julio 20, 2019 6:25 pm

Crónica de una infamia para los Cázarez

BLANCA3

Los acusan de lavar dinero, los encierran cuatro años y luego los absuelven

Francisco Sarabia

Solo bastó que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América publicara en la lista negra de los lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa, nombres y apellidos de las personas y empresas relacionadas con operaciones de dinero, para que los hermanos Efraín, María Tiburcia, Irma Cázarez Pérez y su sobrina Nayely Zazueta Cázarez, quedaran exhibidos públicamente como “delincuentes”.

Esto no fue lo peor: todos ellos fueron privados de su libertad durante cuatro años, víctimas de un “error” cometido por las autoridades mexicanas y estadunidenses, que confundieron a esta familia y la ligaron, por su apellido, con personas relacionadas con el narcotráfico.

La historia de la infamia

Según se asienta en el expediente 537/2012, la historia comienza con un  informe de investigación por lavado de dinero en México y Los Estados Unidos, enviado por la Policía de Los Ángeles, adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE),  el 18 de septiembre de 2006.

A los hermanos Efraín, María Tiburcia e Irma Cázarez Pérez, igual que a su sobrina Nayely Zazueta Cázarez, se  les acusaba de administrar, depositar y adquirir bienes  que sabían, según el expediente de “inteligencia”, tenían un origen ilícito.

A la cabeza de esta supuesta organización de lavado de dinero en Culiacán, aparecía Blanca Margarita Cázarez Salazar (o Gastélum), quien lavaba las ganancias multimillonarias en dólares, derivadas de las operaciones de compra y venta de narcóticos

Estas operaciones involucraban desde contrabando de divisas en bulto que Angélica Cázarez, La Güera dirigía desde Los Ángeles a México; y se utilizaban numerosos negocios de ropa en California para lavar el dinero. Los bultos de dólares los mezclaban con los embarques de ropa que contrabandeaban a México, donde Blanca Cázarez, La Chiquis, los coordinaba desde dos negocios en Culiacán, que denominaba a cada uno “la oficina” y que se sospecha son casas de cambio de su propiedad.

Según la narrativa de las autoridades gringas, desde “la oficina” en Culiacán, se llama a Angélica Cázarez y la instruyen para que recoja las ganancias por venta de drogas a diferentes traficantes en Los Ángeles, California. Después de contar, llama a “la oficina” para reportar la colecta que suma entre 400 y 800 mil dólares americanos

En las investigaciones reveladas por los detectives, se transcribe una de tantas conversaciones telefónicas donde señala que Angélica Cázarez estaría entregando una gran cantidad de dinero del narco a “Mary”, otra mujer identificada después como María Tiburcia Cázarez Pérez, a quien minutos después Angélica entrega una bolsa grande y pesada en la tienda de ropa “Platiní Jean Cougar”, supuesta propiedad de María Tiburcia, en Paramound, California.

De acuerdo con la acusación, los agentes aprovechan que Angélica se dirige a un negocio de mensajería y catean la tienda donde encuentran la bolsa con una suma de 200 mil dólares y cinco kilos de cocaína.

En esas mismas conversaciones telefónicas intervenidas, se identificaron los nombres de Changel Molina; de “Rigo”, que supone proveía de la droga desde Sinaloa; de Francisco Ramos Chávez —esposo de Angélica— y de Gustavo Martínez, que inicialmente se le vio entregando una bolsa grande y pesada a Angélica, y posteriormente otra a Rolando López, a quien los detectives le siguieron y decomisaron cinco kilos de cocaína y 859 mil 800 dólares americanos.

Los mismos informes de investigación del Servicio de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, exhiben fotografías; proporcionan números telefónicos de las hermanas Cázarez Pérez y en un oficio girado el 12 de marzo de 2007, sugieren a la SIEDO y PGR sean investigadas ambas hermanas sobre su presunta relación con Angélica Beatriz Cázarez Gastélum o Salazar y Blanca Margarita Cázarez Salazar, y otros.

