El gobierno de Estados Unidos no ha recibido solicitud alguna de su contraparte en México para que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) brinde apoyo técnico en la investigación de espionaje ilegal oficial a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, conocida como #GobiernoEspía.
Hasta este momento no tenemos conocimiento de ninguna solicitud de asistencia al FBI”, precisó la administración Trump a través de su embajada en México.
Fuentes de la legación diplomática abundaron en que de presentarse alguna solicitud, el gobierno de Donald Trump la procesará conforme al Tratado de Asistencia Mutua.
Ello luego de que la PGR y la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) anunciaran la conformación de un equipo técnico integrado por esta entidad de la inteligencia estadunidense, además de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas y la Asociación Mundial de Operadores Móviles, con sede en Londres, Reino Unido, como parte de la asistencia internacional y dos más locales.
Fue desde el pasado 22 de junio, tres días después de hecha la denuncia formal por los afectados, que la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, informó que se pediría ayuda internacional para la investigación sobre el espionaje ilegal operado a través de los teléfonos celulares de los afectados.
Ello ocurre una semana después de que fuera presentada la denuncia ante la PGR por el espionaje a través del spyware Pegasus, un avanzado programa de espionaje usado para combatir al crimen organizado y el terrorismo, y que se vende exclusivamente a gobiernos, como resultado de la investigación realizada por Article 19, Social TIC y la Red por los Derechos Digitales R3D junto con Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, tras su publicación del diario The New York Times.
Entre los afectados que dio como resultado dicha investigación se encuentran los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y su hijo, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera y Salvador Camarena; así como a los defensores Mario Patrón, Stephanie Brewer, Santiago Aguirre, directivos del Centro Prodh; y Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO).
