mayo 16, 2021 9:12 PM

Estrellas salpicadas: acusado de proteger al ‘Chapo’ Isidro comisionado en Michoacán

General Felipe Gurrola a Amichoacán. Misión imposible.
General Felipe Gurrola a Amichoacán. Misión imposible.

La Secretaría de Gobernación nombró a un enemigo del Cártel de Sinaloa como Comisionado de Seguridad Federal en Michoacán. El general Felipe Gurrola Ramírez fue comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, y se le acusó de proteger a Fausto Isidro Meza Flores, el Chapito.

Meza Flores es jefe de una fuerte célula de la organización criminal de los Beltrán Leyva, enemigo acérrimo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, e Ismael Zambada García, el Mayo. Sus operaciones alcanzan varios municipios del norte de Sinaloa, entre ellos Guasave, Sinaloa, Ahome y El Fuerte. Y su influencia se extiende por lo menos hasta el sur de Sonora.

“General Gurrola atemorizaste y mataste a María Susana Flores y todavía sigues matando gente inocente, señor Secretario de la Defensa que se investigue a ese General porque lo único que se ha hecho es pisotear los Derechos Humanos, matar, torturar gente inocente, así como mataste a María Susana Flores y muchos más, señor Presidente con todo respeto investigue al General que no debería estar en el Ejército si no en la cárcel, atte Cholo Ivan”, fue el mensaje plasmado en una de las mantas en mayo de 2013, en la ciudad de Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado.

Fue esa la forma de recordar el homicidio de María Susana Flores, Señorita Sinaloa 2012, ultimada durante un supuesto enfrentamiento del 42 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, cuyo jefe era Gurrola Ramírez.

Narcomanta en Guamúchil. La respuesta del Cholo Iván.
Narcomanta en Guamúchil. La respuesta del Cholo Iván.

En las cercanías de la comunidad El Palmar de los Leal, municipio de Mocorito, la reina de belleza levantó las manos en señal de rendición y de acuerdo con testigos gritó “¡No disparen!”, pero los militares accionaron sus fusiles automáticos y le dieron muerte. Ella iba en el convoy que perseguían los uniformados y al frente de ese comando estaba Orso Iván Gastélum.

En las primeras declaraciones públicas, las fuerzas armadas explicaron que la joven fue abatida porque portaba un arma larga.

Conocido como el Cholo, Gastélum es el operador del Cártel de Sinaloa en los municipios de Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito. Responsable de controlar el narcomenudeo en la región, quitarle influencia al Chapito y evitar que éste y sus fuerzas traspasen la frontera entre estos municipios y lleguen a Culiacán.

Y fue el Cholo quien encabezó, luego de este asesinato, una campaña para llamar la atención de los medios locales y nacionales, y desprestigiar al comandante Gurrola, a quien acusó de proteger a su enemigo, el Chapito. En la pugna, también hubo golpes públicos en sentido contrario.

“Señor Secretario de la Defensa Yo el cholo Iván mis respetos pal ejercito yo lo que he hecho es defenderme mientras el culpable de lo que sucedió es el General Gurrola es el que a hecho es gente inocente y violar derechos humanos el es el que debería estar en la cárcel no en el ejercito ya que es el único feminicida y homicida y violador señor secretario con todo respeto investigue quien es ese General Gurrola para que se de cuenta quien es en realidad cheque el debate el día 28 de mayo ya que se niega que el mando tirar volantes en los helicópteros y como también niega que el mato a María Susana Flores quien es el feminicida? ATTE: El Cholo Ivan”.

Panfleto tirado desde helicópteros. Campaña mediática.
Panfleto tirado desde helicópteros. Campaña mediática.

Esta leyenda, que apareció en volantes y mantas en la región, fue respuesta a los mensajes impresos en volantes que fueron arrojados desde helicópteros militares en los municipios de Culiacán, Navolato, Mocorito y Salador Alvarado. En los mensajes, se acusó a Gastélum de asesino, secuestrador y feminicida y se llamó a la ciudadanía a denunciarlo.

