Observan falta de planeación, supervisión y control en el dragado del canal de navegación
El 17 de diciembre del 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen a la Administración Portuaria Integral (API) de Mazatlán en la que notificaba que incumplió con las disposiciones legales para el dragado del canal de navegación del puerto al haber falta de planeación, supervisión y control.
La fiscalía federal pide a la API aclarar el pago de estimaciones sin documentales que acrediten su procedencia por 87 millones 823 mil pesos, además de fincar responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos que no informaron la documentación apócrifa que una de las empresas concursantes presentó.
Se observó falta de precisión a lo asentado en las bases de licitación pública internacional, debido a que en el dragado se consideraron volúmenes de materiales que no se encontraron físicamente en obra.
La API no notificó en tiempo y forma sobre la documentación presuntamente apócrifa presentada por una de las empresas participantes en la licitación, no cumplió con las metas establecidas en las profundidades de dragado y se detectó que la ubicación de zona de vertimiento de dragado no contaba con la autorización de la Secretaría de Marina.
La ASF indicó que el objetivo de la auditoría es comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.
Del monto alcanzado en la cuenta pública 2013 de 129 millones 036 mil pesos, se revisó un monto por 120 millones 862 mil pesos, que representa el 93.7 por ciento respecto al total reportado.
La API Mazatlán determinó realizar el proyecto para lo cual adjudicó el contrato APIMAZ-06-2013, con los convenios modificatorios números APIMAZ-06.2013/1 y el APIMAZ-06-2013/2, para que la realización de los trabajos de dragado, mediante licitación pública internacional número LO-009J2T002-I5-2013, celebraran contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, en el cual se estableció que el dragado debía ser con un periodo de ejecución desde el 21 de octubre al 31 de diciembre de 2013, con la empresa Dragamex, S.A. de C.V.
La Auditoría analizó la documentación y constató que la API incumplió el dragado convenido de un volumen de mil 900 millones de metros cúbicos, solamente alcanzó a dragar mil 130 millones de metros cúbicos y tampoco alcanzó a dragar a las profundidades convenidas desde las bases del contrato, lo cual se confirmó con lo asentado en la nota de bitácora núm. 33 del 10 de diciembre de 2013, en la que la empresa contratista comunicó a la API Mazatlán, S.A. de C.V., que el fondo marino era de material duro y que no se encontraba dentro de la clasificación de materiales considerados en el contrato.
Para la ASF, esa observación denota falta de planeación, supervisión y control por parte de la API, ya que los estudios de mecánica de suelos que sirvieron de base para la elaboración del proyecto, las bases de la Licitación Pública Internacional y el catálogo de conceptos del contrato núm. APIMAZ-06-2013, fueron deficientes.
Señalan a la API incumplimiento de las metas establecidas en la Línea Estratégica del Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Mazatlán y en el alcance establecido en el contrato, por lo que pide la promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en contra de los servidores públicos que realizaron estudios de mecánica de suelos insuficientes.
Asimismo, en el acto de fallo de la licitación pública internacional señalado, se indicó que una de las empresas que licitaron fue descalificada por presentar documentación falsa, respecto al arrendamiento y disponibilidad de la draga de succión de tolva (SEAWAY), pero no hubo pruebas documentales de que el Gerente de Operaciones e Ingeniería de la API lo notificara al órgano interno de control en la API Mazatlán.
La obra observada es la relacionada con el sitio de tiro del material producto del dragado que se localizaría en un punto específico y del que la ASF detectó que se hizo sin contar con la autorización de la Secretaría de Marina para dicho vertimiento y que fue hasta 29 días después que se obtuvo.
Se señala que se estableció un nuevo sitio de tiro para la ubicación de vertimiento, y que la API autorizó para pago el concepto de trabajo fuera de catálogo del contrato original, clasificándolo “Reubicación de Zona de Vertimiento” por un importe total de 1 millón 825 mil pesos, aunque este concepto de trabajo se regularizó con el convenio modificatorio número APIMAZ-06-2013/1.
“Todo está en orden”: Alfonso Gil Díaz
“Son observaciones menores, mínimas, que se están solventando”, aseguró Alfonso Gil Díaz, titular de la API Mazatlán, quien rechazó que se adeuden 87.8 millones de pesos, y que sea un monto que la empresa que hizo los trabajos pretenda cobrar fuera de contrato.
“Son los cálculos de ellos, pero nosotros no estamos de acuerdo (…) eso es lo que pusieron ellos (la ASF) pero si los hubiéramos pagado, entonces sí (habrían cuestionado) ‘¿por qué los pagaste?’”, explicó.
Actualmente la API aporta documentación para solventar la observación a los auditores y demostrar que la empresa que dragó el canal no realizó trabajos fuera de contrato sin consultarlo.
Alfonso Gil expuso que bajo esas condiciones, la empresa continuó con los trabajos sin que nadie revisara las estimaciones que ellos mismos calcularon y que ahora pretenden cobrar.
Sostuvo que la ASF no encontró nada que amerite que estén con el “Jesús en la boca”.
Respecto al confinamiento definido donde sería depositado el material extraído y que fue cambiado de lugar y modificado su costo, insistió que se trata de algo mínimo.
“Y con la Marina todo está en orden, los permisos que nos han dado se han cumplido en todo, normalmente nosotros lo tiramos donde nos autoriza la Marina y así lo hacemos, esa observación no la he visto yo bien, pero es algo no trascendente”, mencionó.
Con relación a la entrega de documentación presuntamente apócrifa por parte de una de las empresas concursantes –y que no fue reportada-, dijo que sí existía tal omisión, pero es una exageración, y descartó que estas observaciones vayan a impactar negativamente en la asignación de recursos para continuar con la obra este año.
“Para mí, exageró (la ASF) fueron, si mal no recuerdo cinco concursantes, lo cuatro primeros cumplían en todo técnicamente y se decidiría por el monto, pero esta otra era la más cara además no cumplía técnicamente, y resulta que sí presentó una carta falsa”, dijo.
La carta falsa aseguraba que la empresa tenía comprometida la renta de una draga, y al no informar la información falsa, incurrió en una omisión, explicó. Ni la API ni la ASF revelaron el nombre de la empresa.
El funcionario de la API ya no labora, porque se jubiló y era una persona extremadamente meticulosa en las revisiones y no se duda de su honorabilidad, dijo.
Resultado de la auditoría a la cuenta pública del Dragado del Canal de Navegación desde la Bocana hasta la Dársena de Ciaboga en el Puerto de Mazatlán
Montos por Aclarar
87 millones 823 mil pesos por aclarar.
Resumen de Observaciones
5 observaciones que generaron 3 recomendaciones, 1 solicitud de aclaración y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Incumplimiento
A la Ley de Obras Públicas y Servicios y su Reglamento.
