Pasaron dos meses para que el director Administrativo del Congreso del Estado, Refugio Álvarez Montaño, se reuniera con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para informar que hacían falta “algunos documentos” en su área.

La explicación, en la primera semana de marzo, no fue espontánea, sino motivada porque medios de comunicación publicaron el trascendido de que habían desaparecido cheques del Congreso del Estado por una cantidad cercana a los 80 mil pesos.

La pérdida de los cheques había tenido, hasta ese momento, un manejo discreto entre el presidente de la JUCOPO, Feliciano Castro, y Ricardo Madrid, presidente de la Mesa Directiva, quienes eran los únicos legisladores que tenían conocimiento de los hechos.

De acuerdo a la narrativa que hizo a los diputados de la JUCOPO Álvarez Montaño, a inicio del 2023, luego de regresar del periodo vacacional el 9 de enero, cuando iniciaron el cierre contable, la Dirección Administrativa se percató que hicieron falta algunos documentos. Realizaron una búsqueda en el área de Recursos Humanos, pero no los encontraron.

Un mes después, el director de Administración dio el aviso de los “documentos perdidos”, al presidente de la Mesa Directiva en su calidad de representante legal del Congreso del Estado y el presidente de la JUCOPO.

Un mes más tarde, es decir, en la primera semana de marzo, el funcionario justificó a los diputados integrantes de la JUCOPO que no les había informado porque ocupaban ratificar la denuncia, la cual apenas había sido ratificada una semana antes.

“Es un tema netamente administrativo” que se notificó al presidente de la Mesa Directiva, explicó a manera de aclaración a los diputados integrantes de la JUCOPO, quienes se habían enterado en su mayoría por las notas periodísticas que habían publicado en los medios.

Como respaldo a los dichos por el funcionario, el diputado Ricardo Madrid afirmó que él estuvo personalmente en la Fiscalía y que ese día ante cuestionamientos de los medios, tratando de salvaguardar el proceso que estaba abierto, había hecho una cronología de los hechos.

Ante sus compañeros legisladores, Cinthia Valenzuela Langarica (PRI), Alba Virgen Montes Álvarez (PAS), Giovanna Morachis Paperini (PAN), Celia Jáuregui Ibarra (MC), María Guadalupe Cázares Gallegos (PT) y Juana Minerva Vázquez González, quien acudió en representación del presidente de la JUCOPO, Feliciano Castro, dijo que lo más sano y transparente era que corrieran los procesos jurisdiccionales.

La denuncia está corriendo su proceso de investigación y resolución, por lo que iba a salvaguardar elementos de detalles de cuándo, cómo… porque más que ser una nota pública, podría poner algún elemento de la investigación en riesgo, les dijo a los legisladores en una reunión en donde no acudió el presidente de la JUCOPO, pero había enviado como representante a su compañera de bancada, la diputada Juan Minerva Vázquez González.

En la misma reunión, la coordinadora del PAS, Alba Virgen Montes, preguntó en específico qué era lo que se había extraviado, si eran documento o cheques. Sin hacer más precisión, el funcionario mencionó en tono ambiguo que, al hacer el cierre contable, se percató que hacía falta documentación por integrar.

En una reunión de la última semana de abril, el diputado Feliciano Castro se quejó al seno de la JUCOPO que el caso de los cheques evidentemente había sido distorsionado, a pesar de que con toda responsabilidad en el Congreso del Estado se había seguido la ruta legal.

El PAS, por conducto de la coordinadora de la bancada, Alba Virgen Montes, pidió al seno de la JUCOPO, firmara un acuerdo para que el Poder Legislativo se abstuviera de realizar un acuerdo reparatorio alguno con el o los responsables del extravío de los documentos, para que no hubiera una salida alterna al extravío de los 12 cheques por un total de 84 mil pesos, y se especificara que debía reestablecerse la cantidad total de lo imputado.

Castro Meléndrez, al igual que sus compañeros legisladores, rechazaron el acuerdo, bajo el argumento que de se presentó la denuncia ante la Fiscalía para realizar las investigaciones correspondientes y que se aplicaría todo el peso de la ley sin proteger a nadie.

Para el 12 de junio, en la reunión de la JUCOPO, Ricardo Madrid informó a los diputados que la Fiscalía había concluido la investigación en torno al robo de cheques del Congreso, y especificó que la persona involucrada había sido vinculada a proceso y que había dejado de laborar en la institución.

Ahora, la Fiscalía y el juez tendrían que delimitar, en la siguiente fase jurídica, la sentencia condenatoria al inculpado, mediante condena al pago del 100 por ciento para recuperar el recurso y se le podría conferir a 3 años y 8 meses de prisión por la vía del juicio abreviado para cerrar el caso, si así lo determina el juez.

Artículo publicado el 13 de agosto de 2023 en la edición 1072 del semanario Ríodoce.