El problema del maíz en Sinaloa se enmarca en la problemática nacional de la agricultura, dentro de la política del gobierno de la Cuarta Transformación al respecto.

Así: “La nueva política agrícola del gobierno mexicano tiene como objetivo prioritario elevar el nivel de vida y bienestar de los núcleos agrarios y de sus integrantes mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos que disponen en su territorio”.

Fieles a su “Misión” de apoyar a “los de abajo”, el presidente AMLO y el gobernador Rocha Moya y frente a la caída de los precios del maíz, en un 30 por ciento, variable por la bolsa y las contingencias, los aumentos en los costos de producción, y, la pretensión de los grandes monopolios de comprarlo en el menor precio posible. Implementaron un programa emergente en apoyo de ejidatarios y pequeños productores, que son alrededor de 13 mil 359 productores con hasta 2 millones de los 6 millones, a un precio de garantía de 6 mil 965 pesos por tonelada. Este sector y sus ganancias han sido “salvados” por esta política.

El resto, conformado por medianos y grandes productores, quedan a merced de la oferta y la demanda del “mercado”; pero también se les apoya al aumentar los aranceles para la exportación del maíz blanco hasta un 50 por ciento para reducir las opciones de compras, “presionar” a los grandes monopolios a comprar maíz sinaloense y nacional y mejorar un poco sus ganancias.

Detrás de la siembra del maíz y de la “lucha” por los precios de garantía prevalece, en la realidad sinaloense, que un alto porcentaje de las tierras son rentadas, que los apoyos que les llegan por esas parcelas, se las reparten entre ellos, igual que sucede con una buena parte del fertilizante que les entregan a campesinos y ejidatarios.

La cosecha y comercialización del maíz ha sido la gallina de los “huevos de oro”, siempre ha beneficiado a unos 3 mil grandes productores, aún menos, a unos 300 acopiadores y habilitadores de pequeños productores y ejidatarios. Claro, el coyotaje, la “habilitación”, la entrega forzada del grano a los precios y condiciones que les imponen es legal, aunque no justo.

Lo correcto, dicen algunos analistas y economistas que apoyan a “todo” el sector por igual, es que en lugar de comprar 2 millones de toneladas y gastar unos 15 mil millones de pesos, hubiera sido mejor un apoyo directo de 1 mil 500 pesos por tonelada a todos los productores, santo remedio. Incluso ahorrarían 6 mil millones de pesos, pues solo gastarían 9 mil millones de pesos, y todos felices. Eso hubieran hecho los gobiernos anteriores, que no se ocupaban de los de abajo.

La verdad es que esa política de subsidios indiscriminados llevó a profundizar la desigualdad en el campo: con esa propuesta, los ejidatarios y pequeños productores se quedarían con 3 mil millones de pesos en apoyo, por sus dos millones de toneladas; mientras que los grandes y medianos acaparadores y productores se quedarían con los otros 6 mil millones, por sus cuatro millones de toneladas y los gobiernos federal y estatal sin un grano, abdican de su política social.

Recuerdo, en mi paso por la SAGARPA en el gobierno federal, una “lucha” similar, en este caso por el trigo. Hubo tomas de oficinas, cierres de carreteras, sobre todo en el norte de Sinaloa; acciones y “amenazas” ya conocidas por los viejos funcionarios y los acaparadores; un estira y afloja muy forzado que, por regla general terminaba en una “negociación” favorable para los “productores”, sabían cómo funcionaba este círculo vicioso.

Unos días después que se autorizó el apoyo adicional, llegó a las oficinas un funcionario que al mismo tiempo era terrateniente, millonario, acaparador del grano, y sembrador de grandes extensiones; iba festinando: “Con este solo movimiento me eché a la bolsa cinco millones de pesos”. Así funcionaba el “sistema”.

Los gobiernos de la “Cuarta T”, no pueden hacer lo mismo que los gobiernos anteriores porque traicionan su esencia; abonan a la simulación sería más de lo mismo.

A cambio de ello, el gobierno federal tiene al centro de su política para el campo el beneficio directo de los pequeños productores de todo el país:

Se implementa el Programa “Bienestar para el campo”, con varios ejes como:

—Producción para el bienestar, que otorga apoyos de 6 a 24 mil pesos a quienes siembran productos básicos en propiedades de hasta cinco hectáreas. Entre marzo y mayo de este año se benefició a más a más de 1 millón 757 mil productores con más de 10 mil millones de pesos.

–Programa de Fertilizantes gratuitos para más de 700 mil productores que reciben 600 Kg.

—Precios de garantía para 24 productos, como maíz, frijol, arroz, leche y otros destinados al autoconsumo y para asegurar el abasto rural.

También está el Programa “Sembrando Vida”. Se aplica en 23 entidades del país, hay más de 420 “sembradores” que reciben de 5 a 6 mil pesos mensuales y han sembrado más de mil cien millones de árboles frutales, maderables o nativos. Tiene una inversión de 12 mil 790 millones de pesos.

Ahí radica la gran diferencia entre los viejos gobiernos y el que encabezan Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya.

Artículo publicado el 02 de julio de 2023 en la edición 1066 del semanario Ríodoce.