La CDDHS asegura que las autoridades han sido omisas en la aplicación del artículo 25 de la ley para prevenir y atender a los desplazados
Así como en el caso de los desplazados por la violencia en la sindicatura de Tepuche en 2020, en el de Sinaloa de Leyva se incumplió con el artículo 25 de la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno.
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Defensores de los derechos humanos comentaron que las condiciones para el regreso a la sierra de Sinaloa, no es el adecuado, sobre todo porque no se han seguido las medidas precautorias indicadas para hacerlo.
Aun así, las instalaciones habilitadas como albergue temporal desde el 30 de julio al 11 de agosto, fue cerrado por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo por considerar que las condiciones para el regreso, eran seguras.
María Esperanza Hernández Lugo, defensora de los derechos humanos en Salvador Alvarado, considera que la seguridad no está garantizada para los habitantes de los altos de Sinaloa de Leyva.
“Por lo pronto no. Entre las mismas personas tienen esa percepción de peligro, y ellos van a saber exactamente cuándo se puede regresar. Las autoridades pueden decir muchas cosas, pero ellos perciben el peligro y saben que las cosas no están nada bien”, expresa.
Aunque algunas personas de las más de 700 registradas en el albergue aceptaron el regreso, la mayoría de ellas optó por permanecer en Salvador Alvarado por considerar que la seguridad no es la adecuada.
Óscar Loza Ochoa, visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, dice no recomendar el pronto regreso, sino hasta que se cumpla con el artículo 25 de la ley de desplazamiento interno.
“Yo ahí me atengo a lo que establece el artículo 25. Yo no recomendaría ningún regreso así de rápido, con todo y que la gente ha dejado sus bienes, sus cosas, sus querencias, sus animalitos, sino que habrá que atenerse a hacer un análisis completo de lo que pasa allá arriba…
“Y si las condiciones que hicieron posible el desplazamiento continúan vigentes, no debe de llevarse a la gente para allá porque sería un alto riesgo de que en cualquier momento se presente otra vez la violencia, que ya ha pasado en algunos lugares”, manifiesta.
Mientras no comparezcan ante un juez las personas que “armaron” las balaceras en la sierra de Sinaloa de Leyva o no han sido detenidas, advierte, el riesgo de violencia sigue latente en esos lugares.
“Aun si me dijeran que para septiembre, porque tienen que comenzar las clases en las comunidades, yo sigo insistiendo en que si las condiciones no han cambiado, no recomendaría el regreso”, insiste el profe Loza.
Las autoridades deberán presentar un informe en el que se establezca que las condiciones ya cambiaron, que una instancia intersecretarial ya lo analizó y que se ha socializado con los desplazados, hasta entonces será posible el regreso.
La omisión
El 21 de mayo de 2023, durante el 15 informe de labores de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, su presidente, Leonel Aguirre Meza, dio a conocer que la Secretaría de Bienestar y Desarrollo incumplió con el mandato del artículo 25 de la ley sobre desplazamientos forzados, en el regreso de quienes abandonaron sus viviendas el 5 de enero de 2023 en la sindicatura de Jesús María.
“La ausencia de la medida costó al menos ocho vidas”, lamentó.
Así como la omisión por parte del gobernador Rubén Rocha Moya sobre los desplazados de Tepuche.
“Dos recomendaciones. Una sobre el riesgoso regreso de desplazados a la sindicatura de Tepuche, enviada al gobernador y a la secretaria de Bienestar, no hemos tenido respuesta”, afirmó.
Desplazamientos forzados
De acuerdo con información del visitador de la CDDHS, Óscar Loza Ochoa, en Sinaloa se han registrado cinco desplazamientos masivos a causa de la violencia que se vive en las partes serranas del estado.
El primero de ellos fue, recuerda, el ocurrido en abril de 2012 en los municipios de Choix, El Fuerte, Sinaloa y Badiraguato.
El segundo, en 2015 en Cosalá cuando se inició una persecución en contra de Joaquín Guzmán Loera; el tercero, en agosto de 2017 en Concordia; el cuarto, en Día de San Juan en Tepuche en 2020.
El quinto, el 5 de enero de 2023 en la sindicatura de Jesús María, y el sexto, el 30 de julio en Sinaloa de Leyva.
En el originado en la sindicatura de San José de las Delicias, el profe Loza reitera que la gente no debe regresar sino hasta que la seguridad esté restablecida.
“Habrá que atenerse a hacer un análisis completo de lo que pasa allá arriba, y si las condiciones que hicieron posible el desplazamiento continúan ahí vigentes, no debe llevarse a la gente para allá porque sería un alto riesgo de que en cualquier momento se presente otra vez la violencia, que ya ha pasado en otros lugares”, insiste.
Los desplazados
Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, expresó que desde que se dieron los primeros desplazamientos forzados, alrededor de 50 mil personas se han visto obligadas a dejar sus comunidades y buscar refugio en campos agrícolas, en otros estados o emigrar a la Unión Americana.
Destierro que conlleva la demanda de empleo, vivienda, salud y educación, “un problemón” en caso de que el Estado los provea de estos satisfactores.
Artículo publicado el 13 de agosto de 2023 en la edición 1072 del semanario Ríodoce.
