Delincuencia a puertas abiertas

 

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Las historias se apilan. El viernes 14, en pleno día de pago, un solitario hombre armado le quitó celulares y bolsos a todos los pasajeros del camión Canal 3 de Culiacán. En Valle Alto, Infonavit Humaya, La Conquista, los vecinos llevan meses reclamando que son víctimas de asaltos y robos constantes. En whatsapp un hombre avisa al grupo que el jueves 20 le robaron la camioneta en el Jardín Botánico de Culiacán. El mismo día, se llevaron el contenido de tres cajeros dentro de un supermercado, antes ya habían arrancado otros dos instalados en centros comerciales. Una semana antes, cuando intentaba estacionarse frente al Seguro Social, a otra mujer ya la esperaba en la puerta de la camioneta un hombre armado y hasta una bolsa con libros de su cartera se llevó. El viernes pasado una mujer iba al Oxxo y en el camino un jovencito –casi adolescente- le quitó las llaves de la casa y una tarjeta de BanCoppel, no llevaba ni el celular. Un día después de presenciar el asesinato de un paciente dentro del Hospital Civil, el hombre se topó con la muerte de nuevo en un crucero de Culiacán, cuando le tocó el claxon a una camioneta que se pasó el semáforo en rojo, en respuesta un hombre bajó con un rifle y le dijo que lo iba a matar…

El registro oficial de los delitos aún no refleja el repunte de robos y asaltos que las historias van acumulando. No es una percepción, ni los rumores esparcidos en 2009 que sembraban el pánico, aquí son las víctimas.

No hay una interpretación única a lo que sucede en las ciudades de Sinaloa, pero la que se da desde el gabinete de seguridad de Malova y la fórmula de combate que proponen evidencia que mantienen la brújula perdida. Esa aguja, que siempre apuntó al norte en este gobierno, interpreta que le cerraron una puerta a la delincuencia pero abre otras, así lo dijo el Procurador Marco Antonio Higuera; y antes el Secretario de Gobierno, Gerardo Vargas, ofrecía la fórmula de combate: relanzar el plan de orden y respeto.

Faltan menos de 70 días para que concluya el gobierno estatal, y Vargas e Higuera dan con la fórmula para el Sinaloa violento que están entregando: que los ciudadanos cumplan la ley “sin distingos ni influyentismos, y predicar con el ejemplo”. No hacían falta cinco años y diez meses de ejercicio del poder para llegar a esa conclusión.

Pero lo peor está que en momentos en que se trata de atacar a la delincuencia común —quizás un eslabón más de la organizada—, desde el gabinete de seguridad de Malova apuntan al lado contrario, a los ciudadanos. No se dice nada de los asaltos y robos, de las casas saqueadas y las bolsas arrebatadas con la quincena por motociclistas.

En su cumpleaños 59, rodeado de los amigos del poder, Malova lanzó el mensaje que sería su despedida del gobierno de Sinaloa: una invitación a cerrar fuerte, “en un sprint, como en un partido de béisbol en la octava o novena entrada”. Será este Sinaloa de octubre de 2016 el final que esperaba Malova de su sexenio.

 

Margen de error

(Casa chica) El fallo principal del actual gobierno en materia de seguridad pública está en la arquitectura del modelo que armó el gobernador Mario López Valdez. Luego, en los personajes que fue seleccionando para llenar esa estructura: los cuates —Marco Antonio Higuera y Genaro García— y las cuotas —Jesús Antonio Aguilar y Moisés Melo—. Lejos de intentar desmantelar un sistema heredado, de buscar modelos exitosos en el combate de la inseguridad, de proponer una consistente política pública —como en Ciudad Juárez, por ejemplo—, replicó el modelo agotado de su padre político.

Marco Antonio Higuera Gómez carecía de una carrera en el sistema de procuración de justicia, apenas un paso efímero como Ministerio Público. Este cargo seguramente representará su debut y retiro de la palestra política.

Con Higuera, como antes con Luis Antonio Cárdenas Fonseca —el Procurador de Jesús Aguilar— estaba claro el agotamiento del modelo de selección del fiscal. Siempre arribaron al cargo personajes cercanos al gobernador en turno, aquella propuesta de una terna por el Congreso quedó en un mero trámite ocioso. Higuera Gómez resultó solo un burócrata encargado de proteger el monopolio de la investigación judicial.

Genaro García, en ese modelo, fue el vigilante del enorme presupuesto de seguridad que desde la federación se envía —especialmente en los tiempos de Felipe Calderón— y policía de carrera al fin, terminó más preocupado por la condición de los agentes, que es importante, pero sin dar el paso a los resultados de sus policías.

Y Moisés Melo, el general incorporado al gabinete, resultó un mero testigo. Gravita, pero no opera. Son dos ojos más para informar a Vargas o al gobernador, pero carente de capacidad operativa o personal a su mando.

 

Mirilla

(Desenfocados) En los objetivos está el segundo gran fracaso de la política de seguridad de Sinaloa. El aparato completo se enfocó a ser un actor más de la guerra entre organizaciones criminales, en lugar de asumir su papel de Estado. De ahí el empoderamiento de un grupo de policías que vienen operando desde finales del siglo pasado y el inicio de este.

 

Primera cita

(Fórmulas) Expertos en seguridad pública saben que es posible reducir homicidios y controlar el poder de las organizaciones del crimen —ninguno de los dos pueden ser eliminados. Saben, como dice Gustavo Gorriti en un reciente artículo en El País, que para cumplir esos objetivos hay un par de constantes: consolidación, continuidad y expansión en las estrategias; y “funcionarios capaces, razonablemente honestos y bien entrenados.”

Aquí, ni estrategias sostenidas y menos lo referente a la capacidad del personal.

Gorriti retoma cuatro puntos en los que se reduce la estrategia de un especialista como Joaquín Villalobos contra la violencia criminal y lograr el “control del territorio por parte del Estado y los ciudadanos” que vale la pena citar en extenso: Reforma de las instituciones de seguridad teniendo como pilar el respeto a los derechos humanos. Tantos policías como sean necesarios según las amenazas. Participación ciudadana, manteniendo siempre una relación estrecha, ganándose su confianza. Presencia del Estado en todo el territorio, porque “luego de que el ‘poder coercitivo’ lo controle, el resto del Estado debe actuar con eficiencia”. (PUNTO)

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