La CEDH acreditó que el elemento fue torturado

Hace poco más de 10 años la Policía Ministerial del Estado detuvo a un agente de la Policía Municipal de Ahome y lo acusó del asesinato de dos elementos municipales, pero cometieron una serie de violaciones de derechos y ha obtenido una sentencia absolutoria y dos reposiciones del proceso penal y se acreditó tortura, y sigue sin ser sentenciado.

El acusado de nombre “Juan”, presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y la institución acreditó que se han violado sus derechos desde retención ilegal hasta tortura.

Un juez ordenó iniciar una carpeta de investigación contra los agentes por tortura, pero la FGE nunca la abrió.

Los agentes asesinados son Marco Antonio y Guadalupe quienes fueron emboscados cuando circulaban en una patrulla en la colonia Texas, en Los Mochis, el 3 de diciembre de 2011.

Desde la detención de José, la Fiscalía General del Estado ha cometido violaciones de sus derechos humanos, determinó la CEDH.

El agente fue detenido cuatro días después del asesinato presuntamente por portación de arma de fuego pero fue absuelto de ese delito; por el homicidio, jueces de distrito han ordenado la reposición del proceso penal por diversas irregularidades y actualmente permanece preso en el penal de Goros, en Los Mochis, en espera de sentencia.

El policía narró que el 7 de diciembre de 2011 a las 19:30 horas aproximadamente fue sacado a la fuerza de su domicilio particular por elementos de la Policía Ministerial del Estado y lo llevaron a las instalaciones de la corporación en Los Mochis, amarrado de pies y manos y luego le quitaron la ropa y lo empezaron a torturar.

“Comenzando a torturarme dándome de golpes y patadas en todas partes de mi cuerpo, seguido de toques eléctricos, con lo que al parecer fue una chicharra eléctrica y lo más fuerte y doloroso fue cuando me dieron agua por mi boca y mi nariz, sentí que me moría, cuando de repente perdí la noción y me dejaron de torturar porque me desmayé por un momento porque no supe de mí, pasadas las horas me subieron a un helicóptero trasladándome a la ciudad de Culiacán, llevándome a las oficinas de la Procuraduría del estado donde me siguieron torturando física y psicológicamente, donde me obligaron y forzaron a firmar documentación que no me dejaron observar lo que se decía en ella”, dijo.

Al día siguiente por la noche lo trasladaron a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República, donde lo dejaron a disposición del Ministerio Público Federal por el delito de portación de arma de fuego.

El 10 de diciembre fue ingresado al penal de Aguaruto y a finales de febrero de 2012, le notifican una orden de aprehensión presuntamente por haberse confesado culpable de un crimen.

“Fue que me di cuenta que fueron los papeles que me obligaron a firmar los elementos de la Policía Ministerial del Estado a base de torturas y amenazas de muerte que fui víctima, y ahí transcurrió un año y siete meses, en este tiempo fui procesado y sentenciado por un juez de Culiacán y revocando esta sentencia el Tribunal de Justicia del Estado por falta al debido proceso, de no tener jurisdicción territorial y no poder conocer el caso que me vincularon, ordenando también mi traslado a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa el día 3 de julio del año 2013”, indicó.

El 13 de diciembre de 2013 le notificaron su libertad absolutoria por el delito de portación de arma de fuego, pero siguió preso por los cargos de homicidios.

En marzo del 2016 le practicaron el Protocolo de Estambul que ordenó el Juez de Primera Instancia y dio un diagnostico positivo de tortura, el cual fue ratificado por un perito.

El 12 septiembre de 2017 le notifican sentencia por homicidio calificado y ésta fue revocada en abril de 2018, otra vez por fallas al debido proceso, por falta de ratificación de contenido y firma de peritos de la Procuraduría del Estado.

Asegura que lleva preso más de 10 años, “por un delito que no cometí, porque ni el Ministerio Público ni el juez responsable han demostrado y comprobado lo contrario, lo único que pesa en mi contra es la declaración ministerial que me forzaron a firmar a base de torturas físicas y psicológicas, no tengo una sentencia fija para poder tener método de defensa y recurrir a instancias superiores que hagan valer mis derechos humanos y fundamentales”, menciona.

Los agentes aseguran que fue detenido a las 22:00 horas cuando realizaban un operativo en Los Mochis y al circular por una de las calles se percataron que frente a un inmueble se encontraba un hombre sujetando en su mano derecha una maleta, a la cual le salía una culata de rifle.

“Aproximándonos con las precauciones debidas a dicha persona y al interceptarlo opuso resistencia, pero aún así logramos someterlo resultando con excoriaciones en su superficie física, habiéndonos identificado previamente como elementos activos de esta corporación, procedimos a desapoderarlo de dicha maleta y al cuestionarlo sobre el arma de fuego nos manifestó: Que es de su propiedad”, señala el informe policial.

Entre las fallas que encontró el Tribunal al revocar la primera sentencia se encuentra que el juez con sede en Culiacán que lo condenó es incompetente por razón de territorio y debía ser procesado en un juzgado de Los Mochis y además los peritajes no estaban ratificados.

Desde 2015 el juez ordenó hacer la denuncia correspondiente ante la Subprocuraduría de Justicia del Estado Zona Norte por tortura, y envió copias certificadas de los partes informativos rendidos por los agentes de policía ministerial, a fin de que se ordenara el inicio de la investigación correspondiente y se estableciera la presunta responsabilidad de quienes resultaran indiciados en la comisión del delito de tortura.

En mayo de 2021 la CEDH solicitó al Ministerio Público informara si inició la carpeta de investigación por tortura y éste respondió que no encontró registro.

La CEDH determinó que hubo retención ilegal por 24 horas debido a que fue detenido el 7 de diciembre y fue puesto a disposición del Ministerio Público hasta las 23:35 horas del día siguiente.

La valoración médica que realizaron tras la detención establece que presentaba hematomas en diversas partes del cuerpo, que según un informe que envió la PME a la CEDH fueron producto del sometimiento que le realizaron, así como de la resistencia que opuso.

Con el Protocolo de Estambul se estableció que presentaba depresión y ansiedad leve, y estrés postraumático que emanan de la tortura que vivió al momento de la detención.

La CEDH acreditó que hubo tortura, omisión de investigar con debida diligencia, prestación indebida del servicio público y retención ilegal.

Artículo publicado el 12 de junio de 2022 en la edición 1011 del semanario Ríodoce.