Madueña y Guerra, vinculados a proceso, también el Comité de Adquisiciones. Los cargos desempeño irregular de la función pública. La Fiscalía no solicitó la separación del cargo. Horas después el Consejo Universitario acuerda movilizarse.
La Fiscalía General del Estado detalló las supuestas compras ilegales de la UAS de 45 millones de pesos en tortillas, totopos, tostadas y tortillas de harina; mientras que la Universidad asegura que no hay ninguna ilegalidad y todo se trata de una persecución de Rubén Rocha Moya para quedarse con la universidad.
La semana pasada, durante dos días, la Fiscalía presentó datos de prueba para acreditar que cometieron los delitos y la defensa de los imputados para acreditar que no hubo nada ilegal y tratar de convencer al juez de que dictara auto de no vinculación a proceso.
El rector Jesús Madueña Molina y el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera fueron vinculados a proceso por ejercicio indebido del servicio público, igual que a los integrantes del Comité de Adquisiciones por desempeño irregular de la función pública.
Los integrantes del Comité con Guerra Liera que fueron vinculados son Manuel de Jesús Lara Salazar, Norma Alicia Aguilar, Ismael García Castro, Jorge Pérez Rubio y Óscar Orlando Guardón.
Con Madueña Molina los miembros del Comité son Salvador Pérez Martínez, Soila Maribel Gaxiola, Héctor Melesio Cuen Díaz, Jorge Pérez Rubio y Óscar Orlando Guadrón.
Las tortillas fueron compradas a Sergio Chaidez Monárrez, propietario de la tortillería Chamonos, para las casas del estudiante Angosturense varonil, Angosturense femenil, Sanalona, Tutelar, Sánchez Hirales, José Martí, Agronomía y Amnistía.
La FGE señaló que las tortillas fueron compradas cuando las casas del estudiante estaban cerradas por la pandemia de Covid-19.
Por las compras, Sergio Chaidez expidió mil 501 facturas por un monto total de 45 millones 526 mil 180 pesos.
En el 2020, en el periodo de Guerra Liera, según la FGE, el proveedor facturó a la UAS 17 millones 727 mil 500 pesos; en 2021, ya con Madueña Molina, fueron 18 millones 689 mil 400 pesos y en 2022, 9 millones 114 mil 280.
Sergio Chaidez proporcionó a la Fiscalía estados de cuenta en los que detectaron que en 2020 la UAS le pagó 7 millones 267 mil 700 pesos; en 2021, 16 millones 293 mil 400 y en 2022 un millón 104 mil 970 pesos.
De acuerdo con la FGE por los montos que se compraron se debió realizar licitación pública, pero el Comité decidió entregar los contratos por adjudicación directa.
En una declaración, el ex director jurídico de la UAS, Lázaro Gambino, dijo que él era miembro del comité, con voz pero sin voto, en la administración de Guerra Liera y señaló que no se realizaban licitaciones y las contrataciones se hacían por adjudicación directa.
Durante la audiencia, Milton Ayala, abogado del rector, preguntó a la Fiscalía cuánto había pagado la UAS por kilo de tortilla y la fiscal Blanca Virginia Morales respondió que la información estaba en la carpeta de investigación.
El abogado insistió varias veces hasta que la Fiscal le dijo que el kilo lo habían pagado hasta en 60 pesos, y que, de acuerdo con una factura, las habían comprado para la casa del estudiante Angosturense varonil, que fue cerrada en 2020 y hasta la fecha permanece así.
Al día siguiente el abogado pidió al juez que anulara la factura que mencionaba la fiscal porque estaba cancelada, pero el juzgador rechazó la solicitud porque el fundamento legal que dio el abogado corresponde a otra etapa del proceso penal.
Los defensores entregaron como datos de prueba 703 facturas expedidas por Sergio, que están canceladas.
