Para evitar que los primeros proyectos de asociación público privada en Sinaloa nacieran con un “tufo desagradable”, el viernes 16 de enero, ante la sorpresa de muchos, el gobernador Mario López Valdez anunció un aplazamiento a la solicitud de modificar los decretos 976 y 977 para la construcción de dos hospitales generales en Sinaloa.

En medio de cuestionamientos y críticas de opacidad, López Valdez se comprometió a organizar un foro para la transparencia y el análisis de los proyectos que requerirán una inversión aproximada de 14 mil millones de pesos.

“Es nuestra obligación ir a una mesa, crear un grupo interinstitucional donde estén autoridades de salud, de la Federación, del Estado, donde estén expertos en la materia de edificación de hospitales, expertos en finanzas”, dijo López Valdez el 16 de enero, durante una rueda de prensa.

Tres semanas después, académicos, empresarios, investigadores y algunos legisladores, le tomaron la palabra al gobernador y entonces, el martes 3 de febrero se llevó a cabo el primer foro “Salud en Sinaloa, hospitales APP, retos, riesgos y oportunidades”.

A la cita, convocada oficialmente desde el 26 de enero, no llegó ningún funcionario del gobierno estatal y sólo seis legisladores, de 40 que integran la cámara, atendieron el llamado.

El evento, organizado por el presidente de la comisión de Salud, Víctor Díaz Simental y la fracción del PRD en el Congreso local, no logró reunir ni siquiera al total de los integrantes de las comisiones de Salud, Hacienda y Planeación, responsables de analizar la iniciativa para modificar los proyectos de los hospitales.

De la comisión de Salud, conformada por cinco legisladores, sólo asistió el diputado priista, Luis Fernando Sandoval Morales, y el organizador del evento, Díaz Simental.

El secretario de la Comisión de Hacienda, Adolfo Rojo Montoya, sí acudió al evento y además presentó una ponencia en la que expuso la postura de Acción Nacional en contra de los proyectos. No fue el caso del presidente de la misma Comisión, Óscar Valdez López, quien no acudió.

Ramón Lucas Lizárraga e Imelda Castro Castro, integrantes de la fracción del PRD y la diputada panista, Laura Galván, también estuvieron presentes en el evento que reunió a empresarios, académicos, médicos y estudiantes del área de la salud.

En el orden del día se había enlistado la participación del presidente del grupo parlamentario del Partido Sinaloense e integrante de las comisiones de Salud y Hacienda, Héctor Melesio Cuen Ojeda, sin embargo, el legislador no asistió. Días después explicó que se encontraba fuera de la ciudad en actividades propias de su partido, al igual que los otros dos diputados del PAS.

Las justificaciones.

El secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, justificó su ausencia con la celebración el mismo día de otro evento de mayor importancia, según dijo, una reunión del comité estatal de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Echeverría Aispuro aseguró que en su lugar mandó a dos médicos como ponentes, sin embargo, las personas señaladas por el funcionario no tuvieron una intervención en el foro.

“Yo tenía un evento ese día de la Cruzada contra el Hambre, muy importante, no podía, tenía que dar el informe de lo que está haciendo la secretaría”.

Aseguró que el gobierno estatal ya prepara un foro “más amplio y más participativo”, aunque dijo que aún no se puede precisar la fecha.

Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, también garantizó la organización de más encuentros para analizar los proyectos, pero tampoco definió fechas o participantes específicos.

“Estamos por construirla (agenda) pero de manera muy coordinada con el Ejecutivo, incluyendo la participación ciudadana. No tenemos fecha pero la vamos a buscar en el corto plazo”, dijo.

Hernández Chávez justificó su ausencia al señalar que se encontraba fuera de la ciudad.

“¿Hubo línea para que los diputados priistas no acudieran?”, se le preguntó al coordinador priista.

“Si hubiera línea no hubiera ido ninguno, cada quien es libre de entender y aceptar las invitaciones”, enfatizó.

Con fecha 26 de enero, las invitaciones para participar en el foro fueron entregadas a cada uno de los 40 legisladores y a la Secretaría de Salud del Estado.

En el documento, del cual existe copia con sello de recibido, se invitaba a participar con una ponencia de hasta cinco minutos de extensión y tema libre.

