La organización México Evalúa señaló que los recursos del Ramo 23, han sido utilizados como una herramienta de “control político” y para “premiar” o “castigar” a gobernadores, de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En el estudio “Arquitectura del Ramo 23”, presentado este miércoles por el organismo, se dio a conocer que los recursos destinados a “Provisiones Salariales y Económicas” a través del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas , integran una bolsa que ha devengado un promedio anual de 14 mil 230 millones de pesos en la administración anterior, y 63 mil 693 millones de pesos en la administración actual.

Entre 2009 y 2012 el total ejercido bajo estos programas fue de 56 mil 922 millones de pesos, mientras que entre 2013 y 2017 fue de 318 mil 465 millones de pesos, lo que equivale a 30 por ciento del incremento en la recaudación tributaria entre 2014 y 2017.

A través del programa del Ramo 23, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó de manera discrecional recursos multimillonarios a gobiernos estatales priistas, sobre todo en años anteriores a procesos electorales, de acuerdo con la organización México Evalúa.

“El año pasado, el entonces secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña destinó 36 mil 300 millones de pesos a los 15 gobiernos estatales priistas, y otros 11 mil 738 millones de pesos a los 10 gobiernos del PAN a través de tres programas presupuestarios que integran el Ramo 23: Contingencias Económicas, Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero (Fortafin)”, señala.

“En 2011, el año previo a las elecciones presidenciales, Ernesto Cordero Arroyo –entonces secretario de Hacienda del gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa– entregó 8 mil 80 millones de pesos a gobiernos estatales encabezados por el PAN y 3 mil 849 millones de pesos a gobernadores del PRI”.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, señaló que la forma en que opera el programa “no es un accidente; estamos ante una arquitectura institucional que ya está excedida, pues está permitiendo una toma de decisión sin garantía de objetividad, y que deriva en una mala calidad de gasto”.

Mariana Campos, coordinadora del área de presupuesto y rendición de cuentas del organismo, destacó que los datos de estas transferencias en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto reflejan patrones específicos que se agrupan bajo dos escenarios: años regulares sin elección federal y años previos a la elección presidencial. En distintos momentos, se observa que los cambios en los montos transferidos coinciden con afinidades políticas, o en su caso, con negociaciones en momentos clave, como lo han sido las reformas estructurales.

“Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo”, enfatizó Campos. La coordinadora de este estudio subrayó que al transferir recursos a estados y municipios a través de fondos que no obedecen a un objetivo de política pública, estos no están orientados a la obtención de resultados y son susceptibles de usarse políticamente.

En este sentido, el documento presentado este día recomienda regular el objetivo y funciones del Ramo 23, estableciendo reglas claras y mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas para todos los programas. Asimismo, llama a revisar el diseño y facultades de la SHCP, oficialías mayores y el Congreso para asignar recursos y vigilar el ejercicio el gasto, procurando una distribución de facultades orientada a un mejor balance de pesos y contrapesos.