Un video y una demanda por el presunto delito de robo contra su Visitador Adjunto obligaron a la CEDH a “cerrar” su oficina en El Rosario

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) “cierra” su oficina que atendía su Visitador Adjunto, José Alberto Soto Lizárraga, acusado de coludirse con Leticia Guajardo López —extitular del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) de El Rosario—, para proteger a una banda de estafadores chiapanecos, bloqueando las demandas interpuestas contra los presuntos delincuentes.

Desde el 18 enero de 2015, la CEDH fue alertada por la líder de la Colonia Ex Real de Minas, Paula Nava Lozano —afectada en este caso— de que el Visitador Adjunto se había aliado con la entonces titular del MPFC para violar la ley, pero el organismo no actuó durante siete meses.

Apenas la semana antepasada, Miguel Ángel Valdez Zazueta y Cristian Alberto Acosta Padilla, directores del Programa de Atención a Víctimas del Delito y de Contraloría de la CEDH, respectivamente, llegaron al municipio de El Rosario para investigar la denuncia.

Paula Nava les facilitó un video (del que Ríodoce tiene copia) que exhibe a su visitador adjunto José Alberto Soto Lizárraga azuzando a algunos colonos a interponer denuncias contra Paula Nava Lozano, en vez de pugnar por perseguir a los chiapanecos que perpetraron el fraude contra los ciudadanos.

La líder de colonia afirma que Valdez Zazueta la amenazó entonces cuando le dijo que “dentro de poco usted va a ver resultados”.

En su décimo boletín, emitido el 13 de febrero de 2015, desde Culiacán, Sinaloa, la CEDH, en sus “resultados” no informa si separó de su puesto a su Visitador Adjunto ni la verdad jurídica del embrollo perpetrado por la extitular de la AMPFC de El Rosario, para mantener en la impunidad a los estafadores chiapanecos.

El ombudsman informa: “en virtud del recorte presupuestal de más de 10 millones de pesos, sufrido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa en relación a su ejercicio fiscal del año próximo pasado, y ante lo insostenible de la operación y cumplimiento de compromisos adquiridos para el funcionamiento de su oficina en Rosario, Sinaloa, lamentablemente la institución se ve en la necesidad de cerrar dicho centro de atención”.

Nadie creyó lo del “recorte presupuestal” que obligó a la CEDH a cerrar la oficina de El Rosario, aunque la propia visitadora Regional en la Zona Sur, Miriam Hernández Torres, dijo lo mismo al informar a los funcionarios del MPFC.

“Se cierra la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Rosario, pero los ciudadanos pueden ser atendidos en Mazatlán”, dijo Hernández Torres a los funcionarios judiciales, y agregó que es “por falta de presupuesto… eso nos dijeron de allá (en Culiacán)”.

Además del video que evidenciaba la conducta del operador de la oficina de  Derechos Humanos en El Rosario, los funcionarios de la CEDH tuvieron conocimiento de la denuncia judicial interpuesta por Paula Nava Lozano por el robo de 600 metros de cable y una caja de interrupción eléctrica, en contra de Soto Lizárraga y  otras diez personas más.

En la Averiguación Previa 227/2015, recibida el 11 de agosto de 2015 por la AMPFC de El Rosario, se afirma: “hago del conocimiento de este órgano de procuración de justicia, que los señalados como denunciados, el martes 4 de agosto del presente año, siendo  aproximadamente entre las 06:30 y 07:00 antes del medio día se introdujeron al domicilio de la hoy demandante.

“Y al encontrarse en mi domicilio y sin mi autorización, agrega, desconectaron y me robaron la caja para interruptor y los 600 metros de cable aluminio neutro de alta tensión con los cuales se abastece de luz la colonia.

“Los ya señalados se introdujeron a mi domicilio argumentándome que les valía madre lo que yo dijera o hiciera, es por eso que acudo a esta Representación Social a solicitar justicia a mi favor con la finalidad que se castigue a las (y los) responsables del ilícito”, sostiene la denunciante.

Los “resultados” de no hacer bien su trabajo tanto de la entonces titular de la AMPFC, Leticia Guajardo, como del Visitador Adjunto de la CEDH, José Alberto Soto, han hecho que los colonos enarbolen la consiga de “justicia por su propia mano”.

Paula Nava sostiene que lo grave es que cuando los colonos desean declarar ante la AMPFC contra la banda de estafadores chiapanecos comandada por Enrique Santa Ana Reyes, son amenazados de muerte.

Cronología del embrollo

-18 de Enero de 2015. La damnificada acude a la CEDH de Culiacán para denunciar que su Visitador Adjunto de El Rosario junto con la AMPFC, protegían a la banda de estafadores chiapanecos. El Ombudsman calla.

-10 de Julio de 2015. La afectada Interpone una denuncia ante la Visitadora Regional en la Zona Sur, Miriam Hernández Torres, sobre cómo José Alberto Soto Lizárraga azuza a los colonos para que interpongan denuncias contra ella, pero protege a los timadores capitaneados por Enrique Santa Ana Reyes.,

-7 Agosto de 20015. Los directores de Contraloría y del Programa de Atención a Víctimas del Delito, acuden al municipio de El Rosario y reciben un video que exhibe la conducta del Visitador Adjunto acusado y se enteran de que está denunciado por el presunto delito de robo.

-13 de agosto. La CEDH informa mediante su décimo boletín que “cierra” la oficina de El Rosario “en virtud del recorte presupuestal”, pero no dice nada de José Alberto Soto Lizárraga.