Como en un viejo y mal chiste mexicano, en el que una señora que traía cortito a su marido mandó a su “viejo” a las tortillas y éste no regresó porque le tenía miedo a la “doña”, el lunes pasado, cuando agentes de la Fiscalía del estado fueron a realizar un cateo para buscar las declaraciones patrimoniales y expedientes laborales de integrantes del Comité de Adquisiciones de la institución a las oficinas administrativas de la Rectoría de la UAS, la respuesta ridícula de los guardianes de los edificios, para no abrir las puertas de las instalaciones, fue que no podían hacerlo ya que “el guardia anterior se llevó la llave, y no saben a qué hora se despierta”.
Obviamente, los guardias habían recibido la orden de no dejar pasar a los agentes de la Fiscalía y que éstos cayeran en la trampa de romper los candados para ser acusados de violentar la autonomía de la universidad.
La fiscal Sara Bruna posteriormente declaró a los medios que no estaba considerando que sus agentes intentaran nuevamente el cateo porque hay otros recursos para hacerse llegar datos de prueba.
Las autoridades que ordenaron cerrar el paso a la Fiscalía cometieron un nuevo y grave error porque les pueden levantar un nuevo cargo por abuso de autoridad u obstrucción de la justicia.
El Rector Jesús Madueña y quienes lo asesoran se oponen tozuda e ilegalmente a que los recursos que obtiene la UAS por servicios y otras actividades sean auditados, cuando la Constitución establece que todos los ingresos que reciben las instituciones educativas mexicanas, ya sean federales, estatales o propios, deben ser auditados. Y resulta que no quieren que sean auditados los dineros que la propia universidad ha generado, lo cual es totalmente ilegal. La ley no hace excepciones y esos recursos deben ser auditados.
¿Por qué las autoridades de la UAS no lo permiten? ¿Acaso, porque se comprobarían malos manejos? Y no estamos hablando de migajas: son muchos millones de pesos anuales. Les pongo un ejemplo aparentemente poco relevante, pero que nos da una idea de lo que la universidad recibe y debe declarar.
En los diferentes campus que tiene la UAS en todo el estado, se rentan pequeños locales a los comerciantes que ahí venden alimentos, fotocopias, papelería, etc. Tan sólo en Mazatlán debe haber alrededor de 15 de ellos. Ignoro cuánto les cobran, pero si el alquiler es de 2 mil pesos mensuales, serían 30 mil al mes y al año 360 mil. Si sumamos los que se rentan en Culiacán y otras ciudades la cifra podría elevarse sustancialmente. ¿Acaso este dinero no debe declararse? ¿No debe auditarse?
Supongamos que ese dinero no va a bolsillos de los particulares que controlan los hilos de la institución. ¿Acaso, entonces, se destina a usos partidistas? ¿Es dinero para las actividades del partido que controla a la universidad?
Los funcionarios que manejan a la casa rosalina, todo ellos miembros del PAS, dicen que aceptar una auditoría de la ASE a esos recursos implicaría violar la autonomía universitaria y para eso hablan de una interpretación muy singular de las leyes. El conflicto, finalmente, se está dirimiendo en los tribunales.
Mientras tanto, el PAS, siguiendo las órdenes de Cuen, decide todo lo que se hace en la universidad. Desde el otorgamiento de una plaza de tiempo completo y la elección del Rector, hasta el manejo de las llaves para cerrarle las puertas a los funcionarios de la Fiscalía.
Artículo publicado el 23 de julio de 2023 en la edición 1069 del semanario Ríodoce.
