Lo que se dice y lo que se calla en el documento firmado por el gobernador Rubén Rocha Moya

Una fotografía de Rubén Rocha Moya de espaldas, ondeando una bandera en el balcón del Palacio de Gobierno durante la ceremonia del grito de Independencia, da la introducción al reporte de resultados del tercer eje rector de su administración: “Gobierno democrático, promotor de paz, seguridad, ética y eficiencia”, en el que hay omisiones y en ocasiones las cifras y los datos se matizan para forzar resultados.

Un ejemplo de ello es lo referente al problema de la desaparición forzada, donde se destaca que el gobierno actual “ha asumido el fenómeno… como una prioridad institucional y social de primer nivel, por lo que su prevención, atención y mitigación, ha derivado en el desarrollo de una serie de acciones sin precedentes”, y entre los logros se señala la construcción de un Laboratorio de Identificación Humana en Culiacán y el inicio de otros dos centros similares en la zona norte y sur, así como la instalación del mecanismo estatal de seguimiento, pero no se menciona que en la entidad la problemática no sólo no se ha reducido, sino que va en aumento.

Un diagnóstico de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (CESP), muestra que de 1962 a agosto de 2023 en el estado desaparecieron 12 mil 811 personas, de las cuales 5 mil 586 están desaparecidas y/o sin localizar, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda sitúa la última cifra en 5 mil 491.

De acuerdo a la Comisión Nacional, en 2022 hubo 293 personas desaparecidas y no localizadas y de enero a octubre de este año van 314. El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras señala que en el presente año la cifra en realidad es de 609 personas desaparecidas y no localizadas, un promedio de tres por día.

El CESP señala que aún con la construcción del Centro de Resguardo e Identificación Humana, la instalación del mecanismo estatal de seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, sigue pendiente el cumplimiento cabal de la Ley sobre desapariciones forzadas.

En el tercer eje se rescatan acciones a favor de los derechos humanos, protección de la niñez y de las víctimas, y se muestran como logros la atención de dos casos que revelaron que en Sinaloa aún no existen las condiciones que garanticen plenamente una vida digna para los jornaleros agrícolas.

En el rubro de “Protección integral de la niñez y adolescencia”, se informa que se atendió “la emergencia suscitada en la sindicatura de Juan José Ríos, Guasave” en marzo de 2023, relacionada con la situación que viven niñas, niños y adolescentes migrantes, y que se instruyó a todas las dependencias a brindar “apoyo atingente y ágil”, llevando además a que se instalara una comisión y se propusiera un programa integral de atención para atender a los hijos de jornaleros, pero se omite mencionar que la problemática reveló que los trabajadores de ese campo vivían hacinados y en condiciones insalubres, lo que ocasionó la muerte de al menos dos menores.

También se hace alusión a “los desafortunados hechos violentos ocurridos el 5 de enero en el estado de Sinaloa, (que llevaron a implementar) el programa extraordinario ‘Apoyo a personas propietarias de vehículos afectados por los hechos violentos, con el cual se otorgó apoyo económico a 94 personas, quienes sufrieron daños en su patrimonio y cumplieron con los requisitos de la convocatoria”. Se omite informar que el desafortunado hecho al que se refiere fue la segunda detención de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, en la sindicatura de Jesús María, que llevó a la ciudad a un segundo “Culiacanazo”, con bloqueos, quema de vehículos y ataques al aeropuerto.

Otro hecho que se informa de forma velada es “la resolución exitosa de los reclamos laborales”, de 43 jornaleros agrícolas (26 hombres y 17 mujeres, entre ellos 18 menores de edad) procedentes de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes fueron rescatados en enero pasado del Campo 35 de Ahome, Sinaloa, donde trabajaban en condiciones de esclavitud.

La falta de condiciones para los trabajadores del campo en Sinaloa, también fue exhibida en julio pasado, cuando las autoridades liberaron de dos centros de rehabilitación de Angostura a 57 personas, a quienes mantenían privadas de la libertad y eran obligaban a trabajar bajo amenazas en labores agrícolas y pesqueras cobrando por ellos.

El informe también señala como un éxito la atención dada ante “la situación de violencia en la zona serrana del norte del estado, donde se pusieron en marcha operativos de apoyo a desplazados por la violencia, logrando la seguridad y apoyo en el resguardo de 777 personas en el alberge habilitado en la ciudad de Guamúchil.” No se menciona que la violencia que obligó al desplazamiento de dichas se debió a los enfrentamientos entre las facciones de Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, y Mario Alberto Lugo Lara, Mario Calabazas a finales de julio, que concluyeron con la muerte del segundo.

En el tercer eje se hace también un recuento de cifras en la capacitación y mejora en las áreas de seguridad pública, haciendo énfasis en la profesionalización de policías, “dando prioridad” a la prevención del delito, violencia de género, la familia y grupos vulnerables”.

“En este segundo año de gobierno se han efectuado 966 acciones para la prevención del delito que benefician a 121 964 sinaloenses”. Pero la realidad es que, en el segundo año de gobierno de Rocha Moya, los delitos de alto impacto no sólo no se redujeron, sino que aumentaron, ya que de noviembre de 2021 a octubre de 2022 se registraron 29 mil 856 delitos y de noviembre de 2022 a octubre de 2023, sumaron 33 mil 576 delitos, especialmente los feminicidios y homicidios dolosos.

El documento entregado al Congreso estatal, afirma que “las buenas prácticas en transparencia y rendición de cuentas son un referente de esta administración”, y que “en el compromiso con la ciudadanía de que los recursos públicos son del pueblo y para el pueblo, se avanza en la implementación de políticas públicas con sentido social, como transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana, control interno y fiscalización, y disciplina y legalidad.”

No se menciona que, durante este año, en dos licitaciones se adjudicaron contratos a empresas relacionadas con funcionarios públicos. La primera fue realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas para la compra de dos camionetas Suburban por un monto de 3 millones 629 mil 799 pesos a la empresa Distribuidora de Autos y Camiones S.A. de C.V., de la que, de acuerdo con las actas del registro público, el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, sus hermanos, su papá y su mamá, son accionistas por medio de otra empresa, y que además existe una relación empresarial también con Enrique Alfonso Díaz Vega, titular de la Secretaría de Administración.

El gobernador Rubén Rocha Moya negó que hubiera alguna irregularidad y una semana después reconoció que había conflicto de interés y se canceló la firma del contrato.

En octubre pasado, otra empresa del secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, su familia y de Rubén Eugenio Coppel Luken, se vio favorecida en otra licitación. En esta ocasión Premier Chevrolet ganó una licitación para la compra de patrullas por 47 millones de pesos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuyo titular Ricardo Jenny del Rincón, trabaja para los Coppel.

Artículo publicado el 26 de noviembre de 2023 en la edición 1087 del semanario Ríodoce.