En materia de transparencia presupuestal, Sinaloa se encuentra en el sótano, al ubicarse en el lugar 24 a nivel nacional, al cubrir el 72 por ciento de los indicadores evaluados.

Un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), centrado en saber cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público de todas las entidades del país, evaluó la calidad de la información de los estados y tomó como base un catálogo de buenas prácticas y las normas de contabilidad gubernamental.

El Índice de Información Presupuestal 2017 (IIPE), evaluó la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas, a partir de 100 criterios agrupados en 10 secciones.

En su reporte de resultados, el IMCO explica que el  IIPE tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos estatales y con ello impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo de los recursos públicos.

El estudio tomó como base la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2017 de cada entidad.

De acuerdo con los resultados del estudio, Sinaloa no cumplió con mostrar la clasificación por fuentes de financiamiento, ni tampoco por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica, ni tampoco por la clasificación programática.

Al igual que en los 10 años anteriores, en el presupuesto de 2017 no se incluyeron los criterios para la aprobación de fideicomisos, ni se especificaron los topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública.

En materia de deuda pública el nivel de evaluación fue el más bajo, de apenas un nivel de satisfacción de 23.08 por ciento en los criterios analizados.

El IMCO encontró que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2017 no incluyó topes para la contratación, ni tampoco desglosa el destino de cada una de las contrataciones; tampoco desglosó el  monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública en pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Entre las muy pocas diferencias presupuestales de 2017 a los años anteriores, se encuentra que mostró un desglose del monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública en comisiones, gastos, costo por coberturas y/o apoyos financieros asociados a ésta.

Entre otras omisiones, el IMCO, como en los últimos cuatro años o más, no desglosó en su presupuesto el plazo de contratación de la deuda pública, el tipo de garantía o fuente de pago, el decreto aprobatorio o clave que permita su identificación, institución bancaria, instrumento de contratación, la tasa de contratación, ni tampoco los saldos de la deuda pública.

En el análisis de rubros específicos del presupuesto, el IMCO no encontró que un anexo transversal sobre la atención a niñas, niños  y adolescentes, especificado por la UNICEF.

En las omisiones, el gobierno estatal no incluyó un desglose de cada una de las asociaciones público privadas y/o proyectos de prestación de servicios y/o compromisos plurianuales. Tampoco se encontró un desglose de cada  uno de los fideicomisos públicos del estado por número de contrato y fiduciario.

Sinaloa tampoco desglosó  el presupuesto para medidas de mitigación y adaptación para el cambio climático, el  saldo patrimonial de cada uno de los fideicomisos públicos del estado por dependencia, así como el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente, tampoco  el tipo de subsidio o ayuda social.

Entre otras omisiones se encuentra la falta de glose  de los programas por fuente de financiamiento, así como los  los recursos estatales y federales para educación.

Otro renglón de bajo nivel de calificación, apenas de un 44.44 por ciento, es el referido a las plazas de su personal.

Al igual que en los  últimos 10 años, el presupuesto estatal no mostró el tabulador de plazas con desglose entre empleados de confianza, base y honorarios, no  contiene tabulador de salarios del personal docente,  el número de plazas del magisterio,  la diferenciación  entre empleados de confianza y base, ni tampoco la identificación del  magisterio federal del magisterio estatal.

El presupuesto de 2017 fue elaborado por la administración del entonces Mario López Valdez, aunque es un asunto, no formal ni escrito, que el titular del ejecutivo entrante participó de manera activa en su elaboración acorde a sus prioridades, como parte de las acciones de transición del gobierno.

El IMCO considera que la transparencia presupuestal es fundamental para crear confianza entre los ciudadanos y el gobierno.

“Con una buena planeación, los estados pueden adoptar una forma estructurada y clara de mostrar al ciudadano el uso de los recursos públicos”, señala  el centro de investigación.

INDICADORES:

El acceso a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos.

La disponibilidad de datos abiertos y estructura de las leyes de ingresos.

El uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El desglose de recursos destinados a las dependencias y oficinas de gobierno.

Información sobre recursos que las entidades federativas transfieren a los municipios/delegaciones.

El desglose de recursos destinados al pago de plazas y sueldos de funcionarios públicos.

La información sobre las condiciones de contratación de la deuda pública.

Los recursos transferidos de la federación a las entidades federativas.

El presupuesto destinado a fideicomisos, subsidios y programas de las entidades federativas.

El tipo de reglas utilizadas por los gobiernos para realizar ajustes y reasignaciones del dinero público.