El fiscal, Marco Antonio Álvarez, dijo que hicieron una revisión y las facturas fueron canceladas el 18 y 19 de agosto pasado, con una diferencia de segundos y amparan 24 millones 674 mil 120 pesos.
Manifestó que la cancelación fue extemporánea porque corresponden a los ejercicios fiscales de 2021 y 2022.
Álvarez mencionó que para cancelar las facturas fueron varias personas las que intervinieron junto con el proveedor y también de parte de la universidad, que debía aceptar la cancelación, por lo que había contubernio.
Indicó que es inusual la cancelación masiva y además el pasado 3 de julio el proveedor había declarado a la FGE que la UAS le debía 850 mil pesos.
Los defensores de los universitarios comentaron que las facturas fueron canceladas porque no están pagadas.
Señalaron que, con la cancelación de las facturas, se acredita que en 2021 la UAS solo pagó al proveedor de tortillas un millón 660 mil 400 pesos y en 2022 un monto de un millón 104 mil pesos, por lo que no era necesaria la licitación.
El pago que se hizo en 2020, indicaron, incluye adeudos que tenían con el proveedor de 2017 a 2019.
Una copia de una factura con el folio fiscal 03AB676C-0191-484D-AB20-A4A3DBC1F78F, en la que el costo del kilo de tortilla facturado fue de 60 pesos, así como del acuse de cancelación de la misma, mostrados por Madueña Molina el día de la audiencia durante una transmisión en vivo de Radio UAS, mostró que la primera fue emitida el 7 de octubre de 2022, y posteriormente cancelada el 18 de agosto de 2023. En el mismo documento, el SAT señaló que la cancelación de dicho comprobante se realizó “fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales vigentes”, por lo que podrá ser objeto de una sanción por parte de la autoridad, con fundamento en el artículo 81, fracción XLVI, en relación con el artículo 82, fracción XLII, ambos del Código Fiscal de la Federación.
Los abogados manifestaron que la Ley de Adquisiciones establece que se puede exceptuar la licitación cuando se trata de bienes perecederos, aunque la Fiscalía clasificó las tortillas como bienes muebles; y en 2020 durante la pandemia se expidió un decreto presidencial que fue replicado en el estado que autoriza comprar por urgencia sin licitación.
Los fiscales respondieron que no había urgencia por comprar tortillas porque las casas del estudiante estaban cerradas y al ser una compra recurrente debe planearse anualmente.
Trabajadores de las tortillerías Chamonos declararon que durante la pandemia no surtían tortillas a la UAS.
Mencionaron que solo producen tortilla de maíz y no totopos, tostadas, tortillas de harina ni nixtamal.
El propietario de la tortillería, Sergio Chaidez Hernández dijo que es proveedor de la UAS desde la administración de Jorge Luis Guevara Reynaga.
Comentó que los totopos y tostadas las compraba en la tortillería Guadalajara, sin embargo, el dueño declaró que nunca le ha vendido de sus productos a Sergio; y, además, lo que él produce solo le alcanza para venta en mostrador.
La fiscal Blanca Virginia Morales mencionó que el proveedor declaró que antes de la pandemia entregaba en promedio 300 kilos de tortillas diarios a las casas del estudiante de la UAS.
Considerando el promedio de kilos diarios, el costo por kilo en 2020 y que se hubieran entregado durante todo el año, la universidad tendría que haber pagado un millón 778 mil 400 pesos y no 17 millones de pesos, expresó.
El abogado de Juan Eulogio Guerra Liera, Salvador Loza, dijo al juez que los datos de prueba debían desecharse porque la investigación fue iniciada por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica con lo que invadió el monopolio del ministerio público para hacer las investigaciones.
La UIPE, indicó, fue creada con el fin específico de investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGE aseguró que la UIPE actuó con base en sus atribuciones y fue quien presentó la denuncia después de tener conocimiento por publicaciones periodísticas de presuntas compras irregulares de tortillas.
