Con el presente artículo, en el que se aborda la problemática que enfrentan los Pueblos Mágicos de nuestra región, iniciamos una serie de reflexiones que esperamos contribuyan a la discusión de qué hacer con nuestras ciudades, como una forma democrática de “construir ciudad” y por ende ciudadanía.
Como facultad de arquitectura, desde mediados de la década de los ochentas del siglo pasado, hemos realizado estudios del patrimonio urbano arquitectónico sinaloense a partir de diversas acciones en pos de la conservación del Centro Histórico de Culiacán, como el proyecto de restauración del Edificio Civil Rosales y posteriormente los estudios realizados en ciudades sinaloenses que hoy son Pueblos Mágicos, como son El Rosario, Cosalá y El Fuerte, en Sinaloa, y Álamos, Sonora.
El Programa Pueblos Mágicos comenzó su implementación durante la presidencia de Vicente Fox en el año 2001; oficialmente se encuentra enmarcado en la Agenda 21 para el Turismo Mexicano (2013), y declara entre sus principales objetivos el “Proponer estrategias y acciones en el corto, mediano y largo plazo, para fortalecer la dinámica de los destinos turísticos, trabajar hacia el desarrollo sustentable de la actividad, consolidando el bienestar del ser humano, preservando el medio ambiente y la cultura, así como optimizar los beneficios económicos y sociales de las comunidades”.
Este programa se sustenta tanto en el turismo alternativo como en el cultural, y se concibe como una actividad complementaria al turismo de masas, del conocido como sol y playa; propone adentrarse en localidades pequeñas, menores a cien mil habitantes, con una tradición turística, que cuenten con un patrimonio cultural sobresaliente, enmarcado por un entorno natural histórico.
Sin embargo, después de dos sexenios de su aplicación en los diferentes pueblos mexicanos que han sido declarado “Mágicos”, este programa es objeto de discrepancias proveniente de diversos sectores ligados a la actividad turística, académica o de los propios habitantes de estas localidades.
Expresiones periodísticas y empresariales muestran abiertamente su crítica, como ejemplo el artículo periodístico “los abaratados pueblos mágicos” realizado por el periodista Gustavo Armenta (2013) para quien “…comenzaba a haber demasiados, varios de los cuales no parecían cumplir con los requerimientos necesarios para tener esa categoría, por lo que me daba la impresión que en la Secretaría de Turismo estaban aplicando un criterio político a la hora de seleccionarlos, con el fin de tener contentos a todos los gobernadores”.
Otro comentario aparece publicado en la revista “Real Estrategy”, escrito por el presidente de la Confederación Nacional Turística, Jorge Hernández Delgado, quien enfatizó: “De 83 entidades que forman parte de esta lista, ninguna ha conseguido una actividad turística destacable en los últimos meses, lo que se refleja en los reportes de los agentes de viajes, restauranteros e incluso hoteles (…) no se trata que la entidad sólo reciba un nombramiento por su imagen, sino debe exigirse una infraestructura básica de accesibilidad, hotelería y oferta turística compuesta por elementos culturales, gastronómicos (…) que puedan brindar un agregado a la experiencia del turista …”
En otra nota periodística, el actual secretario de Turismo de Sinaloa, Francisco Manuel Córdova Celaya, mencionó que “En El Fuerte y Cosalá se han invertido, en cada uno de ellos, más de 100 millones de pesos para fomentar el turismo y no hemos visto los resultados que quisiéramos”.
La necesidad de una forzosa revisión de este programa es, también, compartida por la Secretaría de Turismo a nivel federal. Durante los años 2013 y 2014 no se han incorporado ni dado de baja ninguno de los pueblos pertenecientes al programa. En el marco del día internacional del Turismo, el pasado 27 de septiembre, se dieron a conocer las nuevas reglas de operación, las cuales esperamos que sean más acordes con el discurso de la Agenda 21 para el Turismo Mexicano y que sean cubiertos los grandes vacíos de las anteriores reglas: proteger el medio natural, evitar la degradación del Patrimonio Urbano-arquitectónico, y principalmente, que el turismo traiga un beneficio a la población local.
*Doctor en Arquitectura, catedrático de la Facultad de Arquitectura, UAS.
