Acusan a comuna de Ahome de favorecer a consorcio gasolinero

Residentes de la colonia San Francisco, al poniente de la ciudad, denunciaron que el Ayuntamiento de Ahome orquestó una red de corrupción para favorecer a un prestanombres de empresarios gasolineros para construir una estación de servicio sin tener los permisos oficiales.

Miguel Ángel Medina Martínez, ex regidor del Partido Acción Nacional en el cabildo de Ahome y representante  de los colonos, acusó al ex alcalde Arturo Duarte García de torcer la ley para beneficiar al consorcio gasolinero La Pilarica, pues el último día de su administración, el 30 de diciembre del 2016, autorizó la construcción de una gasolinera en la esquina de Tamaulipas y Francisco I. Madero sin tener los permisos en regla.

Los empresarios, para no ser ventilados en público, utilizaron al empleado Carlos Alberto Chávez Ruiz como prestanombre y propietario de la estación de servicios.

Así, Duarte García ordenó a su jefe de Obras Públicas e Imagen Urbana, Gregorio Molina, entregar la licencia de construcción 8797 (16 de noviembre 2016) y el permiso de construcción (30 de diciembre 2016) de 708 metros cuadrados a Chávez Ruiz.

Los permisos se entregaron a pesar de que el supuesto empresario no presentó la aprobación vecinal para la obra, el resolutivo del Proyecto de Impacto Ambiental, el uso de suelo aprobado por el Cabildo, deslinde oficial, factibilidad por la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), factibilidad de Protección Civil y proyecto de hidrantes y sistema contra incendios, autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de la Operación de Medio Ambiente, sector hidrocarburos, proyecto hidrosanitario autorizado por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), factibilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el proyecto y planos firmado por el director responsable de obra, Ramón Rojo Grijalva.

“Todos ellos, requisitos insalvables, pero con una venia política del alcalde priista se los brincaron, al grado de que la obra está en proceso”, afirmó.

Medina aseguró que la obra no inició inmediatamente, sino meses después, por lo que los vecinos se inconformaron y bloquearon los accesos. El empresario respondió con demandas penales a tres vecinos en la Vicefiscalía de Justicia Zona Norte.

“Nosotros respondimos a los citatorios. No tememos que nos metan a prisión por defender un derecho colectivo e individual, pero no vamos a claudicar ante una mafia empresarial que pretende pasar sobre los colonos, contando con la autorización política de los alcaldes priistas”.

En respuesta, los colonos indagaron en el expediente y detectaron el tráfico de influencias.

El 23 de noviembre del 2017 iniciaron un procedimiento administrativo en la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano por no contar con el expediente integrado, culminando el 4 de diciembre del 2017 con la revocación de la licencia de construcción y la clausura de la obra por la Dirección de Inspección y Normatividad.

El 3 de diciembre del 2017, el “empresario” demanda la nulidad de la clausura en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y dos días después ordena la suspensión de la clausura.

La obra no se reinicia sino hasta después de las elecciones, cuando el PRI perdió todos los puestos de elección popular. “Creemos que fue un acuerdo político, para no empañar la imagen de los candidatos oficiales, pero una vez perdidos, los empresarios van con todo”.

Medina consideró que ante el tráfico de influencias, les queda el juicio de amparo a lo que recurrirán.

El “empresario” Carlos Alberto Chávez Ruiz plantó a los colonos en cuatro ocasiones, en las que se buscaba una salida negociada en el conflicto.

El consorcio gasolinero La Pilarica, señalado de tráfico de influencias por los colonos del sector San Francisco, se ha envuelto en casos similares por el control de mercado.

Uno de los primeros afectados fue la empresa Combustibles Velarde Espinoza, que pretendiendo abrir una tercera sucursal en Centenario número 10 y Santos Degollado, fue embestido por familiares de los gasolineros, primero, y un prestanombres, después. Y también durante la administración municipal de Arturo Duarte García.

El ataque a la libre empresa ocurrió en el año 2015 y se prolonga hasta hoy. Entonces, el regidor priista Carlos IV Nemesio Bloch Artola,  presidente de la Comisión de Gobernación y miembro de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas en el gobierno del priista Arturo Duarte García y emparentado con la familia Artola —propietarios de Pilarica Multiservicios—, movió sus influencias y trabó los permisos de construcción de la nueva gasolinera, pero fue vencido en juicios posteriores contra la comuna.

La empresa utilizó entonces al empleado, José Ramón Bojórquez Félix para azuzar a vecinos y colindantes de la nueva gasolinera e interponer juicios de amparo por daños a la salud. Los procedimientos aún continúan.

Artículo publicado el 12 de agosto de 2018 en el edición 811 del semanario Ríodoce.

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