Los casi mil obreros del ingenio Mochis no encuentran consuelo, pues lo que más temían está a punto de suceder: el cierre de la factoría y el fin del ícono que dio origen a la ciudad.
La liquidación de activos de Industria Azucarera de Los Mochis y de su filial, Agrícola Ohuira —encargada de la siembra de caña de azúcar y que resulta ser la materia prima de la factoría—, comenzó justo el día en que el gobierno federal anunció la venta de nueve ingenios del país, por incosteables.
“La coincidencia oculta una mega tranza”, concluye Luis Puente Pérez, uno de los tres socios que ideó el rescate de la factoría luego de que la familia García Arce se declarase en quiebra y terminara operaciones en un sorpresivo cierre en diciembre del 2009.
Sesenta días después, empresarios mochitenses cerraron la compra del ingenio, en Veracruz. Una adquisición que alentó a las fuerzas productivas locales, pero que resultó efímera y engañosa, pues tras casi 700 días de operación, los actuales dueños (Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid) simularon asambleas para deshacerse de su socio (Puente Pérez), quien denunció una intriga gubernamental para desmantelar la industria y hacer negocios inmobiliarios con los activos.
La versión de Puente Pérez fue profética, y hoy se anuncia el cierre definitivo del ingenio.
Desde su destierro, el abogado fiscalista se pregunta ¿A qué le estará apostando el gobierno estatal junto con los juniors? Y sólo se responde: a darle en la madre, por capricho, al ingenio azucarero, que le da trabajo a las clases necesitadas de sustento.
“¿Qué tanta suciedad habrá dentro del ingenio como para sacrificar a una entidad y su fuerza de trabajo, sus antecedentes históricos como una fuerza social que son los obreros y productores de caña? El gobernador debe reconocer que se equivocó apoyando a los que se ostentaban como el bando bueno”, afirma.
“Le llegó la hora de su redención, pues el Gobierno del Estado tiene facultad de rescatarlo formalizando un consejo serio y echando a patadas a los que demostraron ser unos pillos”, enfatiza.
El ingenio y la caña como cultivo sí tienen futuro, afirma, pues Brasil demostró que puede con el mercado, ya que por cuestiones de precio puede producir azúcar y etanol en una misma molienda.
En tanto esto sucede, afirmó que continuará su lucha en contra de sus ahora ex socios. “Yo sigo en los tribunales, perdiendo dinero, perdiendo voluntad y todavía creyendo en nuestra justicia que… es muy lenta.”
Ítalo Larrínaga Martínez, el único profesionista que ha ganado sendos juicios a uno de los dos propietarios de Calmsa y de Agrícola Ohuira, pese a la abierta protección gubernamental, afirmó que el ingenio Mochis y su rescate por dos inversionistas locales siempre fue una farsa, pues ocultaron sus verdaderos intenciones en contratos de aparcería que nunca pretendieron cumplir y que fueron producto de una falsa filantropía.
Además de que la supuesta quiebra por falta de precio de la materia prima es una mentira repetida que creo una verdad, que ahora se puede demoler con documentos oficiales, dijo.
“Todo fue un engaño para ocultar un gran negocio: la quiebra del ingenio”.
Para Larrínaga Martínez, la única verdad que existió en toda la trama del ingenio Mochis fueron las declaraciones contundentes de Luis Puente Pérez, quien siempre afirmó que no había tal rescate, que entre el gobierno malovista y los empresarios mochitenses había una coincidencia de acabar con la industria más antigua de la región, la refinación de azúcar.
Cuatro años después de aquella compra y tras prolongados escándalos y constantes denuncias de tratos fraudulentos y compras sospechosas con dinero público, por parte de Mario López Valdez a los empresarios Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid, finalmente el mandatario anunció el cierre definitivo del ingenio azucarero, en la víspera de la inauguración del Centro Regional de Rehabilitación Integral.
Le seguirían después el subsecretario de gobierno, Bernardo Cárdenas, y luego el director de gobierno, Raúl Pérez Miranda.
Unas 24 horas después, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Fausto Rubén Ibarra Celis anunció que el Gobierno del Estado había iniciado el proceso de remate de activos de la Compañía Azucarera de Los Mochis Sociedad Anónima–Calmsa- en beneficio de casi mil trabajadores y jubilados de la fábrica, así como de 85 trabajadores de la filial.
En la primera fase, se trata de obtener nueve millones 800 mil pesos por el remate de las dos terceras partes de un terreno de cuatro mil 200 metros cuadrados cuyo avalúo fue de 14 millones 700 mil pesos.
El pago de las prestaciones laborales está garantizado porque se autorizó el embargo de otros terrenos cuyo valor estimado es de 700 millones de pesos.