Ese mismo año, personal de la SIEDO se desplaza a Sinaloa y ratifica que los domicilios citados en los contratos telefónicos corresponden a las empresas y personas señaladas. Sus hipótesis se confirman cuando el 12 de diciembre, medios electrónicos e impresos de México publican un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos relacionado con la lista negra de los presuntos lavadores del Cártel de Sinaloa encabezados por Blanca Margarita Cázarez Salazar, La Emperatriz, ofreciendo información adicional sobre la lista completa de individuos y empresas coludidos con este ilícito.

En la lista aparecen los nombres de Efraín, María Tiburcia e Irma Cázarez Pérez y la empresa Cazper Importaciones, con domicilio en Culiacán. Cinco días después se les aseguran sus empresas; cuentas bancarias; operaciones bursátiles, de crédito y todo tipo de operaciones en el Sistema financiero Mexicano que involucre a esta personas y a Nayeli Zazueta Cázarez, sobrina de los implicados.

Les aseguraron bienes inmuebles, y demás propiedades ubicadas en el país, particularmente en los estados de Sinaloa, Baja California, Jalisco y el Distrito Federal.

El 25 de febrero de 2008 se ordena a la Policía Federal de Investigación localizar a los tres hermanos y sobrina junto con “Magdelica N.N.”, esta última sin ningún dato para su ubicación.

La presión judicial que caía sobre la familia Cázarez Pérez en Culiacán, fue tal que los hermanos no tuvieron más salida que enfrentar a los tribunales aduciendo todas las pruebas necesarias para sustentar que solo se trataba de una confusión, al relacionarlos consanguíneamente con Blanca Margarita Cázarez Salazar, La Chiquis y Angélica Beatriz Cázarez Salazar, entre otros de los señalados como operadores del Cártel de Sinaloa para el lavado de dinero.

El mismo Efraín Cázarez Pérez, en su afán de desmentir la hipótesis soportada en la investigación iniciada por la policía de Estados Unidos y ahora la de México, se dio a la tarea de elaborar un árbol genealógico con 37 actas de nacimiento de sus antepasados para explicar que no había ningún parentesco con Angélica y Blanca Margarita ni con Víctor Emilio Cázarez, y de paso demostrar que Cazper Importaciones era un negocio familiar sin ninguna relación con el crimen organizado.

En sus declaraciones asentadas en el expediente, los afectados respondieron una por una las acusaciones hechas sobre supuesta defraudación fiscal, sobre llamadas telefónicas que al parecer sostuvieron con personas involucradas con el lavado de dinero.

El 7 de abril de 2009, ya sentenciado, Efraín Cázarez Pérez, insistente en su inocencia por los delitos imputados por la fiscalía, refirió que en repetidas ocasiones se presentaron ante las autoridades él y su hermana Irma con el ánimo de aclarar su situación. Pasó enero, febrero, y nunca tuvieron respuesta.

En marzo de 2008, el agente del Ministerio Público, Roberto Palacios, los recibe cuestionándoles sobre el asunto que llevaban. Le explicaron que solo deseaban aclarar su situación con relación a la “lista negra” publicada por el Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, y ahí mismo se ponían a disposición de la autoridad para ser investigados, confiados en su inocencia.

El Ministerio Público les puso como condición que para tomarles declaración tendrían que llevar a María Tiburcia y Nayelly, y al ver que no tenían ningún inconveniente se presentaron el día y la hora fijada. Se les tomó la declaración ministerial.

Apenas salían de la sala, una orden los deja congelados: “¡Quedan detenidos durante 72 horas para investigación!…”

Asombrados, le cuestionaron al Ministerio Público qué pasaba, por qué hacían esto… Se habían presentado por voluntad propia para enfrentar la justicia y ahora quedaban detenidos… ¿Qué clase de justicia es ésta?, les cuestionaba Efraín.

Pasaron 72 horas y luego les vino un arraigo de 90 días que les hizo comprender cómo funciona la justicia en este país.

En las investigaciones aportadas por la defensa de los indiciados, se revelan irregularidades cometidas por las autoridades estadunidenses y mexicanas en actuaciones al margen de la ley, como el intervenir conversaciones telefónicas sin la autorización de un juez.

