Auto-censura en el Congreso

 

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Diputados del PRI, PAS y PANAL quieren renunciar a su facultad de revisar cuentas públicas de Quirino Ordaz

En caso de aprobarse, Sinaloa sería la primera y única entidad federativa, en la cual el Congreso del Estado decidió, por iniciativa de sus diputados, derogar la aprobación o suspensión de las cuentas públicas, en el marco de la aplicación de reformas constitucionales y expedición de leyes secundarias  en materia de anticorrupción.

Acusaciones de traidores, pretender que los diputados “estén mudos y los ciudadanos ciegos”, revisar las cuentas públicas “en lo oscurito”, más acciones de repudio, como el lanzamiento de réplicas de billetes sobre las curules de los diputados, provocó la propuesta de la Comisión de Fiscalización de eliminar de tajo la facultad del Congreso del estado de suspender o aprobar las cuentas públicas.

Sin haber estado contempladas en la agenda legislativa de reformas constitucionales en materia de anticorrupción, la Comisión de Fiscalización puso en el debate político la propuesta de renunciar no solo a la suspensión o aprobación de las cuentas públicas del Estado y los municipios, sino también a revisar, aprobar y hacer observaciones, tal como se contempla textualmente en los párrafos que pretenden ser eliminados de la Constitución del Estado de Sinaloa.

La primera versión de la propuesta de seis de los siete diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización, era derogar completamente los párrafos sexto y séptimo del artículo 37 de la Constitución Política del Estado.

El párrafo sexto del artículo 37 de la Constitución local, apenas había sido modificado el pasado 7 de febrero de este año, cuando se incluyó que la revisión de aprobación, observaciones, así como la suspensión o aprobación, serían por cada ejercicio fiscal, es decir anual, en lugar de cada semestre, como parte de la homologación de fiscalización de las cuentas públicas federales.

Lejano al argumento de eliminar el sesgo político de la revisión de las cuentas públicas, la propuesta provocó un encono de los partidos representados en los grupos parlamentario en favor y en contra. A favor, se unieron en bloque, la bancada del PRI, encabezada en la Comisión de Fiscalización por José Menchaca, y la del PAS, con Víctor Antonio Corrales Burgueño.

En contra se agrupó  otro bloque de diputados: La siete legisladores de la bancada del PAN, entre ellos, Zenén Xóchihua Enciso, el único miembro de la comisión de Fiscalización que se negó a firmar la iniciativa de reforma constitucional en materia de cuentas públicas; y los dos diputados de Morena y el PRD.

Los promotores

Seis de los siete integrantes  de la Comisión de Fiscalización argumentaron en su iniciativa que ante la madurez y especialización de la Auditoría Superior del Estado (ASE), como órgano técnico con las más amplias facultades de fiscalización y de orden a inicio de procedimientos, tanto de carácter penal como administrativo, ya no era indispensable que las cuentas públicas del Estado y los municipios fuesen aprobadas o suspendidas por el Pleno del Congreso.

Los legisladores del PRI, PANAL y PAS consideraron que “tales facultades se limitaban a generar una expectativa de carácter político, que en nada varían las obligaciones de fiscalización de la ASE, la cual forma parte del Poder Legislativo”.

La Comisión de Fiscalización, integrada por  los diputados del PRI, José Menchaca López, Ana Cecilia Moreno,  Tomás Amador Carrasco, María Eugenia Medina Miyazaki; Crescenciano Espericueta  del PANAL y Víctor Antonio Corrales Burgueño del PAS, argumentan que su planteamiento busca privilegiar el trabajo de la ASE, como un órgano especializado en la fiscalización del gasto público.

En la primera versión de la iniciativa presentada se contemplaba que en caso de ser aprobada, entraría en vigor al siguiente día de su publicación, pero días más tarde, antes de la elaboración del dictamen, se  hicieron dos ajustes en el texto, ante la controversia desatada. Uno de los cambios hechos fue que la reforma entraría en vigencia a los siguientes 30 días de su publicación, y otro en el sentido de que el informe general de observaciones tenía que ser presentado al Pleno.

