Los riesgos de que en esta elección se prefigure un narco-estado

Las próximas elecciones podrían terminar de configurar ese narco estado que se viene gestando desde hace años, y que busca el control total de estructuras gubernamentales por parte del crimen organizado, sobre todo en los municipios, donde candidatos que no compaginan con los intereses de los grupos dominantes son asesinados u obligados a retirarse de la contienda.

“Creo que va a ser una elección sangrienta, dominada por las voluntades de la delincuencia organizada, pues no solo son los candidatos que asesinan, sino también los que se retiran de la contienda por intimidación y amenazas”, consideró Pablo Carstens Madero, consultor y analista de seguridad.

Según datos revelados por la Secretaría de Gobernación, al menos 16 candidatos a diferentes puestos de elección popular habían sido asesinados hasta el 9 de abril, aunque grupos civiles aseguran que, si se contabilizan a los precandidatos que fueron asesinados en zonas rurales de Guerrero y Michoacán desde diciembre de 2023, las cifras se elevan a 25 aspirantes y políticos muertos.

El último de estas víctimas fue Julián Bautista Gómez, ex alcalde de Amatenango del Valle, municipio de Chiapas, y quien buscaba la reelección. Su asesinato ocurrió el pasado 9 de abril.

Antes de él, también fue asesinada el 1 de abril, Gisela Gaytán, candidata por Morena a la presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, uno de los estados con mayor índice de violencia durante el presente sexenio, y quien fue ultimada a balazos justo después de arrancar la campaña de su candidatura.

“Lo que estamos viendo es que las libertades para ejercer la política, incluso ejercer el voto, harán de la próxima elección la más polarizada desde un punto de vista social, y confirma que la política de abrazos no balazos del presidente López Obrador, simplemente no funcionó”, insistió Carstens Madero, autor del libro Predadores Urbanos.

Esa ola de violencia contra candidatos políticos, ha obligado al gobierno federal a que ofrezca protección a los candidatos que la requieran, incluso, hasta el 1 de abril, justo después del asesinato de Gisela Gaytán, ya habían otorgado 86 apoyos de protección.

“Nosotros hemos recibido 108 solicitudes de protección, de las cuales 86 ya fueron atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo”, dijo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una conferencia mañanera, realizada la semana pasada.

No obstante, observa Carstens Madero, esa atención no es suficiente debido a que el gobierno federal dejó crecer mucho a los delincuentes, que se encantaron con la política de abrazos y no balazos, lo cual vino a empoderar a los grupos criminales, que han encontrado en la impunidad, en las amenazas y extorsiones, un nuevo modo para operar, y “quien les estorba lo matan”.

“Las libertades para ejercer la política y ejercer el voto hacen que esta elección esté más polarizada socialmente, y me preocupa que van a ser unas elecciones muy violentas, tanto para los candidatos como para los votantes, y lamentablemente esto pinta que va a ser igual o peor que las elecciones pasadas, porque como digo, no sólo son los candidatos que asesinan, sino a los que bajan de la contienda”, observó.

Entre el 5 y 6 de junio de 2021, durante las elecciones a gobernador en Sinaloa, fue reportado un levantón masivo de al menos 90 operadores del PRI en Sinaloa, pero además se giró una orden en las zonas rurales de Sinaloa para que la gente favoreciera a ciertos candidatos, mientras que, en municipios como Badiraguato y Concordia, los candidatos a esas alcaldías tuvieron que abandonar la contienda. Lo mismo ocurrió en los municipios de Sinaloa y Guasave, aunque allí los operadores levantados eran de Morena.

Mike Vigil, ex agente encubierto de la DEA, dijo que este tipo de intimidación y los asesinatos no son nada nuevo, sino que tiene mucho tiempo gestándose, aunque reconoce que en la actualidad puede verse el poder que tienen los grupos del crimen organizado, pues en los tiempos que él investigaba a los cárteles, aunque había asesinatos de candidatos e intimidación, los números simplemente son difíciles de creer.

“Yo duré casi 12 o 13 años en México y reportábamos todo a la embajada, y sí se miraban este tipo de situaciones, si un político no compaginaba con un cártel, o si tenía la impresión de que iba a apoyar a un grupo rival, entonces lo mataban porque sabían que si era elegido les iba a causar problemas; pero ahora es mucho más grave la situación”, observó Vigil.

El ex agente estadounidense explica esta última observación: “Ahora los políticos que matan los matan sin ni siquiera tener evidencia de que los van a afectar o que vayan a apoyar a un grupo enemigo, nada más piensan que ese candidato los puede afectar, y entonces lo matan”.

Eso se ha incrementado con cada elección porque, cuando matan o intimidan a un candidato, nunca atrapan a los responsables ni se castiga a nadie, y al no haber consecuencias, el número de muertes continúa incrementándose en cada elección.

Esa situación, indicó Carstens Madero, es sumamente preocupante, pero es más preocupante que la sociedad civil no haga nada ante lo que está pasando, y es peor aún que tampoco lo está haciendo el Instituto Nacional Electoral, y que la impunidad siga prevaleciendo.

“Estamos ante una situación donde los cárteles están polarizados, pero también los intereses políticos están polarizados, ello hace que la política también se polarice, cuando los votantes ya están polarizados, lo cual, si lo pones todo junto, son la tormenta perfecta”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró durante una de las conferencias mañaneras que el plan de su gabinete es proteger a los candidatos, y para ello ya tienen una estrategia.

“Estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular, por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad”, puntualizó el presidente.

En Sinaloa, hasta el momento han declinado a sus candidaturas, Manuel Antonio Pineda, exaspirante a la presidencia municipal de Rosario; Claudia Tiznado Flores, candidata a la diputación local por el Distrito 24. Ambos por la coalición PAN, PRI y PRD. Los dos argumentaron motivos personales, además de Juan Alfonso Mejía, quien aspiraba a la alcaldía de Mazatlán por la coalición opositora, y declinó a la misma para buscar una diputación federal.

Artículo publicado el 14 de abril de 2024 en la edición 1107 del semanario Ríodoce.