A través de esta carta quiero informar sobre la agresión que sufrí el pasado 4 de noviembre en mi domicilio de la Ciudad de México en el contexto de mi trabajo como reportera de investigación. Dar a conocer públicamente este penoso incidente es la única forma que encuentro para proteger mi vida y la de mi familia; el silencio hace a los periodistas más vulnerables.
Tengo veinte años ejerciendo el periodismo y durante los últimos cinco años, en represalia a mi trabajo enfocado en temas de corrupción, abuso de poder y crimen organizado, yo y mi familia hemos sido blancos de agresiones y actos de intimidación. En al menos tres ocasiones han participado personas armadas.
Estos hechos han ocurrido en el marco del clima de ataques, amenazas y asesinatos contra periodistas en México.
Todas las agresiones las he denunciado formal y oportunamente ante las instancias posibles del Estado mexicano: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (FSP/B/T2/2671/10-12), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH/5/2010/6756/Q,) y en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (A.P.045/FEADLE/2011 y A.P. 179/FEADLE/2013).
En ninguno de los expedientes abiertos por la FEADLE ha habido avances que lleven al esclarecimiento de los hechos y la detención de los responsables, pese a la recomendación general No. 20 sobre “agravios a periodistas y la impunidad imperante” emitida el 19 de agosto de 2013 por la CNDH. Respecto a mi caso específico marcado con la clave V146 la CNDH señalo la ineficiencia y negligencia de las autoridades en las investigaciones de los actos de represalia que he sufrido a consecuencia de mi trabajo.
El 21 de diciembre de 2013 un grupo de al menos 11 hombres armados, que dijeron ser de la Policía Federal y Zetas, tomó control de la calle donde vivo en la zona conurbada del Distrito Federal. Entraron al conjunto habitacional, amagaron a mis vecinos con armas para preguntarles cual era mi domicilio y entraron violentamente a mi casa. No se robaron ningún bien de valor material.
Yo no estaba en ese momento en mi casa, pero en la acción se llevaron y golpearon a uno de mis escoltas y fue abandonado a varios kilómetros de distancia. Pese a que la FEADLE cuenta desde el día de los hechos con material en videos, retratos hablados, testimonios y elementos para hacer una investigación, hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
A consecuencia de estos hechos, la última evaluación de riesgo aplicada en 2014 por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodismo de la Secretaría de Gobernación, determinó que mi situación es de “riesgo extraordinario”.
Por la impunidad de los agresores y el riesgo inminente, en agosto de 2014 me vi obligada a buscar alternativas para poner a salvo a mi familia y encontrar condiciones de seguridad para continuar con mi labor periodística. Actualmente me encuentro en Estados Unidos, colaboro con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California y alterno mi estancia en México conforme las necesidades de trabajo y seguridad.
El miércoles 4 de noviembre de 2015, a plena luz del día, mi domicilio fue violentado por un grupo de al menos cuatro personas, quienes viajaban en un vehículo de modelo reciente. Entre los atacantes visibles hubo un conductor, una mujer y dos hombres.
Pese a que notaron la presencia de cámaras de seguridad, la mujer y los dos sujetos allanaron el conjunto habitacional donde vivo y dejaron sus rostros visibles. Pese al largo tiempo que permanecieron en mi domicilio, el grupo no se robó ningún objeto de valor material pese a que tuvieron la oportunidad de hacerlo. En vez de eso dejaron dentro de mi domicilio una amenaza implícita.
Este incidente ocurre en el marco de la investigación periodística que estoy realizando desde noviembre de 2014 sobre el ataque contra los estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” ocurrido el 26 de septiembre de 2014 y la desaparición de 43 de ellos, con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de UC.
También me encuentro realizando la investigación periodística sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera del CEFERESO No. 1 ocurrida el 11 de julio de este año. La investigación publicada en agosto pasado reveló información que la SEGOB ocultó sobre la fuga y el presunto involucramiento de autoridades de la Policía Federal y el CISEN.
La FEADLE abrió la averiguación previa AP/120/FEADLE/2015 correspondiente a la agresión ocurrida el 4 de noviembre. Pese a que me consta que las autoridades tienen información importante para detener a los agresores y esclarecer el móvil de la agresión y la magnitud de esta, hasta esta fecha la Fiscalía no tiene ningún avance.
Me comuniqué directamente con Ricardo Nájera, titular de la FEADLE, quien el 12 de noviembre pasado me confirmo que no han avanzado.
Sin la posibilidad de conocer la magnitud o gravedad de lo ocurrido, las hipótesis sobre el móvil y diligencias practicadas, me es imposible tomar las medidas de seguridad para salvaguardar mi integridad y la de mi familia.
El 18 de noviembre solicité a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, así como a otras dependencias del gobierno federal, que cumplan con su trabajo de manera imparcial y se haga una investigación rápida y eficaz para esclarecer los hechos y se sancione a los responsables.
Durante años he luchado por no ser un número en la lista de periodistas asesinados. Las agresiones que he sufrido durante cinco años han afectado mi vida y la de mi familia por completo. Pese a eso no voy a abandonar las investigaciones que estoy realizando porque son temas de interés público de los que la sociedad merece estar informada.
19 de noviembre de 2015/ Ciudad de México
Anabel Hernández