Entre los ajustes que fueron enviados posteriormente  a la lectura de la iniciativa en el Pleno, el diputado  priista Tomás Roberto Amador Carrasco, dejó en claro en un documento presentado ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, que el decreto aplicaría para los trabajos de fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2017 y posteriores; es decir, las cuentas públicas del último semestre de Mario López Valdez y los resultados de las auditorías especiales serían analizadas como ha estado el marco legal vigente de los últimos años, mientras que las de Quirino Ordaz Coppel entrarían ya bajo la nueva reglas de revisión de cuentas públicas.

Con la velocidad parlamentaria discrecional y diferencial que se le imprime a las diversas iniciativas, la propuesta recibió la primera lectura el 29 de junio, apenas tres días después de haber sido presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, y recibió la segunda lectura de dictamen una semana más tarde, el pasado jueves 6 de julio.

José Menchaca, presidente de la Comisión de Fiscalización, lamentó que se ha hecho una interpretación errónea de la propuesta de la iniciativa, porque no se trata de eliminar facultades de fiscalización al Poder Legislativo, ya que la ASE es un brazo del Congreso del Estado.

La resistencia

Antes que la iniciativa de reforma fuese presentada al Pleno, el Grupo Parlamentario del PAN se adelantó a fijar su posicionamiento en contra cuando se vote la iniciativa.

En voz de Xóchihua Enciso, la bancada panista subrayó que al día de hoy, la Auditoría Superior del Estado registra serias deficiencias en términos presupuestales y  en consecuencia de operación, estructura y organización para cubrir satisfactoriamente su función constitucional.

Como integrante de la Comisión de Fiscalización, señaló, se ha dado cuenta que a la ASE le falta las condiciones para fortalecer su autonomía técnica y de gestión, por lo que no termina de madurar.

“Poner en la mesa del Congreso una iniciativa para renunciar a las facultades de fiscalización derogando párrafos al artículo 37 de nuestra Constitución Estatal, es a todas luces, como ya lo advertimos un contrasentido, al señalar en su considerando que la aprobación y discusión de las cuentas públicas no es necesaria, dado a que existe una Auditoría Superior fortalecida en sus facultades, es demasiado ligero, son insuficientes los argumentos”.

El Grupo Parlamentario del PAN sostuvo que renunciar a la facultad de revisar, fiscalizar la cuenta pública va en detrimento del contrapeso y equilibrio de poderes. La fiscalización, han subrayado, es el contrapeso, la esencia de la función del Congreso.

“Eliminar la discusión de si debe o no aprobarse una cuenta va contra la naturaleza de esta cámara, ya que somos un órgano político”, aseguraron.

En contraparte los legisladores panistas propusieron se transite en la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en el fortalecimiento  de la autonomía del Fiscal General y del Tribunal de Justicia Administrativa. “Ese debe ser el reto de la clase política y no de restar facultades a esta cámara y que haga de ella un espacio para la simulación de la transparencia y la rendición de cuentas”, señaló el panista miembro de la Comisión de Fiscalización.

Se encendió la mecha

Aunque no numeroso, el rechazo ha sido representativo de parte de agrupaciones civiles que en el reciento han manifestado a gritos su descontento. Esto ha provocado suspender momentáneamente una sesión ordinaria, como cuando en señal de repudio les lanzaron desde el graderío réplicas de billetes hacia las curules de los diputados.

Representantes de agrupaciones como Iniciativa Sinaloa, Coparmex y Parlamento Ciudadano acudieron al pleno del Congreso y dieron la espalda a los diputados, en señal de rechazo, mientras se leía la iniciativa,

El diputado federal Manuel Clouthier Carrillo cuestionó que los diputados quieran renunciar  a una de las actividades esenciales de su función: “No puede suprimirse el debate político, el cual es esencial en todos los parlamentos”.

El diputado independiente, quien es secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, adelantó que si se aprueba esta iniciativa, se sumará a la lucha por la vía jurídica, una posición que también anunció, por separado, la bancada panista.

Inconstitucional o no, los diputados ya tienen fecha para votar la propuesta para sacarla adelante. Y los opositores alistan ya la vía de los tribunales para impedir que el Poder Legislativo de Sinaloa, sea el primer Congreso estatal que no esté facultado para aprobar o suspender cuentas públicas en México.

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