En los últimos días, a raíz del descontento social iniciado a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que se ha ampliado a reclamar la hipocresía, corrupción e ineficiencia de la clase política, ha salido a relucir el tema del proyecto de nación.
El 18 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto al referirse a las protestas y los actos de violencia que se presentaron en algunas de ellas, manifestó: “Protestas que a veces no está claro su objetivo, pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y sobretodo de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando.”
¿A qué proyecto de nación se refiere el presidente de la República? El 10 de enero de 2011, el periódico El Universal publicó un editorial del entonces gobernador del Estado de México en el cual afirmó “…la actual escalada de violencia es la mayor evidencia de que tenemos un Estado ineficaz que, además de no lograr combatir efectivamente la criminalidad, tampoco ha podido generar oportunidades para el desarrollo productivo de la población.”
Por supuesto, Peña Nieto opinó que es necesario construir un Estado eficaz el cual, entre otras cosas, deberá: 1) implementar una Estrategia Nacional para Reducir la Violencia, cuyo propósito sería disminuir significativamente los homicidios, secuestros y extorsiones en los próximos cinco años; 2) crear una policía especializada en el combate al crimen organizado que pase del simple uso de la fuerza al uso de la inteligencia; 3) aumentar la eficacia en la procuración de justicia a través de ministerios públicos profesionales; 4) acelerar la instauración del nuevo sistema de justicia penal.
De acuerdo con los datos publicados en la página web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los homicidios dolosos cometidos entre 2011 y 2013 disminuyeron un 20 por ciento, pero los secuestros se incrementaron en 18 por ciento y las extorsiones aumentaron en 80 por ciento.
Aunque existe la subprocuraduría especializada de investigación contra la delincuencia organizada, aún no se constituye la policía respectiva. Por otro lado, el segundo informe de gobierno del Presidente dice que el porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas por la PGR respecto al total de consignaciones es de 45.7 para 2013 mientras que la eficacia se reduce a 31.5 para 2014. Parece que el proyecto de nación del presidente en materia de seguridad pública, el estado eficaz, aún está por construirse.
Pero ¿es el proyecto del presidente el único válido? ¿Es posible incluir o convivir con proyectos de nación de organismos civiles, partidos políticos, instituciones educativas o de ciudadanos? En mi opinión no sólo es posible sino saludable.
Claro que habrá quien afirme, no sin razón, que el proyecto de nación ya está contenido en la Constitución, lo que significa que ha sido reformado tantas veces como la propia norma fundamental. El término parece pues, al menos elusivo. No todos hablamos de lo mismo cuando nos referimos a él.
Si la Constitución de México es el instrumento depositario del proyecto de país, nuestras ideas respecto a cómo debe ser la nación han oscilado entre extremos desde la Constitución de 1824 que impuso el federalismo, que vino a ser sustituido por las Siete Leyes Constitucionales de 1836 de carácter centralista, sistema reafirmado por las Bases Orgánicas de 1843, que fue abandonado a favor del federalismo, una vez más, por el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, la Constitución de 1857 y la actual de 1917.
No obstante, el federalismo que hoy vivimos se parece mucho a un neo-centralismo. El aumento de leyes generales o nacionales, la sustitución del IFE por el INE, todo parece sustentarse en la idea de que sólo la federación es capaz de cumplir eficazmente con sus funciones, mientras que los estados son ineficientes y susceptibles de corrupción.
¿De quién es este proyecto de nación? ¿Qué proyecto incluye ejecuciones extrajudiciales, asesinato de estudiantes o desaparición de personas? ¿A quién se le ocurrió un país donde las instituciones de justicia ven limitada su área de trabajo por los pactos políticos de impunidad?
Tal vez parte del enojo de quienes se manifiestan en las calles y de muchos quienes no lo hacen, pero trabajan todos los días descontentos, es que nadie quiere vivir en el proyecto de país en el que nos convertimos. Ese proyecto es fallido. No sirvió. Necesitamos uno nuevo, democrático, incluyente, que no sólo refleje la visión del ejecutivo.
Tal vez paisana, lo que hace falta es repensar al país desde una nueva Constitución.