Además, en las conversaciones e informes técnicos sobre las actividades que supuestamente involucran a María Tiburcia con Angélica, y todas las actividades que soportan su participación en las operaciones de lavado de dinero, no generan un indicio fundado y menos la certeza de que el dinero adquirido, administrado y depositado por los ahora acusados provenga directa o indirectamente de actividades ilícita y todo queda en el plano de las probabilidades.

Los afectados, junto a la reconstrucción de su árbol genealógico, se dieron a la tarea de conseguir apoyos de amigos y empresarios que les extendieron 79 cartas de recomendación para acreditar la conducta de honorabilidad, hasta ahora cuestionada “débilmente” por la autoridad.

En los dictámenes periciales contables elaborados en mayo y junio de 2008 a favor de Efraín Cázarez Pérez, muestran la evidencia de que fueron producto de la venta de sus negocios de ropa.

Cuando María Tiburcia fue cuestionada por el Ministerio Público federal sobre “Platiní Jean Cougar”, respondió que eran sus proveedores cuando trabajaba en Cazper importaciones y su relación fue estrictamente comercial, al grado que estableció una sociedad con Ali Daoud Ghacham (el dueño), para abrir una sucursal en Culiacán.

Ahí mismo negó tener relación de ningún tipo con las hermanas presuntamente involucradas Angélica y Margarita. A la primera solamente la vio una vez en Estados Unidos y a la segunda solo la ha escuchado nombrar a Emilio Cázarez.

Aclaró que los dólares que compraba para hacer sus operaciones comerciales eran regularmente transferencias bancarias o en casas de cambio, a las que no recuerda su nombre pero que en la facturas venía el nombre de Oscar Javier Pacheco.

Negó conocer a Arturo Meza Gaspar (esposo de Blanca Margarita) y tener amistad con ningún funcionario de la PGR ni de Aduanas. María Tiburcia aportó pruebas documentales sobre sus estados financieros.

Irma Cázarez se negó a responder más preguntas que aquellas sobre su relación con algunas personas sospechosas de lavado de dinero, a las que dijo no conocer y presentó pruebas documentales relacionadas con las operaciones mercantiles y financieras suyas y de la empresa Cazper Importaciones, incluyendo a proveedores de la empresa en Estados Unidos, con quienes frecuentemente hacia transferencias bancarias a favor de las tiendas Hammer; Platiní Jeans; JH California.

Conoció a Magdélica y sus auxiliares cuando ocasionalmente adquirió dólares en la Casa de Cambio Monex. Aclaró que cuando fue detenida —antes de viajar a Estados Unidos— en el aeropuerto de Culiacán, la contadora Magdélica le había comprado dólares en HSBC y decidió llevarlos en efectivo para comprar en Los Ángeles. No manejaba cuenta en moneda estadunidense.

Ahí mismo se deslinda de cualquier relación con los implicados en la operación de lavado de dinero. Lo mismo hizo Nayely Zazueta Cázarez, la última de las inculpadas.

Cuando se realizaron los careos procesales, los acusados cuestionaron duramente al testigo de cargo, Alberto Elías Beltrán, Director Adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, exigiéndole que precisara de qué forma habían ocultado el origen de los depósitos bancarios cuestionados y en qué sustentan sus acusaciones de provenir de dinero del narco. El funcionario se limitaba a decir que no recordaba en qué parte de la denuncia se mencionaba eso.

Lo mismo respondió cuando le cuestionaban en qué sustentaban la denuncia donde se les relaciona con personas que siguen sujetas a investigación por lavado de dinero en Culiacán.

Al no acreditar el Agente del Ministerio Público con plenitud el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el 5 de octubre de 2012, la Jueza Tercera de Distrito en Sinaloa revocó la sentencia y procedió a absolver de los cargos a los tres hermanos y la sobrina, comunicando al Director del Centro de Ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, dejarlos en absoluta e inmediata libertad.

Así fueron absueltos por acusación de lavado de dinero que les formuló en su contra el Ministerio Público federal, poniendo fin a una sentencia que les obligó a permanecer cuatro años en prisión.

A pesar de esto, todos siguen incluidos en la “lista negra” de los gringos.

 

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