A los lectores de Ríodoce,
nuestros mejores deseos para 2022
Héctor Melesio Cuen, el secretario de Salud del estado, el martes daba una buena entrevista a Víctor Torres y a sus colaboradores, se le escuchaba firme e informado, explicando el tema de las vacunas y sus variantes Delta y Ómicron con fluidez y claridad, comprometido con la protección de los sinaloenses.
Ahí, dijo, que al crucero Carnival Panorama con cerca de 4 mil personas a bordo y, entre ellos, 75 tripulantes y 6 pasajeros contagiados de COVID-19, se les había cancelado el desembarco.
Dijo, que el gobernador Rocha Moya le había recordado que era una responsabilidad suya en su carácter de secretario y que le encargaba que pusiera por delante el interés de la ciudadanía, “pon por delante la salud y la vida de ellos”.
Respiré tranquilo como vecino de Mazatlán. Pero, por la tarde, me agité, como muchos porteños, porque estaba la declaración en contra ¿cómo no? del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres que en tono de reclamo afirmó: “Se le negó la llegada a Mazatlán (crucero Carnival Panorama) y tomó camino a Vallarta” —donde, yo lo digo, también no se les permitió desembarcar pasajeros—, pero, agregó el edil, “estamos en comunicación para que regrese a Mazatlán en cuanto autoricemos y tengamos autorización de quien debe venir”, con clara referencia y desprecio a las decisiones de la autoridad estatal.
Corto circuito. Dos niveles de gobierno, dos percepciones completamente diferentes. El alcalde Benítez argumenta a favor de sus decisiones con base a una circular irresponsable del gobierno federal pues este recomienda a los estados costeros que permitan el descenso de los cruceros que viajan por las aguas del Pacífico.
Otra opinión. Y, me pregunto como otros, ¿dónde queda la ciudadanía en este diferendo? La que estará expuesta con la llegada de estos visitantes contagiados. No pinta en la política pública. Lo importante para el alcalde y el gobierno, es que no pare el flujo de turistas y su dinero, y con ellos los bichos del Covid y los contagios son daños colaterales.
Entonces, es claro, que hay un desorden en las decisiones, cada uno opina lo que a su juicio conviene, pero no necesariamente a la población.
¿Cómo queda Rubén Rocha con su recomendación de que hay que pensar siempre en el interés de la ciudadanía? Mal. Porque todo parecería que se tendrá que acatar la directriz que viene de un escritorio de la Ciudad de México, una decisión burocrática, sin considerar los posibles efectos negativos, pero, igual, ojalá, pueda mantenerse en la postura de no permitir el descenso de pasajeros pues es el responsable político de lo que ocurre en Sinaloa y mal se vería rendido ante el alcalde Benítez. Jalisco, igual, no permitió el desembarcó y no por eso el alcalde de Puerto Vallarta da la contra al gobernador Alfaro.
No se olvide que estamos en un estado federal y los estados son soberanos, en materia de salud pública manda la representación de cada estado a través de un pacto entre la federación y los estados. Y la Secretaría de Salud federal debe tomar en cuenta las decisiones que tome cada gobierno. Ahora, si Rocha Moya claudica a favor del gobierno federal, estará indefenso en caso de que esos descensos de los cruceros traigan el virus Sars-CoV-2, sino también el de Delta y Ómicron.
Y ahí radica la gravedad de las decisiones encontradas que tienen en vilo a los vecinos del puerto y peor, mientras la OMS alerta de que las variantes mencionadas son altamente “trasmisibles y circulantes”, aquí, literalmente, se actúa con irresponsabilidad, y el problema lo vemos en el contenido del discurso.
Veamos, para cuando aparezca publicado este texto, ya habrá ocurrido el “fiestón” de Olas Altas donde se instalarán cientos, miles, de mesas y sillas para festejar la llegada del nuevo año y ahí, como es la tradición, la gente bailará, abrazará, besará y volverá a bailar, abrazar y besar, y en esas bailadas, abrazos y besos, está, muy probablemente, el futuro de la salud pública del puerto para los próximos meses.
Y ante esto el gobernador y su secretario de salud, especialmente este último, nos dice que es una cuestión de autonomía, lo que es falso pues en esta materia las directrices son nacionales y el gobernador, ninguna otra autoridad, tiene la responsabilidad para tomar decisiones para proteger a la ciudadanía. Imaginemos que los 18 municipios hicieran lo mismo en el marco de la llamada “autonomía municipal” y organizaran fiestas masivas, ¿dónde quedaría el gobierno del Estado?
Lo que pasa, es que, con este tipo de relatos autonómicos lo que se busca es evitar los choques entre niveles de gobierno y, digámoslo claro, se quiere evitar que se enoje el alcalde Benítez pues ya saben cómo se pone y, así, la ciudadanía, está a expensa de los humores de estos personajes que saben de grilla, pero no de políticas responsables.
Al tiempo.
Artículo publicado el 02 de enero de 2022 en la edición 988 del semanario Ríodoce.
