Ejército al mando

 

Carme Chacón impresionó al mundo con sus fotografías y videos que circularon hasta volverse virales en abril de 2008. Con siete meses de embarazo marchó con botas militares frente a las tropas españolas asentadas en Afganistán, para el pase de revista. Cinco días antes se había convertido en la primera ministra de Defensa de España, con solo 37 años de edad. De este lado del Atlántico, México y Guatemala son los únicos dos países en América donde el Secretario de la Defensa siempre ha sido un militar y no un civil. En 1946 abandonó la presidencia de México el último general, Manuel Ávila Camacho. Antes, Plutarco Elías Calles había intentado poner fin a la etapa de los generales pero no lo logró. Las siete décadas siguientes los altos mandos militares cumplieron el arreglo de irse a los cuarteles y no disputar el poder político en manos de civiles.

Pero las Fuerzas Armadas en México nunca han dejado de tener poder e influencia enormes en este país. Es bajo este contexto, global y local, en el que las últimas semanas en México se da el debate al aprobarse la Ley de Seguridad Interior, que muy seguramente terminará por ratificarse en la Suprema Corte al existir la posibilidad de que se presenten recursos de inconstitucionalidad.

La Ley de Seguridad Interior es apenas una parte minúscula de un mayúsculo problema de seguridad en México. La discusión y el debate empequeñecen ante un país que todos los días cuenta por decenas a sus muertos, donde la autoridad perdió el control territorial en amplias zonas de Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, y otra decena de estados. Y es ahí donde está lo lamentable, que centremos la discusión en la regulación de la actuación de las fuerzas federales en los territorios municipales y estatales, cuando zonas focalizadas de México están en poder de la delincuencia organizada.

A Enrique Peña y al PRI ya se le acabó el tiempo para proponer una reforma estructural del sistema de seguridad en México. No le interesó. Centró todos sus esfuerzos en modificar la narrativa de lo que sucedía sin arremangarse la camisa. Mantuvo al Ejército en la calle, tal como su antecesor Felipe Calderón, y dejó que la bola rodara. Al final qué tenemos: un cierre de administración donde los índices de homicidios están a la par de los peores años iniciales de la guerra contra el narco. Siguen territorios controlados por la delincuencia. En ningún caso se atacó o investigó la narcopolítica o el lavado de dinero.

Es fundamental entender el reclamo de organizaciones civiles reprobando la promulgación de la Ley de Seguridad Interior tal como se aprobó. Incluso con los pequeños cambios que el Senado le hizo a la Ley. Pero se mantiene en lo esencial: estaría normalizando la excepción. Porque actualmente lo normal que existe en este país, y si no Sinaloa está como botón de muestra, es que el Ejército participa rutinariamente en labores de seguridad pública. Viaja en las patrullas junto a las policías locales. Interviene en detenciones del fuero común.

Eso no debería ser normal. Pero ante las condiciones de las policías estatales y municipales, no han encontrado una fórmula mejor.

 

Margen de error

(Policías de verde) Uno de los argumentos de Felipe Calderón al enfrascarse de lleno en la guerra contra el narco, fue que la debilidad de las policías locales obligaba a recurrir al Ejército; pero que sería temporal, en tanto se iniciaba con el fortalecimiento de las fuerzas municipales y estatales. Estamos por iniciar el año 12 de la guerra contra el narco y no existe una sola policía local en el país que pueda encargarse sola de la situación.

Las evaluaciones de control y confianza nos mostraron una realidad dolorosa: la gran mayoría de los policías y sus mandos no contaban con las capacidades necesarias para desarrollar su labor. Sin agregar cualquier otra carencia de equipos, armas y estrategias de seguridad. Entonces el capital humano estaba mal preparado, mermado, débil e infiltrado. No estaba capacitado y si lo estaba no se podía confiar en él.

La solución fue cambiarles el uniforme azul por uno verde. Traer a quienes tampoco estaban capacitados para labores de seguridad pública, pero al menos sí se podía confiar en ellos y no estaban tan infiltrados como los locales.

 

Mirilla

(Ni habrá) Hace 10 meses Ríodoce reveló, en una historia firmada por la reportera Nelda Ortega, que los casi tres mil elementos del Ejército que se incorporaron a respaldar a policías municipales y a la Estatal Preventiva, estaban sin un sustento legal de su labor, sin un solo documento que marcara los alcances de la colaboración castrense.

Se solicitaron los documentos a todas las dependencias involucradas, y la respuesta fue la misma: no existía. Así se contradecía el discurso gubernamental de una colaboración solicitada oficialmente al Ejército. Con la Ley de Seguridad Interior, de seguir en esos términos y no se marcan cambios en el trayecto que le sigue, no podría presentarse una situación como la que actualmente enfrentan en muchas ciudades y estados completos de México.

 

Deatrasalante

(Mensaje escuchado) Hace justamente un año el General Secretario Salvador Cienfuegos aprovechó una gira por los cuarteles militares para exponer la situación de las fuerzas armadas, al cumplirse una década de guerra contra el narco. En diciembre del año pasado Cienfuegos fue directo al punto: los habían obligado a salir a la calle en labores policiacas y nunca pidieron estar ahí, al frente de la guerra. Insistió en que no estaban a gusto, que no habían estudiado para perseguir delincuentes. Y sobre todo que tenían que regresar a los cuarteles a cumplir con las facultades que marca la Constitución. Un año después sabemos que aquel mensaje airado tuvo respuesta, el General Secretario logró una Ley que respalde su actuación, por escrito (PUNTO)

Columna publicada el 17 de diciembre de 2017 en la edición 777 del semanario Ríodoce.

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