El diputado del PRI acusa a Gene Bojórquez de decir aberraciones

El diputado Sergio Mario Arredondo Salas sostiene que existe una narrativa errónea, sesgada en algunos casos sobre lo que es la rendición de cuentas. “Es muy rico políticamente, redituable: yo estoy en contra de la corrupción”.

El legislador, que forma parte del Grupo Parlamentario del PRI, afirma que la gente está enfadada de gobiernos deshonestos, del manejo desaseado de los recursos en el país, por lo que se exacerba y molesta. “Para el político es muy lucrativo decir: Yo estoy en contra, yo estoy contigo”.

Arredondo Salas se convirtió en el primer presidente de la Comisión de Fiscalización que pertenece a un partido diferente al grupo parlamentario mayoritario en el Congreso del Estado. En las legislaturas anteriores esa posición era impensable que fuese ocupada por un diputado de una bancada de segunda o tercera fuerza política.

Con plumón en mano explica, en un pizarrón de la sala de juntas de la comisión que preside, el proceso que lleva la fiscalización. Declara que conoce el tema de la rendición de las cuentas públicas desde el otro lado de la mesa, como funcionario. Apenas el año pasado, antes de convertirse en diputado, estaba al frente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), en donde fue auditado varias veces.

El legislador enfatiza que se ha tratado de imprimir la idea de que el actor preponderante en la revisión las cuentas públicas es la Auditoría Superior del Estado, lo cual es falso, cuando están también otros actores: la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, los Órganos Internos de Control, los tribunales administrativos y la Fiscalía.

Desde su punto de vista, la agenda de rendición de cuentas se ha tergiversado, bañado de política, pero que no debe perderse la objetividad.

Existe la percepción mediática, señala, de que una observación es igual a un delito consumado, lo cual es falso, cuando en realidad es un hallazgo.

Advierte que en la revisión de las cuentas públicas no pueden estar todas bien ni todas mal, como ocurrió en la fiscalización de 2018 y 2019, porque está lógica puede significar que se está atenuando, ocultando y siendo cómplices de algo.

“Decir que todo está mal es también hacer política, no puede estar todo mal, es imposible”.

Al inicio del encargo como cabeza de la Comisión de Fiscalización, le planteó al presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena, Feliciano Castro Meléndrez, que se puede cubrir con la misma cobija de la reprobación a quienes hicieron mal las cosas.

En la anterior revisión, sobre la cuenta pública de 2019, se reprobó la cuenta de Escuinapa por observaciones de 15 mil pesos que fueron solventadas y la de la Junta de Agua de Agua Potable de Culiacán que tenía cero observaciones. Bajo ese ejemplo, asegura, hay un manejo más político que objetivo.

Su bandera es no encubrir a nadie, pero tampoco hacer de la agenda de la rendición de cuentas un instrumento político porque ahí se desvirtúa y se deja de castigar al que debe ser castigado, y atender al funcionario que quiere hacer bien las cosas.

Reconoce que se vive en un mundo donde hay mucha corrupción, pero afirma que también hay funcionarios que no son corruptos, que no buscan hacer un uso incorrecto de su ejercicio.

El desfase de casi dos años de la cuenta pública es una asignatura pendiente, con algunas iniciativas en proceso, para que pueda ser revisada y dictaminada en un máximo de 14 meses, comenta.

El legislador asegura que un porcentaje altísimo de las observaciones son solventadas y las que no, no se quedan en la ASE, se van a los órganos internos de control, como la Secretaría de Transparencia, para que se finquen responsabilidades… y las graves a los tribunales administrativos.

Manifiesta que, cuando no se castiga, se reconoce la narrativa de que no se están haciendo bien las cosas, que los que están para revisar solapan. La gente así lo percibe, sin embargo lo que en realidad sucede es que el andamiaje de rendición de cuentas todavía tiene deficiencias.

Argumenta que los funcionarios enfrentan un escenario normativo muy complejo, serio y delicado. Sabe, por experiencia propia, que en cualquier momento se puede caer en una falta, ya sea por descuido o necesidad. Cita por ejemplo, cómo se resuelve el pago de nómina cuando no llegan los recursos.

Al cuestionársele sobre el papel que podría tener para proteger las cuentas públicas del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, recuerda que en la anterior revisión, a días del arranque de la Legislatura, le tocó votar en contra de las cuentas públicas de sus compañeros priistas, aunque ello le implicó costos políticos.

“No podemos hacer de la rendición de cuentas un instrumento político”, reitera al adelantar que serán analizadas la cuentas del 2020 bajo una óptica distinta que no implique solapar nada.

Es importante darle seguimiento a los asuntos no solventados, enfatiza. En las cuentas públicas de 2019, el 47 por ciento de los pliegos de observaciones no se solventaron.

Falta crear una cultura de rendición de cuentas, de legalidad, y abatir la impunidad, mantener por parte del Legislativo un seguimiento del proceso. No basta salir en la foto que se reprobó una cuenta, plantea.

Junto a lo anterior, opina que esperar a que la rendición de cuentas tenga que ser un castigo, es una distorsión.

Cita el señalamiento del diputado del PAS, Gene Bojórquez, quien cuestiona que lo que se gasta en la ASE no se paga con lo que se recupera. Tal consideración le parece una aberración y un enfoque incorrecto de ver las cosas.

Artículo publicado el 20 de marzo de 2022 en la edición 999 del semanario Ríodoce.