Tribunal Agrario amafiado con Jiquilpan, denuncian

El caso de probable corrupción de las autoridades ejidales de Jiquilpan, en el corazón de la ciudad, subió de tono, tras una lucha legal de cinco años.

Los ejidatarios robados y desplazados por las autoridades del ejido Jiquilpan denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública, en el Supremo Tribunal Agrario, en la Secretaría de Gobernación y en el Palacio de Gobierno, a los magistrados del Tribunal Agrario número de 27, en el conflicto de intereses entre funcionarios con un caso de despojo de tierras de uso común y de la dotación.

La estafa alcanzaría un monto de 200 millones de pesos y afectaría directamente a casi 300  campesinos afectados mediante maniobras fraudulentas de la entonces secretaria de la Comisariada Ejidal, Gloria Manuela Valdez Rodríguez, en complicidad con el ex líder, Daniel Biul Ruelas y la actual dirigente, Gloria Ruiz.

Hasta ahora, ni Valdez Rodríguez ni Ruiz han dado la cara a las denuncias en su contra y han permanecidos ocultos.

De acuerdo con los directivos del Grupo de Desconocidos y Robados del Ejido Jiquilpan, Jesús Flores González, María Isabel Soto Valdez, Víctor Airola Hernández, Humberto López, Crisóforo Galaviz Higuera y Daniel Humberto Ibarra Rodríguez, las denuncias involucran directamente al magistrado presidente del Tribunal Unitario Agrario número 27 de Guasave y a su secretario de acuerdos, quienes en junio del 2013 dirigían la instancia y que sin recato alguno alardeaban de que no habría sentencia adversa a las directivas del ejido Jiquilpan mientras fluyera el dinero.

El alarde ha sido efectivo hasta ahora.

Así, los expedientes 940/2010, 941/2010 y 1429/2011 fueron acumulados indebidamente y sentenciados como improcedentes, porque los demandantes que exigían la restitución de sus derechos campesinos no eran ejidatarios de Jiquilpan.

Mañosamente, el secretario de acuerdos y el presidente del Tribunal Agrario número 27 dieron valor a una acta de asamblea del 29 de julio del 2001, en la que se desconoce como ejidatarios a 350 miembros, de los 526 fundadores del ejido, por haber obtenido el dominio pleno de su parcela, haberla vendido o haber sido expropiados sus terrenos, además de que no existían las tierras de uso común sino de infraestructura. El cambio de uso de suelo se realizó el 17 de septiembre de 1995, cuando llegó el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios (Procede).

Una vez depurado el padrón, la venta de parcelas y de excedentes se aceleró, según los denunciantes.

Y es que fueron vendidas mil 900 hectáreas, de las cuales mil 500 están enclavadas en la zona de desarrollo urbano y 400 hectáreas en la zona de primera calidad, además de drenes en uso y canal en desuso, y excedentes.

Las ventas, afirman los denunciantes, fueron cerradas con títulos agrarios clonados. De entre otros, se han beneficiado al ex alcalde Esteban Valenzuela García; el empresario y supuesto socio de una cadena de periódicos, Nemesio Artola Sada; familiares del ex regidor Mario Hilario Flores Leyva; la propia ex líder, Gloria Manuela Valdez Rodríguez; Manuel Astorga y el agricultor Efraín Edmundo Murrieta. También se han aprovechado la empresas Serdi, Universidad del Valle de El Fuerte y cadenas comerciales, así como el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Ahome, quienes históricamente han invalidado los decretos de expropiación de las colonias Tabachines, Memorias, Malvinas, entre otras.

Ibarra Rodríguez dijo que pese a las complicidades de los funcionarios agrarios y al poder económico de los que se beneficiaron con las ventas fraudulentas de terrenos ejidales, el grupo no se desinfla y mantendrá la lucha legal por resarcir sus derechos.

“Hay confianza en las instituciones de gobierno federal para que lleven a cabo las investigaciones de las demandas, se sancione a los funcionarios corruptos y a los líderes corruptores y se repongan los procedimientos legales, tramposamente acumulados.

“Ya les ganamos un juicio en amparo, y los derechos de algunos ejidatarios depurados fueron restituidos. Con eso se inician otros juicios para anular decretos, cancelar ventas de terrenos y revenderlos a precios reales, distribuir el dinero entre los depurados y dar por concluido el capítulo negro de corrupción ejidal, además de pensar en encarcelar a las que se aprovecharon de la buena fe de los campesinos”.