Reasignan 313.8 mdp; STJ, el más afectado
Sin discusión ni tampoco oposición de ninguna fuerza política, el Pleno del Congreso del Estado aprobó sin contratiempos la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2023.
Una noche antes, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, y Enrique Díaz Vega, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, visitaron el Congreso del Estado, para dejar “planchado” el dictamen que se llevaría a votación ante el Pleno.
De la reunión que no apareció en la agenda pública del Poder legislativo, solo se sabía que de último momento la Comisión de Hacienda Pública y Administración, que encabeza el diputado Jesús Ibarra, tendría una reunión a las 7:00 de la noche, como parte de la sesión permanente que se había declarado para el tema del Presupuesto.
A la reunión con los funcionarios estatales en el Salón Constituyentes asistieron los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que preside Feliciano Castro Meléndrez, y los de la Comisión de Hacienda Pública y Administración.
Es misma noche quedó aprobado el dictamen que integró 37 reasignaciones que sumaron 340 millones de pesos.
Las dos semanas anteriores la Comisión de Hacienda Pública y Administración había recibido a organizaciones y organismos para escuchar peticiones, aunque Castro Meléndrez advirtió que el Presupuesto no se modificaba en función de solicitudes, sino de necesidades.
Desde la presentación del documento ante el Poder Legislativo se reiteró que el Presupuesto había sido construido con un enfoque social y para elevar los niveles de bienestar de los sinaloenses, especialmente los más desprotegidos.
Frente a las peticiones, la limitante eran los 64 mil 504 millones de pesos que se habían fijado como techo del presupuesto para el 2023. Era necesario recortar algunas de las partidas programadas en la versión original que había enviado el gobernador Rubén Rocha Moya.
El criterio para recortar presupuestos para hacer posible la reasignación fue fijar la atención en aquellos presupuestos que crecían exponencialmente del presupuesto de 2022 al 2023, bajo la lógica de que pueden crecer, pero de manera progresiva y responsable.
En las reducciones, el que recibió el mayor recorte fue el Supremo Tribunal de Justicia, con 174.4 millones de pesos.
Le siguió en recorte el presupuesto el Tribunal de Justicia Administrativa con 53.8 millones de pesos. En tercer lugar figuró el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa con 47.4 millones de pesos de los inicialmente programados.
Los anteriores serían los montos más altos, sin embargo, bajo la óptica del presupuesto total, la mayor reducción la sufrió Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ya que 24.5 millones de pesos, se redujo 12.5 millones de pesos, lo que representaría prácticamente el 50 por ciento de lo inicialmente programado.
En su mayoría, pese al recorte presupuestal de último momento, tendrían un incremento en 2023 en comparación del 2022 que van del 3.1 al 35.9 por ciento, con excepción del Tribunal de Justicia Administrativa.
En los conceptos que resultaron beneficiados con mayores recursos fueron el Programa la Escuela es Nuestra, con 100 millones de pesos, para incluir las Escuelas de Tiempo Completo; el Triángulo de la Bondad con 20 millones de pesos para un fondo de apoyo a un proyecto productivo para la siembra de aguacate en conjunto con los gobiernos de Durango y Chihuahua; un programa de pisos y techos firmes; 10.5 millones para el Congreso del Estado, entre otros rubros.
Artículo publicado el 18 de diciembre de 2022 en la edición 1038 del semanario Ríodoce.
