en un Juzgado de Distrito contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas.
“Se incluyó a la aquí amparista en la lista de personas bloqueadas, y como consecuencia de ello, no puede realizar transacciones bancarias (retiros y depósitos) con las instituciones financieras.
“Le informaron a la aquí inconforme que no le podían prestar sus servicios ni realizar operaciones financieras con ella, toda vez que  la Unidad de Inteligencia Financiera de  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la tenía incluida en la lista de personas bloqueadas”, reza en el documento judicial.
Muñoz Orozco, Chávez Gamboa, Estrada Corrales y la empresa, están pidiendo la protección de la justicia federal ante la determinación de  la SHCP. El lunes pasado el Juez de Distrito admitió el amparo contra el aseguramiento de determinadas cuentas bancarias, pero negó la suspensión provisional.
Luis Ignacio Muñoz Orozco ya había solicitado un amparo contra la introducción de su nombre en la lista de personas bloqueadas en noviembre de 2015, pero el pasado 29 de marzo, el Juez dictó sentencia y negó amparar al empresario.
La operación llamada “Fashion Police” inició con las investigaciones en octubre de 2012 y en septiembre de 2014 más de mil elementos de las agencias estadunidenses realizaron un operativo en el Distrito de  la Moda, en el que arrestaron a nueve personas y decomisaron 65 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia, intermediarios que necesitaban lavar dinero producto de la venta de drogas en Estados Unidos pagaban en dólares la mercancía que María Ferré compraba en el Distrito de  la Moda y ésta era enviada a México.
Una vez que la mercancía estaba en México, María Ferré hacía el pago en pesos a los intermediarios, quienes a su vez entregaban el dinero a los traficantes.
La red de lavado se descubrió cuando miembros del Cártel de Sinaloa secuestraron a un socio estadunidense en Culiacán, por haber perdido 100 kilos de cocaína y pidieron a la familia el pago de 140 mil dólares. Los familiares entregaron el dinero en una sucursal QT Fashion y distribuidos a otras 17 tiendas que lo canalizaron en mercancía a María Ferré.
La empresa de Muñoz Orozco pagó esa cantidad en pesos, una parte en México y otra en Estados Unidos, a intermediarios del Cártel de Sinaloa.
La familia del secuestrado denunció el plagio y se iniciaron las investigaciones que llevaron al desmantelamiento de la red de lavado de dinero en septiembre de 2013.
 

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