A principios de año la ASE encontró irregularidades por casi 14 mdp en Turismo, de las que derivaron una denuncia penal y tres órdenes de aprehensión contra ex funcionarios

Se tapa el rostro con sus dos manos y respira profundamente, hace una breve pausa y luego suelta el aire despacio. Todo le hace creer que dentro de poco quedará libre.

Viste con una chamarra y tenis azules de una marca deportiva famosa, se le ve cansado pero no asustado. Sentada, detrás de él, silenciosa y con los ojos bien abiertos lo observa su hija. Él aprovecha una breve pausa del juez y voltea disimulado a verla, le guiñe el ojo y ella le sonríe.

Minutos más tarde, Luis Ángel Pineda Ochoa salió por la puerta principal del Centro de Justicia Penal con una gorra verde que le cubría su rostro, caminó apresurado evadiendo las preguntas de prensa. “Ya no quiero participar en nada””, dijo antes de abordar su auto al obtener su libertad condicional para enfrentar un juicio por peculado.

La última participación de Luis Ángel fue la autorización de 42 cheques por un monto total de 8 millones 651 mil 798 pesos, algunos de éstos emitidos en dólares americanos y canadienses, para pagar una campaña turística que supuestamente no se realizó. Acto irregular qué habría cometido mientras era secretario técnico de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, en la recta final del sexenio de Mario López Valdez y por el que se le acusa de dos delitos penales.

La investigación de la ASE

A principios de este año, con un nuevo gobierno y recién nombrada la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Secretaría de Turismo fue auditada por primera vez en varios años.

De un total de 16 millones 89 mil pesos qué Turismo utilizó para Proyectos de Capacitación, Congresos, Fomento al Turismo de Reuniones, Promoción Turística y Eventos y Convenciones en 2016, la ASE le revisó 14 millones 324 mil pesos y de estos encontró irregularidades en 13 millones 980 mil pesos.

Es decir, casi el 100 por ciento de los recursos auditados en Turismo, estaban mal aplicados.

Meses después de esa auditoría y cuando ya se había dado a conocer su inhabilitación, Rafael Lizárraga Favela, ex subsecretario de Turismo, le dijo a la prensa que él había descubierto la irregularidad de las campañas turísticas y él mismo había acudido ante la ASE para pedir que se investigara.

Lo cierto es que los tres implicados, Pineda Ochoa, Lizárraga Favela y José Luis Martínez Romero, jefe del Departamento Administrativo de la Secretaría de Turismo, hoy están acusados de dos delitos penales por el indebido ejercicio de la función pública. Uno goza de libertad condicional y los otros dos tienen órdenes de aprehensión.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública al Segundo Semestre de 2016, del cual Ríodoce posee una copia, la ASE observó 17 irregularidades en los recursos de Turismo y reclamó que se regresaran 13 millones 980 mil pesos mal ejercidos.

Pero fue sólo por una de ellas por la que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Justicia de Sinaloa y se giraron tres órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios responsables.

Se trata de la observación número 16 del informe de auditoría, la cual detalla cómo se emitieron 42 cheques entre julio y noviembre de 2016 bajo los conceptos Campaña Delta Vacations 2016, Campaña CanWest 2016 y Campaña Continental Airlines.

Sin embargo, por ninguno de estos cheques se presentó documentación que justificara el pago realizado, se omitió proporcionar un contrato de prestación del servicio y no se encontró el expediente que ampare la adjudicación del servicio.

Los cheques son por montos que van desde los 90 mil pesos hasta los 299 mil pesos. Para la supuesta campaña Delta Vacations se emitieron 21 cheques por un monto de 4 millones 624 mil 255 pesos, entregados entre el 6 de julio y el 7 de noviembre.

Para CanWest se entregaron tres cheques el 6 de julio que fueron cobrados el 11 y 13 de julio por un total de 448 mil 394 pesos.

Mientras que supuestamente a Continental se le pagaron 18 cheques por 3 millones 580 mil 149 pesos, cobrados entre el 13 de julio al 11 de noviembre.

La sanción administrativa

Para el 25 de septiembre, un par de meses después de que la ASE entregara su informe de fiscalización, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno del Estado, área de contraloría responsable de sancionar administrativamente las irregularidades que detecta la ASE, anunció la inhabilitación de los tres ex funcionarios.

Independientemente de los cargos penales que hoy enfrentan, Pineda Ochoa, Lizárraga Favela y Martínez Romero recibieron sanciones administrativas, pero dos de ellas fueron mínimas. El mayor peso recayó en Pineda Ochoa, a quien se le inhabilitó por ocho años y se le fijó una multa económica de 12 millones 977 mil 697 pesos.

En aquel momento, Rogelio Aviña Martínez, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, explicó que los ex funcionarios tuvieron su derecho a una audiencia para explicar el caso, sin embargo, ninguno de ellos pudo justificar la supuesta campaña.

“Ninguno de los involucrados durante las investigaciones pudo acreditar ni soportar de manera documental los motivos por los cuales se realizaron los pagos, no hay evidencia que se realizaron dichas campañas ni en qué consistieron estas campañas”, explicó el subsecretario.

Y agregó: “existe la presunción de que son los responsables de solicitar, tramitar y pagar de forma indebida y fuera de todo procedimiento de contratación, la cantidad señalada en varias exhibiciones”.

Lapo, de comerciante a funcionario

Luis Ángel Pineda Ochoa, conocido por su propio acrónimo como Lapo, es un comerciante de 64 años de edad y primer funcionario del gabinete de su amigo personal, Mario López Valdez (Malova) ex gobernador de Sinaloa (2011-2017), procesado por ejercicio indebido del servicio público.

Lapo nació en la sindicatura Higuera de Zaragoza, al poniente de esta ciudad. Es una comunidad agrícola, en su totalidad. Vive en el exclusivo sector de La Herradura, en esta ciudad.

Además, es un político veterano con inicios en administración municipal como secretario del serrano ayuntamiento de Badiraguato y tesorero en el de Escuinapa.

Apareció en el séquito malovista en el 2002, cuando siendo alcalde de Ahome, López Valdez lo asignó a la tesorería, como subordinado de Armando Villarreal.

En ese periodo, su cadena de minisúperes Lapo alcanzó la bonanza, pues se convirtió en proveedor de la comuna de Ahome.

Ya instalado como gobernador de Sinaloa, en el 2011, Mario López Valdez lo asigna como Director de Servicios de Apoyo de la Secretaría de Protección, estallando entonces un escándalo porque trascendió que éste había sido procesado penalmente por los delitos de equiparable al robo y daño en propiedad ajena en agravio de la Comisión Federal de Electricidad en el expediente 189/2002 que se desahogó en el Juzgado Quinto de Distrito. Ingresó a la cárcel el 7 de enero del 2003.

A medio sexenio de Malova, Lapo deja el cargo y pasa a secretario técnico de la Secretaría de Turismo como respaldo de Frank Córdova.

Es en esa Secretaría en donde se detectan los manejos oscuros de erario por el que ahora es procesado.