La organización civil Iniciativa Sinaloa solicitó transparentar el proceso para elegir al “Magistrado Anticorrupción”.
Silber Meza, presidente del organismo, mencionó que el 3 de octubre pasado el Congreso del Estado de Sinaloa recibió del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, una terna de propuestas para ocupar la titularidad de la Magistratura de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, a este cargo se le conoce como “Magistrado Anticorrupción”.
De dichas propuestas, el Congreso local elegirá a uno, quien será el responsable de sancionar a servidores públicos y particulares, así como a personas físicas y morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves.
“El 11 de octubre los aspirantes sugeridos por el Ejecutivo, María Cháidez Zepeda, Jaime Salomón Haríz Piña, y Ricardo Aguilasocho Rubio, comparecieron ante la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado”.
“El nombramiento es pieza fundamental para el Sistema Estatal Anticorrupción, por eso en Iniciativa Sinaloa nos hemos dado la tarea de revisar el proceso, y hemos detectado seis oportunidades de transparencia y rendición de cuentas que si son atendidas, ayudarán a generar más confianza en el nombramiento del llamado ‘Magistrado Anticorrupción'”.
Los puntos que se piden sean publicos, se señala los expedientes que acrediten las experiencias y trayectorias profesionales de los aspirantes, así como sus hojas de vida, las cartas de idoneidad que debió enviar el Ejecutivo al Legislativo donde justifica las propuestas de perfiles, los documentos que comprueban que los candidatos que integran la terna cumplen con los requisitos legales establecidos.
Además los resultados de las evaluaciones de los aspirantes que fueron valorados por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la apertura a la ciudadanía de las sesiones donde se delibere la selección del ‘Magistrado Anticorrupción’ y el dictamen de la decisión final debidamente fundado y motivado.
“Los seis puntos se hallan fundamentados en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, y en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa”, señaló Meza.
“El Estado necesita un Sistema Anticorrupción pleno, eficaz, con perfiles que hayan demostrado sobrada capacidad y experiencia en las áreas para las que son elegidos. Por eso solicitamos al Poder Legislativo que dé a conocer la información con base en los principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto, que incluye el derecho a la información, la accesibilidad, la difusión, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el conflicto de intereses, entre otros”.
