Reta Malova al Poder Judicial en torno al estadio Ángel Flores
Durante la semana, el gobernador Mario López Vadez dijo que haría todo lo posible para que Culiacán tenga su nuevo estadio, aunque le cueste el puesto. Ante esto, Ernesto Saldaña, integrante del Colectivo para la Defensa del Patrimonio Público en Sinaloa, dijo que son “muy lamentables y fuera de realidad las declaraciones del ejecutivo. Existen en el estado decenas de prioridades más en educación y salud, como para que se juegue el puesto por la promesa a un cuate”.
En entrevista a Ríodoce, Ernesto Saldaña, quien ha estado en contra de la demolición del estadio General Ángel Flores, opinó que “si se quiere jugar su puesto (el gobernador) que se comprometa a combatir la corrupción de su gobierno y de los pasados gobiernos y si no lo logra este año, que renuncie por no poder con la chamba”.
—¿Con esto está respetando la Constitución?
—Al revés, el Gobernador es un servidor público que debe garantizar el estado de derecho, y esto lo convierte en el primer promovente de la ilegalidad…el mundo al revés.
—¿El querer estar por arriba de un juez federal, es absurdo?
—No está por encima ni debajo del juez…simplemente el poder judicial es eso, otro poder, que nunca debe estar sujeto a los intereses personales del ejecutivo, cuando hay invasión en las esferas del poder es cuando perdemos todos.
El miembro de la asociación civil conformada para defender el patrimonio público en Sinaloa dijo que la declaración “fue una más de sus ocurrencias, lamentable que las diga en su carácter de gobernador. Malova no ha querido entender los tiempos: por un lado su discurso es que no lo dejen solo… un grupo de ciudadanos emprendemos una causa justa y siguiendo los conductos legales que la Constitución nos otorga en derechos humanos y en procesos, pero resulta luego que esos derechos están en controversia con los intereses económicos de empresas privadas apoyadas por él.
—¿Quiénes son los más interesados en el nuevo estadio?
—Al parecer el gobernador y el alcalde, por sus acciones y discursos públicos… y además no hay que dejar fuera a Aarón Rivas, parece ser que están muy interesados en regalar los recursos que no son de ellos y en hipotecar por miserias los bienes patrimoniales de todos.
—¿Cree que Malova y el Alcalde se beneficiarán económicamente de los recursos para esta obra?
—…No tengo las pruebas, una cosa es lo que dice el sentido lógico y otra lo que puedo probar… en todo caso hay que preguntarle a ellos, porque si hay una propuesta ciudadana (de un servidor) para que los derechos del cambio de nombre (sean 300 millones o la cantidad que sea) entren a las arcas municipales y etiquetados en el fomento del deporte amateur y de los niños, ¿porque quieren darle ese beneficio al señor Ley? ¿No se supone que a Malova y a Aarón se les “contrató” como servidores públicos para cuidar el patrimonio público, no el patrimonio de Ley?
—¿Por qué no han tenido alguna reunión con Malova?
—No, no sé, habría que preguntarle a él ¿él por qué es sectario en ese aspecto? porque al señor Ley le da múltiples consideraciones sin haber solicitud de por medio y a nosotros nos niega ese derecho; a estas alturas es intrascendente, puesto que por meses quisimos dialogar con Aarón Rivas y nos ignoró creyendo que el problema solo era una llamarada de petate y ahora quieren que negociemos al vapor algo de lo que no nos han informado.
El entrevistado dijo que tanto el ex alcalde Aarón Rivas como el gobernador Malova no quisieron en su momento atender la Constitución y los reglamentos, y como ejemplo está el que no hay estudios de factibilidad del proyecto, entre muchas otras cosas irregulares, y si las cosas están en este punto muerto es porque ellos las llevaron ahí.
—¿Qué tiene en mente el Colectivo?
—Ya lo hemos hecho público, si se llegara a violar el amparo analizaremos seriamente proceder por la vía penal, no solo contra el gobernador, sino contra todas las autoridades responsables tengan fuero ó no lo tengan, esto es, secretarios de estado, alcalde, regidores, síndico, y los representantes y dueños de la empresa (que se le demandó en su doble carácter de autoridad y de tercero involucrado).
