El informe asegura que en México persisten la tortura, homicidios y persecución, el presidente lo niega

México se cae en mil pedazos en materia de derechos humanos, ya que los homicidios y abusos por parte de las autoridades civiles y militares, ejecuciones extraoficiales, desapariciones forzadas y ataques contra periodistas y migrantes siguieron ocurriendo durante la actual administración federal, reveló un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, y Sinaloa no fue la excepción.

El estudio titulado “2022, Reporte sobre Derechos Humanos: México”, precisa que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, continuaron los homicidios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios, mientras que las desapariciones forzadas por agentes del Estado continuaron, lo mismo que la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad.

“Las condiciones penitenciarias son sumamente duras y potencialmente mortales; los arresto o detenciones siguen siendo arbitrarias; las restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, incluida la violencia contra periodistas, se siguen reportando, mientras que los actos de corrupción gubernamental aún existen”, se lee en el reporte realizado por el Buró para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo del Departamento de Estado.

Luego de enterarse del reporte, el presidente López Obrador dijo que se trataba de “un bodrio hecho para mentir y calumniar” a su administración.

“No es cierto, están mintiendo. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo pero no es para enojarse, así son”, dijo el mandatario durante una de las conferencias mañaneras.

No obstante, líderes de opinión en el país dijeron a Ríodoce que es innegable la situación crítica en matería de derechos humanos que aún vive el país, y que echa por tierra los argumentos del López Obrador, destacando por ejemplo que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos.

“Lamentablemente, los ataques a periodistas en el ejercicio de sus labores continua; no son sólo palabras lo que digo, sino que está documentado que cada día se dan en promedio dos ataques a periodistas en todo el país, y Sinaloa de ninguna manera es la excepción, pues también en ese estado, los ataques existen”, dijo Jean Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Lo grave, agregó Hootsen, es que esta situación se seguirá dando porque el gobierno mexicano parece no estar interesado en resolver los ataques a periodistas y medios de comunicación.

En materia de seguridad pública, destaca el número de desapariciones forzadas, pues mientras en Sinaloa se reportó la desaparición de 898 personas en 2022, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en el país los números son exorbitantes, pues hasta diciembre pasado, se tenían registrados 109 mil 171 desaparecidos en la historia moderna de México, de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación.

“Nosotros no creemos que en 2022 sólo hayan registrado la desaparición de 898 personas, pues nosotros tenemos registros de que ocurrieron al menos mil desapariciones, sin contar aquellas que no se reportan”, consideró María Isabel Cruz Hernández, líder del grupo colectivo Sabuesos Guerreras, quien desde 2017 busca a su hijo Yosimar García Cruz.

Colectivos como Sabuesos Guerreras han pegado miles de volantes para denunciar la crisis de desapariciones en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, y Guasave.

El reporte del Departamento de Estado precisa que desde López Obrador llegó al poder, se han reportado más de más de 36 mil desaparecidos, es decir, casi una tercera parte de desapariciones forzadas registradas en la historia moderna de México han ocurrido durante su administración.

Otro tipo de violaciones a los derechos humanos que consideró el Buró para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo de ese Departamento, es la investigación insuficiente y falta de responsabilidad ante la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima, así como los delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales, igual que los delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad.

“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción. Hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”, se lee en el reporte publicado apenas esta semana.

Otro tipo de violación a los derechos humanos que destacó el reporte, se basa en los realizados por elementos del crimen organizado, incluyendo bandas locales y trasnacionales y los traficantes de droga, quienes habrían realizado actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas. “El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, precisa el reporte.

López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018, y se comprometió a reducir las violaciones a los derechos humanos durante su administración, incluyendo el sacar al ejército de las calles y regresarlo a los cuárteles, esto no ocurrió sino que los abusos en materia de derechos humanos siguieron dándose, y la impunidad continuó, según datos de las fiscalías de los estados.

Incluso, abunda el reporte, la Fiscalía General de la República no ha implementado adecuadamente una reforma adoptada en 2018 para que los fiscales actúen con mayor independencia del gobierno y haya una mayor rendición de cuentas. En 2021, el Congreso derogó muchas de las disposiciones sobre derechos humanos establecidas en la reforma de 2018.

“Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal, y apenas el 5.2 por ciento de los delitos cometidos en México son resueltos, por el nivel de corrupción, falta de capacitación y falta de recursos, además de la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos”, se lee en el reporte.

Agrega: En general, el sistema de justicia no garantiza el debido proceso a las personas acusadas de delitos, y sigue siendo común que las policías y agentes del Ministerio Público recurran a la tortura para obtener confesiones. La prisión preventiva es obligatoria para muchos delitos, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos. Las cárceles son insalubres y están hacinadas. Los agentes del Ministerio Público siguen haciendo uso del arraigo, un mecanismo que les permite obtener autorización judicial para mantener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos con el fin de interrogarla, mientras que los abusos de los militares siguen dándose, pues entre 2013 y 2020, se recibieron 3 mil 799 denuncias relacionadas con abusos de militares.

Uno de los últimos abusos por parte de las fuerzas castrenses registrados en el país, habría ocurrido en marzo de 2023, cuando cinco jóvenes fueron asesinados a balazos por elementos del ejército mexicano, de acuerdo a las indagatorias hechas por la Secretaría de Gobernación.

“Hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento, y por tanto fue un abuso de los militares”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

López Obrador a su vez cuestionó el informe, acusando que la investigación fue hecha por un “departamentito” (del Departamento de Estado), y que Estados Unidos se cree el gran moralista, pues “ven la paja en el ojo del otro, pero no ven la viga que tienen en el propio”, y lamentó que el Departamento de Estado se meta en labores que no le competen.

Voceros del Departamento de Estado por su parte, señalaron que ellos están obligados a elaborar ese tipo de informes sobre derechos humanos cada año para entregarlo al Congreso de los Estados Unidos, pues con ello se determina la ayuda exterior que se concede a cada nación.

“La participación de miembros de la Policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso aparece en el informe”, dijo la portavoz Vedant Patel.

“Pueden contestarme lo que quieran, no tienen pruebas, son calumniadores”, reviró López Obrador. “Son calumniadores, mentirosos. En México no hay torturas, en México no hay masacres. ¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional. ¿Por qué tienen que intervenir?”, acusó López Obrador.

Artículo publicado el 26 de marzo de 2023 en la edición 1052 del semanario Ríodoce.