Un juez absolvió al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez por enriquecimiento ilícito y determinó que no había delito que perseguir en el caso del Viaducto Bicentenario.
El juez federal Daniel Ramírez Peña, dictó una sentencia absolutoria en favor de un magistrado de circuito, a quien se le seguía juicio por enriquecimiento ilícito por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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#FGRInforma | En el caso del Viaducto Bicentenario, al Juez Daniel Ramírez Peña, ya se le siguen todos los procedimientos legales, para demostrar su conducta ilegal, abusiva y parcial, en contra de los intereses de la Nación. 1/3 pic.twitter.com/iPx3wr9gyN
— FGR México (@FGRMexico) March 14, 2024
FGR apuntó que el 29 de junio de 2023, Ramírez Peña dictó la sentencia absolutoria en favor del magistrado, en la causa penal 519/2019, en materia federal.
La FGR afirma que “En esa aberrante sentencia absolutoria, esgrimió en contra de jurisprudencia expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y llegó al extremo de manifestar que era respetable que los jueces realicen actos ilícitos, siempre y cuando sea en el marco de su vida personal”.
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Uno de los argumentos que utilizó el juez es que el delito no se cometió en la función pública sino en su vida personal, por lo que no encuadraba en el delito de enriquecimiento ilícito.
En 2019, el departamento del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera declaró que “la corrupción de funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez fue clave para la estrategia de crecimiento del CJNG y otras organizaciones de la delincuencia organizada.
En agosto de 2023, fue destituido de manera definitiva a Isidro Avelar Gutiérrez, ex magistrado federal señalado por el Gobierno de Estados Unidos de aceptar sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ahora, en el caso del Viaducto Bicentenario, al juez Daniel Ramírez Peña ya se le siguen todos los procedimientos legales, “para demostrar su conducta ilegal, abusiva y parcial, en contra de los intereses de la nación”, dice la FGR.