“Homicida, feminicida, ladrón, secuestrador, extorsionador, sicario, violador y narcomenudista. Tu denuncia es anónima”, fue le acusación, aunque el ejército negó estar detrás de esta campaña.

Dos días tardó la respuesta. A través de una manta colgada en la ciudad de Guamúchil, el Cholo dijo:

“YA ERA SABIDO DEL LADO QUE ESTAN XQ TAPIZAN GUASAVE CON FOTOS DEL CHOLO IVAN Y LAS DEL CHAPO ISIDRO DONDE ESTAN…”.

El exilio

El general Gurrola ocupó en enero de 2012, de manera interina, la comandancia de la Novena Zona Militar, en sustitución Moisés García Melo, quien fue enviado como jefe de la Tercera Región Militar. Días después desapareció y se supo que operaba un grupo especial contra el narcotráfico desde el 42 batallón de Infantería, con sede en la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

Fue desde ese puesto, en las sombras, que se dieron los constantes enfrentamientos entre la milicia y las células comandadas por el Cholo Iván.

En diciembre de 2013, en medio del escándalo que produjeron estos enfrentamientos a fuego y plomo y también mediáticos, se supo que el general Gurrola estaba asumiendo la titularidad en la comandancia de la Octava Zona, con sede en Reynosa, Tamaulipas.

 

Michoacán a la vista

El gobierno de Enrique Peña Nieto nombró a Alfredo Castillo Cervantes comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, en enero de 2014. El nombramiento se dio luego del avance y fortalecimiento de los cuerpos de Autodefensa, cuyo actuar —espontáneo y ciudadano— tuvo como objetivo combatir a las organizaciones criminales y abatir los índices de asesinatos, extorsiones, violaciones y secuestros, perpetrados en esa entidad sobre todo por el cártel de Los caballeros templarios.

La penetración del crimen organizado llegó a tal nivel que controló y obtuvo ganancias de actividades económicas importantes de Michoacán, como la cosecha de aguacate y otros cultivos —incluso su exportación— y la intervención de las tesorerías municipales, a través de servidores públicos, la policía y de los mismos alcaldes, quienes cedieron por estar involucrados o por amenazas.

Ante la crisis de gobernabilidad que se generó en Michoacán, reflejada con la detención de decenas de alcaldes y de la ulterior dimisión-destitución del gobernador Fausto Vallejo, el gobierno federal envió a Castillo para “recomponer” y tomar el control de la vida política estatal, a partir de actos contra la inseguridad y la violencia.

Luego de realizar actos conjuntos —que más bien fueron de simulación—, Castillo anunció la desaparición y desarme de los grupos de Autodefensa para crear la Policía Rural, en abril de 2014. También alimentó los desencuentros con sus disidentes y fue pieza clave para la aprehensión de José Manuel Mireles, a mediados del año pasado, uno de sus principales líderes y crítico del gobierno federal. Como él, de acuerdo con datos en manos de sus abogados, hay en el país alrededor de 380 presos políticos.

Pero Castillo no logró instaurar la paz ni el estado de derecho en Michoacán, sino inaugurar nuevas formas delictivas y conflictos: las pugnas entre fracciones de la Policía Rural, fuerza creada por el mismo comisionado para regularizar y someter a las autodefensas.

Al margen del abatimiento y captura de algunos presuntos capos de cárteles locales, Michoacán cerró 2014 con un índice de 34 mil 911 delitos denunciados hasta noviembre, cifra mayor respecto a los años anteriores. Esta incidencia se acerca a la alcanzada en 2009, con 41 mil delitos denunciados.

Además, ante la supuesta desintegración de organizaciones como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, hay una reintegración de los grupos delictivos, agrupados en Los Viagras y Los G3.

