Los documentos que el Ejecutivo entregó en días pasados al Legislativo no lograron demostrar la supuesta solicitud hecha por Banobras al Gobierno de Sinaloa, en la que según aseguraba el gobernador y el titular de Administración y Finanzas, se requería el 25 por ciento de las participaciones federales como garantía de pago a las empresas que ganaron la licitación para construir los hospitales generales en Mazatlán y Culiacán.
Los oficios entregados a la Comisión de Salud y Asistencia Social y la Comisión de Hacienda Pública y Administración, además, contienen información financiera que ya estaba en poder del Congreso, desde el año pasado, cuando se aprobaron los decretos 976 y 977 para la construcción de los hospitales, denunciaron los diputados Ramón Lucas Lizárraga y Sandra Lara Díaz.
“Es información que ya estaba en el poder legislativo. Con ellos (corridas financieras) se justificaron ambos decretos por la anterior legislatura. Lo único que nos queda claro es que para sustanciar la solicitud de modificación de decreto, todavía es insuficiente. Lo único que están haciendo es retrasar el proceso legislativo”, criticó el diputado perredista, Lucas Lizárraga.
En la información que la Secretaría de Salud envió al Congreso del Estado, de la que Ríodoce posee una copia, se anexaron cinco oficios enviados por Banobras a cinco empresas participantes, en los cuales se detallan los requisitos que la empresa debe presentar para acceder al financiamiento, en caso de resultar ganador.
Banobras le enlista a las empresas las características del financiamiento en 19 puntos, entre los que se incluye el monto del crédito, las tasas de interés y las garantías del crédito.
En el capítulo específico de las garantías del crédito, Banobras le exige a la empresa el 100 por ciento de sus acciones en prenda, la prenda sobre los bienes muebles y cualquier derecho a favor del acreditado, cartas de crédito o aportación de efectivo para asegurar la aportación de capital de la empresa.
Finalmente, en el mismo capítulo, Banobras requiere los ingresos derivados del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Garantía (fideicomiso que está establecido en los decretos 976 y 977) para garantizar las obligaciones del proyecto, cuando éste no pueda hacer frente a sus obligaciones.
En ninguno de los 19 puntos que se describen en el documento de nueve páginas y que se repite con el mismo contenido para las cinco empresas, Banobras solicita el 25 por ciento de las participaciones federales como garantía de pago.
La garantía de pago sustentada en un 25 por ciento del Fondo de Fortalecimiento a las Entidades Federativas para otorgarselo a las empresas que ganaron la licitación de los hospitales, es la solicitud que el Ejecutivo le hizo al Congreso, el pasado 30 de julio, y que ha generado infinidad de dudas entre los diputados locales.
“El documento de Banobras es sólo una carta de intención que le da Banobras a las empresas, donde manifiesta su intensión de financiar el proyecto. Tampoco de manera expresa dice que se tiene que comprometer el 25 por ciento de los fondos federales para efecto que sea viable en ese sentido. Creo que es insuficiente”, concluyó la diputada priista, Lara Díaz.
Respecto a las corridas financieras, la legisladora señaló que no contienen la información que se había solicitado, ni se realizaron los comparativos que los diputados requirieron durante la pasada comparecencia de los funcionarios estatales.
“Hasta lo que he visto es insuficiente, considerando lo que habíamos solicitado, la corrida establece simplemente los ingresos y egresos pero no establece un comparativo que nos diga cuánto cuesta hacer los hospitales sin garantía, cuánto con garantía y cuánto cuesta que lo haga el estado”, señaló Lara Díaz.
“No me explico porque no se ve toda la información que el caso amerita, creo que si continuara de esa manera, desde mi punto de vista la 61 legislatura deberá encaminarse a dejar los decretos como están”, sentenció Lucas Lizárraga.
