Obligado Rodolfo de la Vega a pagar 8 MDP
A la distancia el tractor rastrea la soca de caña de azúcar. El maquinista, una y otra vez pasa la rastra sobre el cultivo, quebrándolo, desenterrando la raíz superficial para obligarlo a morir.
Es el predio El Aliso. En él estaban abandonados nueve lotes sembrados de caña de azúcar y que se habían convertido en la última superficie de la gramínea que abasteció de materia prima al ingenio Mochis, antes de su cierre definitivo.
La siembra de caña estuvo en pie hasta la primera semana de febrero.
A las afueras de su propio predio, Ítalo Larrínaga Martínez observa la destrucción. No se inmuta, ni intenta detener el rastreo. Ignora quién lo realiza, por qué, y para qué, pues legalmente es el representante de la albacea, y único facultado para contratar servicios en el predio El Aliso.
Tenía una causa para mantenerse estático: él había iniciado un procedimiento administrativo en la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Fuerte para que decretara como foco de infestación de rata de campo su predio de 167 hectáreas, que desde el año 2013 abandonó Agrícola Ohuira, la empresa que le rentó, y que lo llevó a la quiebra, como a miles de campesinos. De esos ejidatarios en quiebra, 80 murieron esperando recuperar la tierra.
“Mi madre fue una de ellas”, rememora.
El procedimiento de destrucción avanzó pronto en la dependencia fitosanitaria, pero repentinamente se entrampó en la oficina local de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Larrínaga dio una, dos, tres y hasta cinco vueltas a la dependencia, pero siempre encontró la misma mentira: ya pronto saldrá la autorización; avanza el trámite. Pero en realidad, la dependencia nunca decretó la destrucción del cultivo.
“Para mi siguieron protegiendo al supuesto rentador y a la entidad abusiva que estafó a miles de campesinos: Rodolfo de la Vega Valladolid y Agrícola Ohuira. Hoy esa esperada destrucción poco importa, pues ya la realizaron desconocidos en predio ajeno. Si quieren cobrar ese servicio deberán buscar al que sembró la caña, por mi parte me reservo interponer denuncia de daños, pues el tractorista destrozo el riego por goteo. Esa será una investigación que deberá de realizar la Procuraduría General de Justicia del Estado a petición de parte ofendida”.
Por lo pronto, el productor agrícola tiene ya en mano la papeleta para adquirir el permiso de siembra de sorgo, que pretende cultivar.
Lanzan a Rodolfo de la Vega
Rodolfo de la Vega Valladolid fue lanzado de la posesión y usufructo del lote dos predio El Aliso, por el que durante siete años no pagó renta.
La sentencia de restitución del predio en el juicio de acción plenaria 185/2009 enderezado por Yandira Verónica Casas Lugo, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, soportó todas las acciones de Rodolfo de la Vega Valladolid para echarla abajo.
Años antes, en la cosecha de caña del 2004-2005, ella suscribió un contrato de aparcería con Agrícola Ohuira, logrando un único pago. A la temporada siguiente, la agrícola se negó a pagar la cosecha y pretendió fijar una renta por el terreno. Ella se negó. Entonces las liquidaciones se detuvieron. Al vencer el contrato de aparcería, Agrícola Ohuira subarrendó a Rodolfo de la Vega Valladolidad para continuar usufructuando el predio sin obligación de pago de renta, y luego Rodoldo de la Vega subarrenda el mismo predio a la Compañía Azucarera de Los Mochis (Calmsa). Ello motivó el juicio de acción plenaria.
Seis años después, los subcontratos son anulados, Rodolfo de la Vega lanzado del predio y restituido a la albacea. Ahora, ellos se harán cargo de la siembra, cerrando una etapa negra y abusiva de los empresarios con los propietarios de la tierra.
A pagar saldos
No es el único juicio que Larrínaga Martínez, y las hermanas Adriana Eréndira y Yandira Verónica Casas Lugo enderezaron en contra de Agrícola Ohuira, venciéndola: también la obligaron al pago de 12 mil 670 toneladas de caña, de acuerdo con la resolución del expediente 421/2011, desahogado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil.
Hasta ahora la sentencia no ha sido cobrada, pero los ofendidos con las acciones abusivas de Agrícola Ohuira no terminan ni se dan por vencidos, pues aseguran, que en el 2016, la resolución aguantó todas las acciones que la agrícola intentó.
“Agrícola Ohuira, Calmsa, Rodolfo de la Vega Valladolid, Alejandro Elizondo Macías y la protección del gobernador, Mario López Valdez y de su secretario general, Gerardo Vargas Landeros nos pusieron en la lona, al igual que a miles de campesinos, obreros, empleados y proveedores, pero finalmente nosotros los vencimos. Ahora, todos deberán pagar la factura, unos con dinero y los últimos con el escarnio público de que serán objeto durante todo lo que les resta de vida política. Es lo justo”, dice Larrínaga Martínez.
