La Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió el miércoles hasta el 30 de abril de 2016 el mandato del grupo de expertos que han colaborado con el Estado mexicano para determinar el paradero de 43 estudiantes desparecidos desde septiembre de 2014, informó la Jornada en su portal web.
La CIDH, que culminó el miércoles su periodo 156 de sesiones, tomó la decisión después de que las autoridades mexicanas se comprometieran la semana pasada a relanzar la investigación tomando en cuenta las recomendaciones emitidas por los expertos Carlos Martín Beristain, Angela Buitriago, Francisco Cox Vidal, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia.
El comisionado estadunidense James Cavallaro, relator para México, dijo en conferencia de prensa que la CIDH decidió extender el mandato seis meses porque así lo sugirieron el Estado y los expertos, pero aclaró que queda abierta la posibilidad de renovarlo nuevamente de ser necesario. Los familiares de las víctimas habían pedido una extensión indefinida.
La desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normal rural el 26 de septiembre de 2014 ha sacudido desde entonces al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los familiares de los estudiantes se han rehusado a aceptar la versión del gobierno de que la policía local de la ciudad de Iguala detuvo a los alumnos y los entregó a un cártel del narcotráfico, que los mató e incineró los cuerpos en un basurero.
Los expertos designados por la Comisión rechazaron los hallazgos y tras revisar la investigación gubernamental durante seis meses aseguraron que deben seguirse otras pistas tras concluir que una hoguera de esa magnitud no pudo haber ocurrido en el basurero.
Los expertos independientes y los padres de los estudiantes también han exigido que se pregunte a efectivos militares por qué no intervinieron pese a que el ejército monitoreó de cerca la situación; pero el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, se ha negado a que sus soldados testifiquen en ese caso ante otro organismo que no sea la fiscalía mexicana.
Cavallaro indicó en español que la para la CIDH es importante que el grupo de expertos tenga las “condiciones necesarias para cumplir el mandato. Si el grupo entiende que entre las condiciones están las entrevistas a militares, entendemos que corresponde facilitar esa solicitud”.
La CIDH, el Estado mexicano y los parientes de las víctimas concedieron al grupo de expertos un mandato de seis meses a partir de marzo y en agosto lo extendieron otros dos meses.