Manifestaron que los delitos que imputan son considerados de oficio por lo que basta con que la autoridad tenga simple noticia de su comisión para que inicie una investigación, sin necesidad de una denuncia o querella.
El abogado de Jorge Pérez Rubio, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, manifestó que los imputados no eran servidores públicos por lo tanto no podían ser imputados por esos delitos.
Comentó que la universidad tiene su régimen laboral, además que es un órgano autónomo especial y no un organismo descentralizado del gobierno ni paraestatal.
Diversos abogados coincidieron en que los recursos que recibe la UAS no son del gobierno del Estado sino federales por lo que la FGE y el juez no eran competentes para conocer el caso.
El juez Adán Alberto Salazar Gastélum consideró que sí se reunían los requisitos para presumir que cometieron el delito y dictó auto de vinculación a proceso.
Como medida cautelar la FGE pidió al juez imponer una garantía solidaria de 45 millones de pesos que debía ser pagada entre todos para garantizar que continuarán con el proceso penal, pero el juez ni siquiera la sometió a debate y la desechó.
Como medidas dictó que los imputados acudan cada mes y medio a firmar y tienen prohibido salir del país sin autorización judicial.
El abogado de Héctor Melesio Cuen Díaz, Julio Hernández Barros, pidió al juez se declare incompetente para conocer el proceso penal.
Señaló que debido a que los recursos son federales es un juez federal el que debe conocer.
El juez programó una audiencia para el próximo 23 de septiembre para resolver si declara la incompetencia.
Horas después de ser vinculado, Madueña Molina, acudió a una sesión del Consejo Universitario.
En su mensaje, el rector se lanzó contra el gobernador Rubén Rocha Moya a quien llamó “ex rector sátrapa”.
“Vamos a defender la autonomía de un ex rector sátrapa como Rubén Rocha Moya que se quiere quedar con la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero no lo van a conseguir”, expresó.
Manifestó la universidad enfrenta una lucha contra un gobierno totalitario y absoluto y cuando un poder es absoluto las autoridades se convierten en tiranas.
Indicó que el jueves estuvieron en un juzgado solo porque la UAS les dio alimento a los jóvenes de las casas del estudiante y a más de cinco mil jóvenes que participaron en las jornadas de vacunación contra el COVID-19 y al gobernador se le olvida que a él lo vacunó un universitario.
Aseguró que hoy son perseguidos por ayudar al pueblo de Sinaloa durante la pandemia porque fue la UAS la que puso a los brigadistas para la vacunación.
“Los fiscales se lanzaron como perros de presa sobre la UAS, fue una actitud de malagradecidos”, manifestó.
El gobierno del estado, aseguró, ha tratado de ponerlos de rodillas para que le entreguen la universidad.
¿Saben cuándo se la vamos a entregar?, nunca, expresó.
Al juez Salazar Gastélum, dijo, le pasaron una resolución escrita que solo leyó en la audiencia.
Lo que ordene su majestad lo va hacer el señor juez y lo que ordene su majestad lo van a poner en la mesa los fiscales, expresó.
Adelantó que promoverán un amparo contra el auto de vinculación a proceso y la justicia federal les dará la razón porque “fue muy burda la actuación de la Fiscalía, pero sobre todo la actitud del juez cuando sin ningún argumento nos vinculan, pero, además, lo más triste, es el daño que se provoca porque lo hace mediático”
Vinculación a proceso y el tigre suelto de la UAS
Martín González
El auto de vinculación a proceso del rector Jesús Madueña Molina soltó el tigre de la UAS.
La resolución era una crónica anunciada. Y la defenestración, una consecuencia asumida. De ahí el nombramiento de Robespierre Lizárraga Otero como nuevo secretario general…
Es el jueves negro de los indiciados por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, en la sede regional de justicia penal, acusatoria y oral de la zona centro.
