junio 21, 2021 8:28 PM

Simulación eductativa

El ritualismo ha sido uno de los rasgos distintivos de la cultura política predominante en México. Es una práctica que reviste múltiples y diversas formas, encaminadas a dotar al poder de una legitimidad que no le otorga la eficacia de sus acciones y políticas públicas. Se pueden considerar más cercanas a una monarquía que a un régimen republicano. Además, están asidas a raíces muy resistentes y huelen mucho a viejo régimen.
Entre ellas se pueden identificar las suntuosas ceremonias de los informes de gobierno, que los cambios de formato sólo atenuaron pero sin suprimirlas. También los discursos de las campañas electorales y en general el discurso político y gubernamental, en los que predomina la estridencia sobre el contenido real. El mismo fenómeno se presenta con las leyes: se expiden para aparentar voluntad de modernización aunque muchas veces se trate sólo de paja legislativa que no impacta la vida cotidiana de la población, pero sirve de material para los informes. O las colocaciones de primeras piedras de obras tan futuras que en muchos casos nunca se realizan.
Igual que sucede con varias costumbres políticas, en Sinaloa estas prácticas son deformadas hasta el oprobio, como son los casos de los faraónicos, así calificados por sus mismos aduladores, festejos de los cumpleaños de los caciques sindicales del magisterio y uno que otro aspirante a candidato a algún cargo de elección popular.
Una de sus caras es la simulación. Se utiliza para aparentar buenos resultados de una gestión, pero es más propaganda que realidad. Un auténtico disfraz, como de carnaval.
Su versión más reciente es la denuncia sobre la situación irregular de miles de plazas en el sector educativo nacional a la que, obviamente, no escapa Sinaloa. La información oficial procede del gobierno federal pero en Sinaloa la hizo pública un político panista a nombre de la organización civil “Mexicanos primero”. Es una paradoja que en este tema ahora pongan el grito en el cielo algunos de los principales beneficiarios y más recientes impulsores del desvío de recursos públicos federales, en cantidades infames, a la cúpula sindical del magisterio, particularmente a Elba Esther Gordillo, presa no por corrupción sino para neutralizar resistencias mayores a la “reforma educativa” peñista. Con toda la indefensión que le significa estar tras las rejas, aunque su celda sea de lujo, sus riquezas mal habidas permanecen intactas, así como está sin tocar el control autoritario del sindicato.
No menos paradójico, rayando en el absurdo, resulta el hecho de que ahora el gobierno se cense a sí mismo. Se dice que la información de las plazas irregulares en el magisterio son producto de un censo encargado por la presidencia de la república al INEGI, como si no fuera el gobierno federal quien estuviera en poder de una información que, aunque fluyera a retazos, ya era un secreto a voces. No se ocupaba una reforma constitucional para destronar a una lideresa corrupta, poner orden en la nómina docente y regularizar y transparentar la relación entre el gobierno y el sindicato. Lo que hacía falta, y siempre lo ha hecho, es voluntad de los gobernantes mexicanos para cumplir con eficacia y limpieza sus funciones acatando la ley.
Pero como el corporativismo sindical magisterial constituye una poderosa herramienta electoral, al grado de haber contribuido de manera decisiva en la entronización de Calderón en la silla del águila en el 2006, los gobiernos no han dejado de aceitarla con enormes recursos que hacen falta para cubrir necesidades sociales realmente apremiantes, empezando por la propia educación pública nacional. Por encima de ellas se ha impuesto el interés electoral, que cuando se convierte en un fin en sí mismo se torna mezquino. Las decenas de miles de comisionados sindicales y aviadores, mayoritariamente cuadros del PRI y su sucursal Nueva Alianza, a cargo del erario y no de las cuotas de sus agremiados no sólo son ilegales sino reflejo de la corrupción que degrada cada vez más al país y una muestra más, aunque no la mayor, de la persistente inequidad que sigue manchando las elecciones mexicanas.
La forma en que el gobierno está abordando el asunto de la nómina magisterial encierra más una intención simuladora que una real voluntad por modernizar esta parte del sector de la educación pública. No es que se pida que con una sola decisión llegue dicha renovación. Se entiende que se trataría de un proceso. Lo que no se ve todavía es la primera acción seria que realmente vaya en un sentido modernizador, es decir, progresista y democrático.

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