La complacencia que infectó a la Secretaría de Salud
Por años, la Secretaría de Salud de Ernesto Echeverría Aispuro fue intocable, por lo menos en el Estado. Desde afuera, desde la Auditoría Superior de la Federación, los malos manejos fueron señalados desde el inicio del sexenio y una y otra vez cada año.
Tan sólo entre 2011 y 2012, la ASF presentó tres denuncias penales por los malos manejos en esta secretaría pero éstas quedaron sepultadas entre los cientos de denuncias que el máximo órgano de auditoría del país ha interpuesto contra varias dependencias.
Fue hasta que terminó el sexenio cuando la pus ya no se pudo ocultar y en abril de este año, Alfredo Román Messina, actual secretario de Salud, le reveló al Congreso local un desfalco millonario, desabasto, sobreprecios de medicamentos y favoritismos en los contratos de servicios.
Los legisladores ordenaron una auditoría especial y la Auditoría Superior del Estado incluyó por primera vez en su agenda de auditorías, a la Secretaría de Salud y al órgano descentralizado Servicios de Salud de Sinaloa.
Los hallazgos de la ASE se enlistaron en dos informes distintos, por un lado en la Secretaría de Salud detectaron irregularidades por apenas 17 mil pesos, esto debido a que esa área no operaba los recursos públicos. Sin embargo, la otra auditoría, la de los Servicios de Salud de Sinaloa, reveló irregularidades hasta por 72 millones de pesos.
El caos de la salud
Sólo en la revisión al ejercicio fiscal 2016, la ASE encontró retenciones efectuadas a los trabajadores que no fueron informadas, salarios no autorizados y pago de pólizas de seguros a unidades que no forman parte del parque vehicular, algunas incluso dadas de baja, entre otras anomalías, que suman 72 millones 495 mil 683 pesos.
Fue esta investigación, la de la Auditoría Superior del Estado, la que derivó en una denuncia penal por ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública en contra de tres ex servidores públicos de Salud, entre ellos Echeverría Aispuro.
En la semana que transcurrió se giraron órdenes de aprehensión en contra de Echeverría Aispuro, su directora administrativa, María Alejandra Gil Álvarez y el ex director de atención médica de Servicios de Salud, Jaime Otañez García.
De inmediato, Echeverría Aispuro, a quien la Fiscalía de Justicia calificó como prófugo de la justicia, se amparó ante un juzgado para evitar su detención, al igual que los otros dos ex funcionarios.
Y aunque no tiene una orden de aprehensión, el subdirector de Recursos Financieros, Ángel Alfonso Jackson Inzunza también buscó un amparo para evitar su detención.
De acuerdo con el informe de Resultados sobre la Revisión de los Estados Financieros y la Aplicación de los Recursos Públicos que elaboró la ASE, de los Servicios de Salud de Sinaloa se auditaron 3 mil 728 millones de pesos, entre sus presupuestos de ingresos y egresos de 2016.
De este total se emitieron 74 observaciones de operaciones irregulares, algunas sólo correspondientes a violaciones a normatividad y otras consideradas como daños a la hacienda pública.
Entre las más destacables se encontró que a lo largo de todo el 2016, los Servicios de Salud retuvieron las aportaciones de sus trabajadores por conceptos de cajas de ahorro y préstamos de caja de ahorro.
Las retenciones se hicieron de los fondos Caja de Ahorros FigloSTNSA, Préstamo Caja de Ahorro FigloSTNSA.
Según la ASE, por esos conceptos, los SSES debían aportar a los fondos 114 millones 646 mil pesos de las aportaciones de sus trabajadores pero sólo aportaron 76 millones 989 y dejaron pendientes 37 millones 657 mil pesos.
Lo mismo ocurrió con las retenciones por conceptos de jubilación y/o retiro de los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, por el cual se retuvieron tres millones 287 mil pesos.
Otra irregularidad millonaria que detectó la ASE fue el pago para 150 trabajadores que no estaban registrados entre los empleados de base federalizados. La auditoría observó 16 códigos que no correspondían a los que el gobierno federal les autorizó a Sinaloa en la Platilla Apertura 2016.
Por estos códigos adicionales, los SSES utilizó recursos del Fondo de Aportaciones de los Servicios de la Salud para pagar 26 millones 733 mil pesos a empleados que el gobierno federal no tiene basificados.
Hasta el momento se desconoce cuál es la irregularidad especifica por la cual la ASE presentó las denuncias penales en contra de los tres ex servidores públicos de la Secretaría de Salud pero sí se tiene confirmado que corresponde a la revisión que la ASE realizó a los recursos ejercidos en 2016.