Frente al juez de control están Madueña Molina y el exrector Juan Eulogio Guerra Liera, y los integrantes del comité de adquisiciones. Y en la explanada, directores de escuelas y facultades, profesores y personal administrativo caracterizados como adalides de la autonomía universitaria y en contra de lo que llaman una “persecución política” de gobierno del estado.
Es la continuación de una jornada de once horas de su miércoles 13 para dictar una sentencia aplazada y suspendida.
La explanada es un enjambre de personal administrativo reunido por unidades académicas o facultades, en sus horas hábiles los unos e inhábiles, los otros, fotografiándose para inmortalizar su asistencia y enviar las evidencias a sus superiores.
“Si al final del proceso la justicia me exonera, que ellos renuncien al cargo donde están, y si yo salgo mal en esto, yo no me vuelvo a parar en la universidad. Ese es el reto que yo le lanzo al gobernador, que yo le lanzo a Sara Bruna, a Enrique Inzunza y a Feliciano Castro, para que vean que tengo la conciencia tranquila y la convicción de que lo que hemos hecho en la universidad, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho con conciencia, lo hemos hecho honestamente”, reta Jesús Madueña previo al inicio de la audiencia.
El sol es un fuego líquido que cuece a baño maría a los universitarios bajo las casas de campaña dispersas en la explanada, inmune a los coolers y abanicos dispuestos en una lucha perdida contra el calor.
Los huérfanos de sombra se adhieren a las paredes del juzgado para evitar la deshidratación.
El “no estás solo…” y “Madueña no está solo…” retumban en la explanada y exacerban a los universitarios.
La jornada es larga. El cansancio después de doce horas es visible en los apoyadores del rector. Un funcionario entra y sale del juzgado y lleva noticias del interior.
“Si no sale en quince minutos es que lo vincularon a proceso…” susurra a un grupo compacto que lo rodea.
El hartazgo de los asistentes ante la falta de noticias ciertas calienta los ánimos. Policías estatales forman dos vallas en el acceso al juzgado ante el alboroto de los universitarios.
“Hay que meternos… hay que meternos… Madueña libertad… Madueña libertad…” se escucha.
Un agente busca a un líder que ponga sosiego a la muchedumbre que se arremolina frente a la gendarmería.
“Alguno de ustedes es el líder… el que trae… el más conocido de ustedes… ¿con quién puedo hablar?” solicita un agente.
La petición es ignorada y la consigna se extiende a los medios de comunicación.
“Clouthier vendido… Clouthier vendido… Clouthier vendido… Juicio político para El Debate… Fuera Noroeste… Fuera Revista Espejo… Muera la prensa vendida… Fuera Rocha… Viva la UAS… viva el rector… que salgan… que salgan…” gritan.
Y amenazan con bloquear el grito de Independencia.
El rector sale minutos antes de la media noche, poco antes de la confirmación de su auto de vinculación a proceso.
Madueña Molina es otro diferente al que entró por la mañana. Gesto adusto y forzada la sonrisa, se abre paso entre la multitud entre las consignas de los universitarios.
Ya en la cabina móvil de Radio UAS, firme pero sin convicción, el rector expone sus argumentos sobre el desenlace de la audiencia.
“Estuvo muy agresiva la fiscalía el día de hoy, sin embargo, la presencia de ustedes ha sido definitiva para salir adelante en esta audiencia…” dice.
Hace un recuento desde el comienzo del conflicto, desde cuando asegura que el gobernador lo “amenazó” por no plegarse a su voluntad por lo de la ley de educación superior, y de los actos y medidas que se tomarían en la reunión del Consejo Universitario el viernes 15 para continuar defendiendo la autonomía universitaria.
“Ya ocho meses de esa amenaza aquí estamos y de rodillas… nunca…” exclama.
El “no estás solo…” y el “Madueña no está solo…” lo acompañan en la salida del complejo de seguridad por un camino tantas veces recorrido con una variante en su culiacanazo, de su jueves negro particular… sin las luces de la victoria…