El martes 3 de febrero, a lo largo de cuatro horas, ciudadanos como David Moreno Lizárraga, presidente de Parlamento Ciudadano; María Guadalupe Ramírez Zepeda, vicepresidenta de la Sociedad Sinaloense de Salud Pública; Jaime Pun Hung, integrante de la Comisión de Cabildeo de Coparmex; Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa; Luis Enrique Pun Hung, vicepresidente de Coparmex; Arturo Sánchez, Benjamin Galindo, Juan Lorenzo Espino Villalobos, entre otros, analizaron los proyectos hospitalarios desde aspectos jurídicos, de salud, transparencia y rendición de cuentas, derechos humanos y planeación urbana.

*Extractos de las participaciones.

APP, una mala inversión

Ampliar el sistema de salud en Sinaloa a través del esquema de asociaciones público privada representa una mala inversión, mucho más costosa, advirtió la investigadora Asa Ebba Christina Laurell.

La especialista en APP criticó además que la información proporcionada por el gobierno del Estado, respecto a los dos proyectos para construir hospitales generales, es opaca y muy confusa.

Indicó que no pudo realizar un análisis detallado de los proyectos en Sinaloa, debido a que la información que existe no es clara.

“Los datos que se han dado son muy confusos para Sinaloa, yo he hecho algunos cálculos preliminares pero no estoy segura que los datos sobre los que he hecho los cálculos son correctos porque hay mucha opacidad en lo que han estado dando”.

Acusan violación del proceso por el Ejecutivo

El representante legal de Marhnos Infraestructura, Alejandro Morales Heiser, empresa constructora que impugnó los procesos de licitación en los proyectos de los hospitales para Mazatlán y Culiacán, aseguró que la modificación a los decretos 976 y 977, sería una violación flagrante al proceso licitatorio al presentarse un cambio en las reglas del juego, generando desigualdad entre los participantes.

En su intervención, Sandro Testelli, director de desarrollo de Marhnos Infraestructura, acusó que todo el proceso de licitación en el que además de dicha empresa participaron once más, fue un proceso rápido, complicado y difícil, en el que se toparon con retiradas negativas de parte de las autoridades estatales.

“Somos una empresa que nos dedicamos a la construcción, por eso la propuesta ante la convocante  fue ‘no está bien hecho, hay que hacer las cosas bien’, es mejor modificar las cosas ahorita que lo que estamos viviendo, finalmente hoy no hay hospitales ni se puede hacer absolutamente nada”, señaló el directivo.

Se pronuncia PAN en contra

Adolfo Rojo Montoya, coordinador del grupo parlamentario del PAN:

“Se trata de un asunto de salud financiera para el estado, se trata de endeudar al estado, así de claro. Y en Acción Nacional no estamos de acuerdo con esta propuesta”

Resaltó que el proyecto de la construcción de los dos hospitales se ha visto rodeado de tropiezos, opacidad y que es necesario no olvidar que el ejercicio de APP son recientes para Sinaloa, un estado que no tiene la experiencia suficiente para llevarlos a cabo.

Sin viabilidad urbana para hospital de Culiacán

El especialista Benjamin Galindo, señaló que en el caso del proyecto para Culiacán no existe viabilidad urbana en el terreno donde se pretende edificar el nosocomio.

La falta vialidades y rutas de transporte público, así como la inversión que esto requiere, hacen que la ubicación proyectada sea inaccesible para el ciudadano.

“Seria necesario realizar grandes inversiones en materia de vialidades para facilitar la accesibilidad de los usuarios o derechohabientes, además de crecer o reestructurar las diferentes rutas de transporte público para evitar desalentar el uso tan intenso del automóvil”, declaró.

Hay intereses oscuros en la crítica, afirma Malova

Mientras tanto, en Los Mochis, el gobernador dijo que “alguien” pretende satanizar los hospitales de Culiacán y Mazatlán que se pretenden construir bajo contrato de Asociación Público Privada.

Y consideró que en esa crítica “hay intereses de otro tipo, ajenos a la medicina pública; porque no se atienden en hospitales públicos”.

Sostuvo que las críticas tienen orígenes oscuros, y reconoció que el Gobierno del Estado quizá se equivocó en el cabildeo del tema.

Los contratos de Asociación Público Privada son la mejor opción que Sinaloa tiene para que la medicina pública no colapse. “Los hospitales públicos de Sinaloa están rebasados”, justificó.

Reconoció que puede existir una falla en la transparencia del tema y para solventarla alegó que enviará toda la información disponible al Congreso del Estado para que sean ellos quienes finalmente aprueben o rechacen los contratos de asociación público privada.

“Enviaré todo lo que se critica, costos, beneficios, garantías de obra, quiénes son los proveedores, toda la información para transparentar el asunto, porque sería una lástima que al final Sinaloa se quede sin esos hospitales”.