En ese contexto llega el general Gurrola a esa entidad, en la que estará al frente, junto con autoridades locales, de cerca de 6 mil policías: entre los nuevos cárteles, graves manifestaciones violentas, la degradación de la vida estatal —corrupción, complicidad y constantes violaciones a la ley—, y esa sombra que lo sigue desde su paso por Sinaloa: la protección de una organización criminal, la del Chapito Isidro, en perjuicio de otra, la del Cártel de Sinaloa.

 

ALFONSO DUARTE MÚGICA. Escándalo en las redes.
ALFONSO DUARTE MÚGICA. Escándalo en las redes.

 

La otra guerra del General Duarte

 

Nelda Ortega/Mazatlán

 

El primer discurso oficial en un acto público del general Alfonso Duarte Múgica fue, como era de esperarse, institucional y apegado a la disciplina castrense.

Múgica Duarte recibió en 2012 el ascenso a general de División Diplomado de Estado Mayor tras 42 años de servicio, en una polémica promoción que se habría dado fuera de tiempo, como una estrategia del ex mandatario Felipe Calderón por favorecerlo para darle continuidad a su estrategia de combate contra el narcotráfico.

El sábado 17 de enero pasado, al tomar el mando de la Tercera Región Militar, (que comprende los estados de Durango y Sinaloa y tiene sede en Mazatlán), dijo que buscará estrechar la coordinación con las autoridades para continuar incrementando y garantizando la seguridad de la ciudadanía.

Pero luego, Duarte Múgica reunió en una oración dos aspectos críticos que han acompañado como sombra a las actividades militares y a él en particular, en los últimos dos años: apertura con los medios de comunicación y respeto por los derechos humanos.

“Quiero resaltar solamente que todas las actividades que vamos a ver se van a llevar a cabo con pleno respeto a la ley y a los derechos humanos, creo que estamos preparados para poder salvaguardar la seguridad de estas dos entidades y nos ponemos a disposición de todos los medios de comunicación y de derechos humanos, precisamente para estrechar la coordinación en beneficio de la ciudadanía”, expuso.

La insistencia manifestada por el respeto a los derechos humanos en los últimos segundos de su discurso no es fortuita.

Al general le anteceden escándalos mediáticos ventilados no sólo en la prensa local y nacional, sino también en las redes sociales y videos en youtube, en el que se observan desde operativos hasta el polémico video que Telemundo subió a internet con 13 mil 990 reproducciones, en el que el General llama la atención al ahora ex secretario general de gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona, a quien califica de borracho, grosero, irrespetuoso y confianzudo frente al entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán, en plena celebración del 15 de septiembre.

En una transmisión en vivo del canal oficial del gobierno del estado de Baja California, el general le advierte al secretario que no es bienvenido en las instalaciones de militares, al mismo tiempo que refrenda su respeto al ejecutivo estatal.

El incidente no trascendió institucionalmente ni para el Gobierno del Estado de Baja California ni para el General, de quien se creó una cuenta en redes sociales, una fan page de Facebook con 155 simpatizantes.

Pero Duarte Múgica llegó a Mazatlán, pese a la solicitud que Osuna Millán hizo al presidente Enrique Peña Nieto para que lo mantuviera en la entidad.

Las acusaciones

El 19 junio del 2011, la revista Proceso publicó “El silencio del general”, un reportaje en el que se refieren las pugnas al interior del gabinete de seguridad y el fiasco del “caso Hank” quien provocó, con su libertad, que Felipe Calderón le propinara al Ejército una vergonzosa derrota, luego del operativo en el que participó Duarte Múgica.

“El peor parado fue el general de brigada Gilberto Landeros Briseño, comandante de la Segunda Zona Militar con sede en Tijuana, quien la noche de la detención del empresario y político mexicano Jorge Hank Rhon, el 4 de junio, se apersonó en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esa ciudad fronteriza para presentar, junto con algunos de sus hombres que participaron en el operativo, los cargos contra Hank por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

Luego del revés judicial en el que la juez Noveno de Distrito en Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, decretara la libertad de Hank Rhon y sus escoltas porque su detención ocurrió en circunstancias distintas a las que reportó el Ejército al Ministerio Público Federal, la procuradora General de la República, Marisela Morales, tuvo que decir que Calderón “no estaba enterado” del operativo, sino que lo supo el día de la detención.

En este operativo participó Alfonso Duarte Múgica con el cargo de comandante de la Segunda Región Militar con sede en Mexicali, desde donde el Ejército cubre los estados de Baja California y Sonora.

En otra edición de la revista Proceso se señala que para el ascenso de Duarte Múgica, ordenado por Felipe Calderón el 19 de febrero, Día del Ejército, no estorbaron las 25 demandas por tortura radicadas contra el General, en la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJBC) ni las menciones que de él se hacen en la recomendación 87/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también por tortura.

Mucho menos el fallido operativo contra el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon en junio de 2011, en el que una juez federal concluyó que tropas del Ejército rindieron informes falsos para incriminar al dueño del Grupo Caliente.

Se pasó por alto que como responsable militar de Baja California, Baja California Sur y Sonora fue incapaz de detener a Joaquín el Chapo Guzmán cuando el capo estuvo en San Quintín y en Los Cabos durante 2011.

Tampoco importó que en septiembre de 2011 se difundiera un video en el que se advierte la prepotencia de Duarte Múgica ante funcionarios civiles, cuando “regañó” al entonces secretario de gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona.

Versiones recabas por Proceso con altos mandos del Ejército indican que Duarte es reconocido como un militar protagónico, de mano dura, tolerante con los violadores de los derechos humanos, pero hábil para manejar a su favor a los medios y a los grupos empresariales, sobre todo los que simpatizaban en su momento con la política de seguridad del gobierno de Calderón.

DERECHOS HUMANOS. Recomendaciones fallidas.
DERECHOS HUMANOS. Recomendaciones fallidas.

Quejas y recomendaciones “menores”

En el sitio web de uniradioinforma.com está publicada una entrevista en la que Duarte Múgica califica de ínfimas las quejas presentadas por violación de derechos humanos, comparada, dice, con la cantidad de operaciones, “que son millones que han resultado en estos cinco años, frente a 656 de derechos humanos y seis recomendaciones”.

La declaración del mando castrense fue en referencia al balance que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de los cinco años de gobierno de Felipe Calderón.

Representantes estatales de la CNDH en Baja California describieron que los casos más recurrentes en la entidad fueron cateos sin órdenes de aprehensión, allanamiento de morada, abuso, lesiones, robos y daños en propiedad ajena.

Recomendación nacional

Al menos 25 personas fueron detenidas en diferentes momentos entre el 17 y el 31 de marzo de 2009.

Coincidieron ante la CNDH que a su llegada a instalaciones militares fueron cubiertos de los ojos con vendas o cinta adhesiva, para empezar a ser maltratados física y psicológicamente a través de diferentes técnicas.

Las quejas en las que se señalaron como agraviados dos ciudadanos y 23 elementos de la Policía Municipal de Tijuana, Baja California, y que dieron origen al expediente CNDH/2/2009/1399/Q, señalan violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad, a la seguridad personal y a la libertad personal, por hechos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación, tortura y atentados contra la libertad sexual.

Aunque la CNDH no tuvo acceso al parte médico de cada afectado —sólo a transcripciones— y de que algunas de las víctimas no presentara lesiones físicas según lo informado por la PGR, no fue obstáculo para determinar que fueron objeto de tortura, debido a que “las técnicas de maltrato físico y psicológico utilizadas por los elementos del Ejército Mexicano responsables de los presentes hechos tratan de evitar, justamente, dejar huellas físicas evidentes”.

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